Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Es tiempo de que el actual gobierno asuma los costos totales de que la DEA actúe como operador político del Departamento de Estado en México. ¿Cómo entender entonces la detención de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe? Se les investiga por una supuesta relación con cárteles.
Para comprender la formación castrense, ética, ideológica y política de Tomás Ángeles, transcribo una entrada de la biografía de su abuelo, Felipe Ángeles: “En una entrega de premios del Colegio Militar, Ángeles atacó ante Porfirio Díaz al soldado arbitrario y brutal, pero elogió al hombre de armas apegado a la legalidad, a las obligaciones institucionales. Esta actitud marcó su derrotero político. Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Mostró su inconformidad ante las injusticias del ejército con los yaquis y ante el favoritismo como eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviado en comisión militar a Francia”. Recomiendo leer lo que Elena Garro y Octavio Paz escribieron sobre el general de la Revolución.
De entre la información enviada por una lectora, destaca lo siguiente: “El general Tomás Ángeles Dahuajare, subsecretario de la Defensa Nacional, informa que en el primer año de la presente administración desertaron 17 000 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México. Las deserciones se dispararon durante el gobierno de Vicente Fox, pues en cinco años abandonaron las filas castrenses casi cien mil efectivos; por lo menos cincuenta mil dejaron sus cargos por retiro voluntario, enfermedad o jubilación”. Obviamente la fecha es 2007.
No es una actitud novedosa la seguida por el Departamento de Estado, salvo que en esta ocasión se sirve de la DEA para tratar de imponer la política anti drogas del próximo gobierno. Para eso detuvieron a los dos generales.
En 1997 Carlos Fazio publica una investigación esclarecedora de las pretensiones de Estados Unidos en México: “Las Fuerzas Armadas habían venido ocupando cada vez más funciones públicas que, por tradición, son desempeñadas por civiles. Así, casi todas las policías del país están hoy militarizadas; el Ejército ostenta de tiempo atrás el control de la lucha contra el narcotráfico; la institución castrense contaba con seis diputados y senadores (todos del PRI) en el Congreso, y cada vez con más frecuencia el presidente Ernesto Zedillo apareció acompañado en actos públicos por el ministro de Defensa y no ahorró epítetos para calificar a las Fuerzas Armadas como “el último bastión de la moral y el ser nacional” mexicanos.
“Pero ahora resultaba que había un narcogeneral en filas del Ejército y que, como sugirió el propio ministro Cervantes, no era el único “traidor”. El 18 de marzo, la Procuraduría General de la República y la Defensa anunciaron la detención de otro narcogeneral ligado a un cártel rival de Amado Carrillo, el de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. Se trataba del general brigadier Alfredo Navarro Lara, acusado de querer sobornar con un millón de dólares mensuales al general José Luis Chávez, delegado de la PGR en el estado de Baja California, para que diera libre tránsito a la droga traficada por los Arellano Félix.
“En un mes, dos generales destacados estaban presos acusados de pertenecer a cárteles rivales, y un tercero, el general brigadier Arturo Cardona Pérez, se encontraba bajo arresto domiciliario, investigado por ser el supuesto enlace entre Amado Carrillo y Gutiérrez Rebollo. ¿Significaba eso la posibilidad de que existiera un cártel de militares en México? El general-diputado del PRI, Jesús Esquinca rechazó la idea. Pero en principio, la institución castrense quedó a la par de los corruptos civiles. Era tan sólo una punta de la madeja, y para algunos expertos en el estudio de las Fuerzas Armadas, existían indicios de que los casos Gutiérrez Rebollo y Navarro Lara no se limitaban a un problema de drogas”.
Ante la posibilidad de que Tomás Ángeles sucediera a Genaro García Luna y se iniciara una nueva estrategia de lucha contra el narco, la “inteligencia” estadounidense decidió adelantarse e inhabilitarlo o, al menos, desacreditarlo como para que ocupe cualquier cargo de importancia.
Marisela Morales, el Presidente de la República y el general secretario de la Defensa Nacional son los responsables del futuro inmediato de México al facilitar los operativos políticos de la DEA, e instrumentarlos.
Isabel Woodville, esposa de Eduardo IV de Inglaterra, sabía lo que los políticos pretenden olvidar: “Me siento peor de lo que me he sentido nunca porque ahora sé que es más fácil llevar a un país a la guerra que hacerlo volver a vivir en paz…”
La decisión política e impuesta, de empeñarse en enjuiciar a Tomás Ángeles, marca el futuro de la procuración y administración de justicia, ensancha las avenidas de la corrupción. Le colgarán todo lo que puedan.
Es tiempo de que el actual gobierno asuma los costos totales de que la DEA actúe como operador político del Departamento de Estado en México. ¿Cómo entender entonces la detención de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe? Se les investiga por una supuesta relación con cárteles.
Para comprender la formación castrense, ética, ideológica y política de Tomás Ángeles, transcribo una entrada de la biografía de su abuelo, Felipe Ángeles: “En una entrega de premios del Colegio Militar, Ángeles atacó ante Porfirio Díaz al soldado arbitrario y brutal, pero elogió al hombre de armas apegado a la legalidad, a las obligaciones institucionales. Esta actitud marcó su derrotero político. Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Mostró su inconformidad ante las injusticias del ejército con los yaquis y ante el favoritismo como eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviado en comisión militar a Francia”. Recomiendo leer lo que Elena Garro y Octavio Paz escribieron sobre el general de la Revolución.
De entre la información enviada por una lectora, destaca lo siguiente: “El general Tomás Ángeles Dahuajare, subsecretario de la Defensa Nacional, informa que en el primer año de la presente administración desertaron 17 000 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México. Las deserciones se dispararon durante el gobierno de Vicente Fox, pues en cinco años abandonaron las filas castrenses casi cien mil efectivos; por lo menos cincuenta mil dejaron sus cargos por retiro voluntario, enfermedad o jubilación”. Obviamente la fecha es 2007.
No es una actitud novedosa la seguida por el Departamento de Estado, salvo que en esta ocasión se sirve de la DEA para tratar de imponer la política anti drogas del próximo gobierno. Para eso detuvieron a los dos generales.
En 1997 Carlos Fazio publica una investigación esclarecedora de las pretensiones de Estados Unidos en México: “Las Fuerzas Armadas habían venido ocupando cada vez más funciones públicas que, por tradición, son desempeñadas por civiles. Así, casi todas las policías del país están hoy militarizadas; el Ejército ostenta de tiempo atrás el control de la lucha contra el narcotráfico; la institución castrense contaba con seis diputados y senadores (todos del PRI) en el Congreso, y cada vez con más frecuencia el presidente Ernesto Zedillo apareció acompañado en actos públicos por el ministro de Defensa y no ahorró epítetos para calificar a las Fuerzas Armadas como “el último bastión de la moral y el ser nacional” mexicanos.
“Pero ahora resultaba que había un narcogeneral en filas del Ejército y que, como sugirió el propio ministro Cervantes, no era el único “traidor”. El 18 de marzo, la Procuraduría General de la República y la Defensa anunciaron la detención de otro narcogeneral ligado a un cártel rival de Amado Carrillo, el de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. Se trataba del general brigadier Alfredo Navarro Lara, acusado de querer sobornar con un millón de dólares mensuales al general José Luis Chávez, delegado de la PGR en el estado de Baja California, para que diera libre tránsito a la droga traficada por los Arellano Félix.
“En un mes, dos generales destacados estaban presos acusados de pertenecer a cárteles rivales, y un tercero, el general brigadier Arturo Cardona Pérez, se encontraba bajo arresto domiciliario, investigado por ser el supuesto enlace entre Amado Carrillo y Gutiérrez Rebollo. ¿Significaba eso la posibilidad de que existiera un cártel de militares en México? El general-diputado del PRI, Jesús Esquinca rechazó la idea. Pero en principio, la institución castrense quedó a la par de los corruptos civiles. Era tan sólo una punta de la madeja, y para algunos expertos en el estudio de las Fuerzas Armadas, existían indicios de que los casos Gutiérrez Rebollo y Navarro Lara no se limitaban a un problema de drogas”.
Ante la posibilidad de que Tomás Ángeles sucediera a Genaro García Luna y se iniciara una nueva estrategia de lucha contra el narco, la “inteligencia” estadounidense decidió adelantarse e inhabilitarlo o, al menos, desacreditarlo como para que ocupe cualquier cargo de importancia.
Marisela Morales, el Presidente de la República y el general secretario de la Defensa Nacional son los responsables del futuro inmediato de México al facilitar los operativos políticos de la DEA, e instrumentarlos.
Isabel Woodville, esposa de Eduardo IV de Inglaterra, sabía lo que los políticos pretenden olvidar: “Me siento peor de lo que me he sentido nunca porque ahora sé que es más fácil llevar a un país a la guerra que hacerlo volver a vivir en paz…”
La decisión política e impuesta, de empeñarse en enjuiciar a Tomás Ángeles, marca el futuro de la procuración y administración de justicia, ensancha las avenidas de la corrupción. Le colgarán todo lo que puedan.
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