David Colmenares
Hoy sería el cumpleaños de mi mamá Doña Elenita
Hay toda una comedia de equivocaciones en las entidades federativas respecto al financiamiento de la educación básica. Hay gobernadores que creen que si “tienen la educación” y que pueden decidir sobre la misma; hay quienes asumen como natural la responsabilidad que hoy los tiene arrinconados de negociar el “paquete de prestaciones” con las secciones sindicales que les corresponden. Incluso hay dirigentes sindicales que desconocen que es inexistente el federalismo educativo y que las entidades federativas son autoridades por encargo. Hay incluso quienes piensan que es una ventaja la federalización de la educación básica, desconociendo que se trata de un proceso fallido, con altos costos presupuestales, políticos y sociales para quienes administran los servicios educativos desconcentrados, ojo no descentralizados. El DF ha sido afortunado por no haber recibido la desconcentración, cuyas consecuencias conocen muy bien sus funcionarios fiscales, pero las desconocen los que han estado en la parte educativa.
Desde que se transfieren los mismos a las entidades federativas, nace la “doble negociación salarial”, que deja a los gobiernos subnacionales, la negociación de las prestaciones adicionales al salario. Sólo que nunca se reguló, nunca se les establecieron parámetros presupuestarios de negociación y en una gran medida respondieron a las presiones y a la fuerza de las secciones sindicales respectivas, como han sido los casos extremos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, entre otros, fundamentalmente desde 1997.
Es en la “doble negociación” donde muchos han incrementado los días de aguinaldo llegando a conceder a sus maestros 90 días, es el caso de Oaxaca e Hidalgo por ejemplo, sin embargo la SEP, que es la entidad intermediaria entre los estados y Hacienda, sólo reconoce 40 de esos 90. Chiapas acaba de firmar los 90 días, incremento que dudo sea reconocido por la SEP y en el futuro, o se pagan con recursos estatales que no tienen o entrarán al círculo perverso seguido con Oaxaca. Esto es la política de anticipos de calendario y una insuficiente transferencia extraordinaria de recursos –que nunca se regulariza-, sin embargo el déficit crece año con año, de tal forma que cada vez es más corta la duración del presupuesto normal y se adelantan las angustias presupuestarias de las entidades. Conozco esto desde la visión federal.
Las estadísticas demuestran que ha sido más dinámico el crecimiento del gasto estatal en educación básica que el del federal, por el costo de la homologación salarial de los subsistemas estatales de educación que existen en más de la mitad de las entidades federativas, y por la insuficiencia de recursos federales, que no cubren con suficiencia nuevas responsabilidades y compromisos asumidos por el Gobierno Federal. El Fondo de Compensación del FAEB que creó el Congreso en 2008, ante el impacto de la nueva fórmula del FAEB, es insuficiente, apenas mil millones de pesos… ¡divididos entre 31!
Es claro que los recursos para la educación básica son federales, centralmente se determinan las plantillas, el incremento salarial anual y se reconocen o no las prestaciones adicionales que los gobiernos estatales conceden.
La fiscalización final es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene muy claro el problema como se ve en su Reporte de Resultados de la Cuenta Pública 2010.
Algunos gobernadores en el pasado llegaron a plantear “devolver la educación”, algo imposible porque no puedes devolver lo que no tienes, pero si pueden denunciar el Convenio por el que aceptan recibir los servicios administrativos. Sólo unidos podrán forzar que se cree una gran Mesa de Negociación que regularice las finanzas de la educación básica. Hoy se da una buena coyuntura.
Que bueno sería que las secciones sindicales considerarán esto dentro de sus demandas.
Hasta dentro de 6 años tendremos otra oportunidad como esta.
Hoy sería el cumpleaños de mi mamá Doña Elenita
Hay toda una comedia de equivocaciones en las entidades federativas respecto al financiamiento de la educación básica. Hay gobernadores que creen que si “tienen la educación” y que pueden decidir sobre la misma; hay quienes asumen como natural la responsabilidad que hoy los tiene arrinconados de negociar el “paquete de prestaciones” con las secciones sindicales que les corresponden. Incluso hay dirigentes sindicales que desconocen que es inexistente el federalismo educativo y que las entidades federativas son autoridades por encargo. Hay incluso quienes piensan que es una ventaja la federalización de la educación básica, desconociendo que se trata de un proceso fallido, con altos costos presupuestales, políticos y sociales para quienes administran los servicios educativos desconcentrados, ojo no descentralizados. El DF ha sido afortunado por no haber recibido la desconcentración, cuyas consecuencias conocen muy bien sus funcionarios fiscales, pero las desconocen los que han estado en la parte educativa.
Desde que se transfieren los mismos a las entidades federativas, nace la “doble negociación salarial”, que deja a los gobiernos subnacionales, la negociación de las prestaciones adicionales al salario. Sólo que nunca se reguló, nunca se les establecieron parámetros presupuestarios de negociación y en una gran medida respondieron a las presiones y a la fuerza de las secciones sindicales respectivas, como han sido los casos extremos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, entre otros, fundamentalmente desde 1997.
Es en la “doble negociación” donde muchos han incrementado los días de aguinaldo llegando a conceder a sus maestros 90 días, es el caso de Oaxaca e Hidalgo por ejemplo, sin embargo la SEP, que es la entidad intermediaria entre los estados y Hacienda, sólo reconoce 40 de esos 90. Chiapas acaba de firmar los 90 días, incremento que dudo sea reconocido por la SEP y en el futuro, o se pagan con recursos estatales que no tienen o entrarán al círculo perverso seguido con Oaxaca. Esto es la política de anticipos de calendario y una insuficiente transferencia extraordinaria de recursos –que nunca se regulariza-, sin embargo el déficit crece año con año, de tal forma que cada vez es más corta la duración del presupuesto normal y se adelantan las angustias presupuestarias de las entidades. Conozco esto desde la visión federal.
Las estadísticas demuestran que ha sido más dinámico el crecimiento del gasto estatal en educación básica que el del federal, por el costo de la homologación salarial de los subsistemas estatales de educación que existen en más de la mitad de las entidades federativas, y por la insuficiencia de recursos federales, que no cubren con suficiencia nuevas responsabilidades y compromisos asumidos por el Gobierno Federal. El Fondo de Compensación del FAEB que creó el Congreso en 2008, ante el impacto de la nueva fórmula del FAEB, es insuficiente, apenas mil millones de pesos… ¡divididos entre 31!
Es claro que los recursos para la educación básica son federales, centralmente se determinan las plantillas, el incremento salarial anual y se reconocen o no las prestaciones adicionales que los gobiernos estatales conceden.
La fiscalización final es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene muy claro el problema como se ve en su Reporte de Resultados de la Cuenta Pública 2010.
Algunos gobernadores en el pasado llegaron a plantear “devolver la educación”, algo imposible porque no puedes devolver lo que no tienes, pero si pueden denunciar el Convenio por el que aceptan recibir los servicios administrativos. Sólo unidos podrán forzar que se cree una gran Mesa de Negociación que regularice las finanzas de la educación básica. Hoy se da una buena coyuntura.
Que bueno sería que las secciones sindicales considerarán esto dentro de sus demandas.
Hasta dentro de 6 años tendremos otra oportunidad como esta.
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