David Colmenares
Hay temas que con dificultad se discutirán a fondo en los debates, ya que con el formato elegido es imposible profundizar en ninguno, aunque si definir principios básicos, que vayan más allá de los lugares comunes que estamos acostumbrados a escuchar.
Uno de esos temas, fundamental para la definición de País que queremos es el del Federalismo Fiscal, el de las relaciones intergubernamentales, el de la distribución de competencias y recursos entre órdenes –que no niveles- de Gobierno.
Estos años la mayor parte de los gobiernos estatales han sido del PRI, algunos del PRD entre los que está el Gobierno del DF; estos años se ha seguido una política centralista que tiene las finanzas estatales en condiciones de debilidad y dependencia al negarse a revisar la distribución de potestades tributarias; al condicionar el gasto federal a la aportación de pari passus; al transferirles responsabilidades administrativas, sin los recursos suficientes, como en educación; al orillarlos a que incrementen su endeudamiento público.
Hay temas que se repiten estacionalmente, como reclamarle a los estados que no cobran el predial, cuando se trata de un responsabilidad de los municipios; que no recaudan, cuando el potencial recaudatorio de los impuestos locales es muy bajo,; que no informan a nadie, cuando lo hacen a los congresos locales y la ASF revisa el gasto condicionado; etcétera.
Urge una redistribución de las responsabilidades tributarias y una efectiva descentralización del gasto y los ingresos públicos. Algunos de los fondos del Ramo 33 deben ser participaciones y se les debería de participar un porcentaje mayor pero de todos los ingresos federales. Hasta la ASF ya ubicó está necesidad.
Ante el escándalo de Coahuila, hubo quien pedía que la ASF auditara el fuerte endeudamiento de esa Entidad, siendo esa una responsabilidad del Congreso local e incluso muchos de los juzgadores olvidan que el registro de deuda pública es desde 1998 –como señala la Ley de Coorinación Fiscal (LCF) – un acto no obligatorio sino voluntario, que sólo sirve para fines estadísticos.
Se ha hablado de “castigarlos” si no hacen su tarea en seguridad p.e., no “pagándoles sus participaciones”, cuando eso es imposible en el marco jurídico actual. Las Participaciones son recursos propios de los Estados porque la Constitución les da facultades para crear tributos de manera concurrente con el Gobierno Federal en materias como el ingreso y el consumo. Al ceder la Administración de los mismos al Gobierno Federal, cuando firmaron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se puede revocar por supuesto, este se obliga a participarles un porcentaje de lo recaudado, y eso son las participaciones, las cuales son inembargables y se deben pagar conforme señala la LCF. Caso distinto son las transferencias condicionadas, los recursos del llamado Ramo 33, que si obedecen a Reglas de Operación centralizadas, pero ni modo de no pagarles el FAEB o el Seguro Popular para “castigarlos”…vamos.
Se requiere que los candidatos se comprometan a cambiar el Pacto Fiscal, que apuesten a la descentralización, al desarrollo de las regiones, a regresarles potestades con potencial recaudatorio importante, a simplificar y hacer propuestas de reforma fiscal acordadas con la sociedad, a reducir los pari passus, etcétera. En suma proponer una reforma tributaria federalista que elimine las inercias centralistas. Si no es así seguiremos con más de lo mismo, con reformas pendientes, aunque sean necesarias, ante la falta de consensos.
Hay temas que con dificultad se discutirán a fondo en los debates, ya que con el formato elegido es imposible profundizar en ninguno, aunque si definir principios básicos, que vayan más allá de los lugares comunes que estamos acostumbrados a escuchar.
Uno de esos temas, fundamental para la definición de País que queremos es el del Federalismo Fiscal, el de las relaciones intergubernamentales, el de la distribución de competencias y recursos entre órdenes –que no niveles- de Gobierno.
Estos años la mayor parte de los gobiernos estatales han sido del PRI, algunos del PRD entre los que está el Gobierno del DF; estos años se ha seguido una política centralista que tiene las finanzas estatales en condiciones de debilidad y dependencia al negarse a revisar la distribución de potestades tributarias; al condicionar el gasto federal a la aportación de pari passus; al transferirles responsabilidades administrativas, sin los recursos suficientes, como en educación; al orillarlos a que incrementen su endeudamiento público.
Hay temas que se repiten estacionalmente, como reclamarle a los estados que no cobran el predial, cuando se trata de un responsabilidad de los municipios; que no recaudan, cuando el potencial recaudatorio de los impuestos locales es muy bajo,; que no informan a nadie, cuando lo hacen a los congresos locales y la ASF revisa el gasto condicionado; etcétera.
Urge una redistribución de las responsabilidades tributarias y una efectiva descentralización del gasto y los ingresos públicos. Algunos de los fondos del Ramo 33 deben ser participaciones y se les debería de participar un porcentaje mayor pero de todos los ingresos federales. Hasta la ASF ya ubicó está necesidad.
Ante el escándalo de Coahuila, hubo quien pedía que la ASF auditara el fuerte endeudamiento de esa Entidad, siendo esa una responsabilidad del Congreso local e incluso muchos de los juzgadores olvidan que el registro de deuda pública es desde 1998 –como señala la Ley de Coorinación Fiscal (LCF) – un acto no obligatorio sino voluntario, que sólo sirve para fines estadísticos.
Se ha hablado de “castigarlos” si no hacen su tarea en seguridad p.e., no “pagándoles sus participaciones”, cuando eso es imposible en el marco jurídico actual. Las Participaciones son recursos propios de los Estados porque la Constitución les da facultades para crear tributos de manera concurrente con el Gobierno Federal en materias como el ingreso y el consumo. Al ceder la Administración de los mismos al Gobierno Federal, cuando firmaron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se puede revocar por supuesto, este se obliga a participarles un porcentaje de lo recaudado, y eso son las participaciones, las cuales son inembargables y se deben pagar conforme señala la LCF. Caso distinto son las transferencias condicionadas, los recursos del llamado Ramo 33, que si obedecen a Reglas de Operación centralizadas, pero ni modo de no pagarles el FAEB o el Seguro Popular para “castigarlos”…vamos.
Se requiere que los candidatos se comprometan a cambiar el Pacto Fiscal, que apuesten a la descentralización, al desarrollo de las regiones, a regresarles potestades con potencial recaudatorio importante, a simplificar y hacer propuestas de reforma fiscal acordadas con la sociedad, a reducir los pari passus, etcétera. En suma proponer una reforma tributaria federalista que elimine las inercias centralistas. Si no es así seguiremos con más de lo mismo, con reformas pendientes, aunque sean necesarias, ante la falta de consensos.
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