Eduardo Ibarra Aguirre
Si la Procuraduría General de la República, encabezada por Marisela Morales, brinda las pruebas necesarias al juez sobre las acusaciones que pretende fincar a Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el número dos en la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a 2008, entonces estaría demostrándose judicialmente que la connivencia de ésta con el crimen organizado se encuentra en los más altos mandos.
En tal caso, se trataría del primer proceso judicial en contra de un subsecretario de la Defensa Nacional, como lo fue Dauahare tras perder la sucesión frente Francisco Galván Galván, actual general secretario.
Pero antes, muchísimo antes, Morales Ibáñez y su jefe, el abogado Felipe Calderón, tendrán que persuadir y mejor aún convencer a la opinión pública y publicada que no existe “gato encerrado” en una más que desaseada, ilegal detención de Dauahare, quien fungió como secretario del titular de la Sedena Enrique Cervantes Aguirre, durante 1995-2000, lapso en que ambos personajes invirtieron sus mejores esfuerzos para mantener encarcelado a José Francisco Gallardo Rodríguez, hasta el punto de asignarle una mazmorra dentro de la prisión del Campo Militar Número Uno, y hacerle la vida imposible a este editor tanto como indiciado en la PGR, como someter a presiones a los anunciantes de la revista Forum y a espionaje mi trabajo periodístico y vida privada.
“¡Demuéstreme que es inocente!”, ordenaba Cervantes Aguirre al general Gallardo, ignorante de que el principio universal es el opuesto y que él y su Procuraduría General de Justicia Militar, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, estaban obligados a demostrar la culpabilidad del colaborador de la antecesora de Forum en Línea.
Escribí “gato encerrado” porque la secretaria general del Revolucionario Institucional, Cristina Díaz Salazar, instó a Calderón a informar sobre la detención de Dauahare y del general brigadier Roberto Dawe González y “actuar con imparcialidad y como mandatario de todos los mexicanos”. Mas Enrique Peña Nieto se apresuró a negar cualquier “vínculo electoral” de las detenciones y dijo no tener “mayor relación con él en lo personal”. Lo anterior por la participación del divisionario en retiro en un debate sobre estrategias de seguridad pública, organizado por la Fundación Colosio y al que asistió el candidato tricolor, mismo que en Ciudad del Carmen, Campeche, acusó que “el partido (sic) de izquierda busca confrontar a quienes acuden a los actos de campaña”.
La muy activa intervención de la DEA en la investigación de Dauahare desde 2010 –general que laboró en la embajada de México en Washington como ayudante de Cervantes Aguirre cuando fue agregado militar y después lo sustituyó en el cargo–, resulta un dato demasiado importante pues vuelve a revelar que el gobierno federal depende de sus socios –¿o jefes?– para dar un golpe consistente al crimen organizado.
Por lo demás, no deja de llamar la atención que a Dauahare se le pretenda indiciar, violentando todos los procedimientos legales al decir de su abogado, por “presuntos nexos con Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo”, arrestado en enero de 2008. Las acusaciones de la PGR consisten, presuntamente, en dar protección para el trasiego de cargamentos de estupefacientes e información de operativos federales y castrenses a la organización criminal.
Tampoco es para eludirse la especial atención que brindaron las fuerzas armadas para combatir a los hermanos Beltrán Leyva desde que Marco Arturo, asesinado con alevosía y ventaja por elementos de la Marina Armada de México y su cadáver vejado, compró el expediente médico de Calderón Hinojosa a un mayor del Ejército.
Si la Procuraduría General de la República, encabezada por Marisela Morales, brinda las pruebas necesarias al juez sobre las acusaciones que pretende fincar a Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el número dos en la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a 2008, entonces estaría demostrándose judicialmente que la connivencia de ésta con el crimen organizado se encuentra en los más altos mandos.
En tal caso, se trataría del primer proceso judicial en contra de un subsecretario de la Defensa Nacional, como lo fue Dauahare tras perder la sucesión frente Francisco Galván Galván, actual general secretario.
Pero antes, muchísimo antes, Morales Ibáñez y su jefe, el abogado Felipe Calderón, tendrán que persuadir y mejor aún convencer a la opinión pública y publicada que no existe “gato encerrado” en una más que desaseada, ilegal detención de Dauahare, quien fungió como secretario del titular de la Sedena Enrique Cervantes Aguirre, durante 1995-2000, lapso en que ambos personajes invirtieron sus mejores esfuerzos para mantener encarcelado a José Francisco Gallardo Rodríguez, hasta el punto de asignarle una mazmorra dentro de la prisión del Campo Militar Número Uno, y hacerle la vida imposible a este editor tanto como indiciado en la PGR, como someter a presiones a los anunciantes de la revista Forum y a espionaje mi trabajo periodístico y vida privada.
“¡Demuéstreme que es inocente!”, ordenaba Cervantes Aguirre al general Gallardo, ignorante de que el principio universal es el opuesto y que él y su Procuraduría General de Justicia Militar, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, estaban obligados a demostrar la culpabilidad del colaborador de la antecesora de Forum en Línea.
Escribí “gato encerrado” porque la secretaria general del Revolucionario Institucional, Cristina Díaz Salazar, instó a Calderón a informar sobre la detención de Dauahare y del general brigadier Roberto Dawe González y “actuar con imparcialidad y como mandatario de todos los mexicanos”. Mas Enrique Peña Nieto se apresuró a negar cualquier “vínculo electoral” de las detenciones y dijo no tener “mayor relación con él en lo personal”. Lo anterior por la participación del divisionario en retiro en un debate sobre estrategias de seguridad pública, organizado por la Fundación Colosio y al que asistió el candidato tricolor, mismo que en Ciudad del Carmen, Campeche, acusó que “el partido (sic) de izquierda busca confrontar a quienes acuden a los actos de campaña”.
La muy activa intervención de la DEA en la investigación de Dauahare desde 2010 –general que laboró en la embajada de México en Washington como ayudante de Cervantes Aguirre cuando fue agregado militar y después lo sustituyó en el cargo–, resulta un dato demasiado importante pues vuelve a revelar que el gobierno federal depende de sus socios –¿o jefes?– para dar un golpe consistente al crimen organizado.
Por lo demás, no deja de llamar la atención que a Dauahare se le pretenda indiciar, violentando todos los procedimientos legales al decir de su abogado, por “presuntos nexos con Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo”, arrestado en enero de 2008. Las acusaciones de la PGR consisten, presuntamente, en dar protección para el trasiego de cargamentos de estupefacientes e información de operativos federales y castrenses a la organización criminal.
Tampoco es para eludirse la especial atención que brindaron las fuerzas armadas para combatir a los hermanos Beltrán Leyva desde que Marco Arturo, asesinado con alevosía y ventaja por elementos de la Marina Armada de México y su cadáver vejado, compró el expediente médico de Calderón Hinojosa a un mayor del Ejército.
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