Cambio de Michoacán
En virtud de los hechos suscitados los últimos dos días relativos al bloqueo de los accesos a la capital michoacana, a la toma de casetas y el bloqueo de la autopista a Lázaro Cárdenas, -acciones que han afectado a miles de ciudadanos y a la economía del estado-, el gobierno de Michoacán solicitó a la Federación su apoyo para atender este tipo de situaciones. En este sentido, el gobierno de la República autorizó el envío de 800 elementos de la Policía Federal, a fin de garantizar la seguridad y movilidad de la población.
A través de un comunicado, el gobierno del estado de Michoacán lamentó la actitud de diversos grupos de presión que han bloqueado tramos carreteros, provocando con esto la interrupción del libre tránsito vehicular y por ende la intranquilidad en diversos sectores de la sociedad michoacana.
En este sentido, la autoridad estatal ratifica su respeto a la libre manifestación de los ciudadanos siempre que dichas expresiones se realicen de manera pacífica, dentro de los cauces de la legalidad y sin la intencionalidad de afectar a terceros.
Se indicó que el gobierno michoacano mantiene su disposición y apertura de diálogo en un marco de respeto y de la aplicación de la Ley, a fin de arribar a puntos de vista concordantes que permitan una solución a la problemática que se presente.
A través de la secretaría de Gobierno, el Ejecutivo estatal ha sostenido una comunicación permanente y continua con los grupos estudiantiles. Las pláticas entre los estudiantes afiliados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y el gobierno de Michoacán, se mantienen vigentes en un marco de respeto, por lo que continúan las negociaciones para resolver la problemática de los moradores de las casas del estudiante afiliadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Finalmente, el gobierno del estado expresa su confianza para que no se presenten hechos que alteren o afecten la sana convivencia entre los diversos sectores de la sociedad, y de esta forma, garantizar el apego a la norma jurídica para preservar el estado de derecho.
En virtud de los hechos suscitados los últimos dos días relativos al bloqueo de los accesos a la capital michoacana, a la toma de casetas y el bloqueo de la autopista a Lázaro Cárdenas, -acciones que han afectado a miles de ciudadanos y a la economía del estado-, el gobierno de Michoacán solicitó a la Federación su apoyo para atender este tipo de situaciones. En este sentido, el gobierno de la República autorizó el envío de 800 elementos de la Policía Federal, a fin de garantizar la seguridad y movilidad de la población.
A través de un comunicado, el gobierno del estado de Michoacán lamentó la actitud de diversos grupos de presión que han bloqueado tramos carreteros, provocando con esto la interrupción del libre tránsito vehicular y por ende la intranquilidad en diversos sectores de la sociedad michoacana.
En este sentido, la autoridad estatal ratifica su respeto a la libre manifestación de los ciudadanos siempre que dichas expresiones se realicen de manera pacífica, dentro de los cauces de la legalidad y sin la intencionalidad de afectar a terceros.
Se indicó que el gobierno michoacano mantiene su disposición y apertura de diálogo en un marco de respeto y de la aplicación de la Ley, a fin de arribar a puntos de vista concordantes que permitan una solución a la problemática que se presente.
A través de la secretaría de Gobierno, el Ejecutivo estatal ha sostenido una comunicación permanente y continua con los grupos estudiantiles. Las pláticas entre los estudiantes afiliados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y el gobierno de Michoacán, se mantienen vigentes en un marco de respeto, por lo que continúan las negociaciones para resolver la problemática de los moradores de las casas del estudiante afiliadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Finalmente, el gobierno del estado expresa su confianza para que no se presenten hechos que alteren o afecten la sana convivencia entre los diversos sectores de la sociedad, y de esta forma, garantizar el apego a la norma jurídica para preservar el estado de derecho.
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