Samuel García
La semana pasada dos sucesos económicos que dominaron la cobertura de los medios de comunicación mostró, una vez más, que la corrupción se multiplica con regulaciones deficientes y con ausencia de autoridad. Ambos factores favorecen la informalidad que es caldo de cultivo de la corrupción.
La semana inició con la noticia de que, al menos hasta 2005, altos ejecutivos de Wal Mart México habían sobornado a funcionarios públicos para obtener licencias de construcción; un asunto que conocieron los ejecutivos de Wal Mart Stores en Estados Unidos pero que no hicieron nada para revelarlo a las autoridades de justicia de aquel país y de México, según establecen las leyes estadounidenses. El caso, que ahora está en manos del departamento de justicia de Estados Unidos, provocó la caída de 5.5% en el precio de las acciones de Wal Mart Stores y de 11.8% en las acciones de Wal Mart México como reacción de los inversionistas a una potencial afectación a la expansión del plan de negocios de la empresa en los mercados emergentes más dinámicos -como México, Brasil o China- que apuntalan los resultados globales del mayor retailer del mundo. De hecho, más allá de las investigaciones que ya se iniciaron en México a nivel federal y del gobierno de la Ciudad de México, también se iniciarán investigaciones sobre las políticas de Wal Mart en otros países emergentes en los que opera.
Los empresarios de diversos sectores han respondido que sin sobornos es casi imposible operar en México especialmente en los trámites a nivel municipal y estatal. Una realidad que puede ser corroborada con casi cualquier visita a las oficinas públicas. Pero más allá de la ética, es la deficiente regulación la que subyace en el origen del problema. La ‘tramitología’ que reina en las burocracias hace tortuosa cualquier demanda de un servicio público, a lo que se suma la falta de claridad de las reglas establecidas, convenientes a poderosos intereses privados que, en la indefinición, hacen de las suyas.
Es el caso de la reglamentación federal al transporte de carga. A raíz de los accidentes en el Distrito Federal y en Veracruz en los que perecieron decenas de personas a causa de camiones con exceso de peso, los reclamos de un sector de transportistas se sucedieron en las principales carreteras del país y en los accesos al Distrito Federal.
La realidad es que una mala regulación federal, aunado a una ausencia de control y vigilancia en el transporte de carga; han provocado una enorme informalidad y corrupción entre los transportistas, empresas, policías e inspectores. El resultado es que en México se tienen camiones excesivos en su tamaño y peso, avejentados y en malas condiciones mecánicas, lo que provoca altos costos de mantenimiento a la infraestructura carretera y, peor aún, con un alto índice de accidentes. Todo lo anterior a un costo elevado, al que se suman los subsidios fiscales que reciben los transportistas de carga.
Dos casos que ilustran que en México incluso podemos presumir de leyes impecables, pero el cáncer no está allí. El verdadero problema se encuentra en los defectuosos reglamentos que las implementan y, claro, en sus niveles de cumplimiento por parte de sus responsables. Allí están los reproductores de la informalidad y de la corrupción.
La semana pasada dos sucesos económicos que dominaron la cobertura de los medios de comunicación mostró, una vez más, que la corrupción se multiplica con regulaciones deficientes y con ausencia de autoridad. Ambos factores favorecen la informalidad que es caldo de cultivo de la corrupción.
La semana inició con la noticia de que, al menos hasta 2005, altos ejecutivos de Wal Mart México habían sobornado a funcionarios públicos para obtener licencias de construcción; un asunto que conocieron los ejecutivos de Wal Mart Stores en Estados Unidos pero que no hicieron nada para revelarlo a las autoridades de justicia de aquel país y de México, según establecen las leyes estadounidenses. El caso, que ahora está en manos del departamento de justicia de Estados Unidos, provocó la caída de 5.5% en el precio de las acciones de Wal Mart Stores y de 11.8% en las acciones de Wal Mart México como reacción de los inversionistas a una potencial afectación a la expansión del plan de negocios de la empresa en los mercados emergentes más dinámicos -como México, Brasil o China- que apuntalan los resultados globales del mayor retailer del mundo. De hecho, más allá de las investigaciones que ya se iniciaron en México a nivel federal y del gobierno de la Ciudad de México, también se iniciarán investigaciones sobre las políticas de Wal Mart en otros países emergentes en los que opera.
Los empresarios de diversos sectores han respondido que sin sobornos es casi imposible operar en México especialmente en los trámites a nivel municipal y estatal. Una realidad que puede ser corroborada con casi cualquier visita a las oficinas públicas. Pero más allá de la ética, es la deficiente regulación la que subyace en el origen del problema. La ‘tramitología’ que reina en las burocracias hace tortuosa cualquier demanda de un servicio público, a lo que se suma la falta de claridad de las reglas establecidas, convenientes a poderosos intereses privados que, en la indefinición, hacen de las suyas.
Es el caso de la reglamentación federal al transporte de carga. A raíz de los accidentes en el Distrito Federal y en Veracruz en los que perecieron decenas de personas a causa de camiones con exceso de peso, los reclamos de un sector de transportistas se sucedieron en las principales carreteras del país y en los accesos al Distrito Federal.
La realidad es que una mala regulación federal, aunado a una ausencia de control y vigilancia en el transporte de carga; han provocado una enorme informalidad y corrupción entre los transportistas, empresas, policías e inspectores. El resultado es que en México se tienen camiones excesivos en su tamaño y peso, avejentados y en malas condiciones mecánicas, lo que provoca altos costos de mantenimiento a la infraestructura carretera y, peor aún, con un alto índice de accidentes. Todo lo anterior a un costo elevado, al que se suman los subsidios fiscales que reciben los transportistas de carga.
Dos casos que ilustran que en México incluso podemos presumir de leyes impecables, pero el cáncer no está allí. El verdadero problema se encuentra en los defectuosos reglamentos que las implementan y, claro, en sus niveles de cumplimiento por parte de sus responsables. Allí están los reproductores de la informalidad y de la corrupción.
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