Con la captura de Silvio Isidro de Jesús Hernández se cumplen las cuatro presentaciones de personal requeridas por la PGR
Manrique Gandaria y Manuel Carvallo / OEM-Informex
La Secretaría de la Defensa Nacional informó de la detención y presentación del Teniente Coronel de Caballería retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, a solicitud de la Procuraduría General de la República, para ser interrogado en torno a la investigación que lleva a cabo sobre presuntos nexos de militares de alto rango con el narcotráfico.
El instituto castrense refiere que con la detención de Hernández Soto se cumplimentan las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República.
Mediante un comunicado, la Sedena señaló que esta detención se hizo de manera simultánea con las tres localizaciones y presentaciones anteriores, con la finalidad de que rinda su declaración ministerial en las indagatorias que lleva a cabo dicha Procuraduría.
Indicó que fue personal perteneciente a la Procuraduría General de Justicia Militar el que cumplimentó la orden de localización y presentación del Teniente Coronel de Caballería retirado, e indica que en estricto cumplimiento a la ley, "esta Secretaría se reserva proporcionar cualquier tipo de información sobre el particular, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades legales, así como entorpecer las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República".
Refiere que el Teniente Coronel Hernández Soto causó baja del servicio activo el 30 de noviembre de 2002 por haberlo solicitado, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
"Con esta última diligencia se cumplimentan las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República", señala el comunicado.
Por su parte, el Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), solicitó a un juez federal especializado un arraigo por 40 días en contra del general de División retirado Ricardo Escorcia Vargas.
Escorcia Vargas, quien es el tercer jerarca militar detenido y presentado ante la dependencia para ser investigado, al igual que Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, por delincuencia organizada, toda vez que son acusados de tener nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva, específicamente con Arturo Beltrán, "El Jefe de Jefes".
De acuerdo con la PGR, el Ministerio Público de la Federación, Jorge Francisco Rubio Salgado solicitó al filo de las 17:20 horas de este viernes la medida cautelar al juzgador.
Con esto la dependencia federal podrá continuar las indagatorias en torno al militar y los otros dos generales que desde este viernes están en el Centro Federal de Investigaciones o "Casa de Arraigo".
El juez federal especializado deberá emitir su resolución este sábado antes de las 16:00 horas, cuando se cumplan las 48 horas de que Escorcia Vargas fue localizado y presentado por elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Escorcia Vargas, hasta anoche continuaba rindiendo su declaración ministerial en las instalaciones de la SIEDO.
Por su parte, el general brigadier Roberto Dawe González promovió este viernes una demanda de amparo en contra del arraigo por 40 días que le impuso un juez especializado el jueves pasado y que lo mantiene en cautiverio en el Centro de Investigaciones Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), en la colonia Doctores.
La demanda de garantías del militar fue promovida por su defensa jurídica ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal del DF.
Roberto Dawe González fue trasladado a la Casa de Arraigo de la PGR desde las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al filo de las 15:55 horas del jueves.
De acuerdo con el expediente de amparo 488/2012, Dawe pidió al juzgado la protección de la justicia en contra del arraigo dictado por las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIFDCS/112 y PGR/SIEDO/241/2012.
También demandó este recurso contra la retención de la que es objeto y cualquier orden de aprehensión que exista en su contra.
El general difícilmente librará el arraigo con esta demanda porque el Juzgado de Amparo no puede suspender la medida cautelar dictada por un juez especializado.
El principal inconveniente de los amparos contra los arraigos es el tiempo, pues en un plazo de 40 días es casi imposible que un juzgado falle un amparo y luego un Tribunal Colegiado dicte el fallo de resolución.
En el momento en que se cumple el plazo, la SIEDO generalmente solicita la ampliación del arraigo y en ese caso la persona detenida debe volver a buscar un nuevo amparo, porque se trata de un acto jurídico distinto.
El brigadier Dawe, el general de División Tomás Ángeles Dauahare junto con el general de Brigada en retiro Ricardo Escorcia Vargas son investigados por presuntos nexos con los Beltrán Leyva.
Entre tanto, el penalista Alejandro Ortega Sánchez, reconocido por la familia del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, como el abogado del jerarca castrense, dio a conocer el contenido de una carta que el general envió a la Procuraduría General de la República (PGR) desde el miércoles 16 de mayo pasado para que reconociera como su defensa.
"De ahí, que se haya presentado una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Agente del Ministerio Público de la Federación y la PGR, por negarse a darle derecho a Ángeles Dauahare una defensa adecuada", señaló Ortega Sánchez.
De acuerdo con el penalista, la carta que elaboró el general Tomás Ángeles la dirigió directamente al titular de la agencia del Ministerio Público federal, Jorge Francisco Rubio Salgado.
Rubio Salgado es quien tiene a su cargo la averiguación previa PGR/UEIDCS/112/2010, que se abrió como parte de la investigación en la que se le trata de vincular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo con el abogado el general autorizó directamente a éste como la persona que debe defenderlo.
"Lo hizo con base al artículo 20 constitucional y del artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Penales", indicó.
En la carta, se autoriza también a los abogados Ricardo García Plata, Manuel Alejandro Jurado Vásquez, Enrique Ortega García y dos más.
La queja sobre esta negativa de la PGR, ya se encuentra en manos de los investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes analizan el caso.
"La actitud anticonstitucional de la PGR, podría hacer que el caso se le viniera abajo al llegar a los tribunales como ha sucedió en otras ocasiones", finalizó.
Manrique Gandaria y Manuel Carvallo / OEM-Informex
La Secretaría de la Defensa Nacional informó de la detención y presentación del Teniente Coronel de Caballería retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, a solicitud de la Procuraduría General de la República, para ser interrogado en torno a la investigación que lleva a cabo sobre presuntos nexos de militares de alto rango con el narcotráfico.
El instituto castrense refiere que con la detención de Hernández Soto se cumplimentan las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República.
Mediante un comunicado, la Sedena señaló que esta detención se hizo de manera simultánea con las tres localizaciones y presentaciones anteriores, con la finalidad de que rinda su declaración ministerial en las indagatorias que lleva a cabo dicha Procuraduría.
Indicó que fue personal perteneciente a la Procuraduría General de Justicia Militar el que cumplimentó la orden de localización y presentación del Teniente Coronel de Caballería retirado, e indica que en estricto cumplimiento a la ley, "esta Secretaría se reserva proporcionar cualquier tipo de información sobre el particular, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades legales, así como entorpecer las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República".
Refiere que el Teniente Coronel Hernández Soto causó baja del servicio activo el 30 de noviembre de 2002 por haberlo solicitado, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
"Con esta última diligencia se cumplimentan las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República", señala el comunicado.
Por su parte, el Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), solicitó a un juez federal especializado un arraigo por 40 días en contra del general de División retirado Ricardo Escorcia Vargas.
Escorcia Vargas, quien es el tercer jerarca militar detenido y presentado ante la dependencia para ser investigado, al igual que Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, por delincuencia organizada, toda vez que son acusados de tener nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva, específicamente con Arturo Beltrán, "El Jefe de Jefes".
De acuerdo con la PGR, el Ministerio Público de la Federación, Jorge Francisco Rubio Salgado solicitó al filo de las 17:20 horas de este viernes la medida cautelar al juzgador.
Con esto la dependencia federal podrá continuar las indagatorias en torno al militar y los otros dos generales que desde este viernes están en el Centro Federal de Investigaciones o "Casa de Arraigo".
El juez federal especializado deberá emitir su resolución este sábado antes de las 16:00 horas, cuando se cumplan las 48 horas de que Escorcia Vargas fue localizado y presentado por elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Escorcia Vargas, hasta anoche continuaba rindiendo su declaración ministerial en las instalaciones de la SIEDO.
Por su parte, el general brigadier Roberto Dawe González promovió este viernes una demanda de amparo en contra del arraigo por 40 días que le impuso un juez especializado el jueves pasado y que lo mantiene en cautiverio en el Centro de Investigaciones Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), en la colonia Doctores.
La demanda de garantías del militar fue promovida por su defensa jurídica ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal del DF.
Roberto Dawe González fue trasladado a la Casa de Arraigo de la PGR desde las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al filo de las 15:55 horas del jueves.
De acuerdo con el expediente de amparo 488/2012, Dawe pidió al juzgado la protección de la justicia en contra del arraigo dictado por las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIFDCS/112 y PGR/SIEDO/241/2012.
También demandó este recurso contra la retención de la que es objeto y cualquier orden de aprehensión que exista en su contra.
El general difícilmente librará el arraigo con esta demanda porque el Juzgado de Amparo no puede suspender la medida cautelar dictada por un juez especializado.
El principal inconveniente de los amparos contra los arraigos es el tiempo, pues en un plazo de 40 días es casi imposible que un juzgado falle un amparo y luego un Tribunal Colegiado dicte el fallo de resolución.
En el momento en que se cumple el plazo, la SIEDO generalmente solicita la ampliación del arraigo y en ese caso la persona detenida debe volver a buscar un nuevo amparo, porque se trata de un acto jurídico distinto.
El brigadier Dawe, el general de División Tomás Ángeles Dauahare junto con el general de Brigada en retiro Ricardo Escorcia Vargas son investigados por presuntos nexos con los Beltrán Leyva.
Entre tanto, el penalista Alejandro Ortega Sánchez, reconocido por la familia del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, como el abogado del jerarca castrense, dio a conocer el contenido de una carta que el general envió a la Procuraduría General de la República (PGR) desde el miércoles 16 de mayo pasado para que reconociera como su defensa.
"De ahí, que se haya presentado una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Agente del Ministerio Público de la Federación y la PGR, por negarse a darle derecho a Ángeles Dauahare una defensa adecuada", señaló Ortega Sánchez.
De acuerdo con el penalista, la carta que elaboró el general Tomás Ángeles la dirigió directamente al titular de la agencia del Ministerio Público federal, Jorge Francisco Rubio Salgado.
Rubio Salgado es quien tiene a su cargo la averiguación previa PGR/UEIDCS/112/2010, que se abrió como parte de la investigación en la que se le trata de vincular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo con el abogado el general autorizó directamente a éste como la persona que debe defenderlo.
"Lo hizo con base al artículo 20 constitucional y del artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Penales", indicó.
En la carta, se autoriza también a los abogados Ricardo García Plata, Manuel Alejandro Jurado Vásquez, Enrique Ortega García y dos más.
La queja sobre esta negativa de la PGR, ya se encuentra en manos de los investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes analizan el caso.
"La actitud anticonstitucional de la PGR, podría hacer que el caso se le viniera abajo al llegar a los tribunales como ha sucedió en otras ocasiones", finalizó.
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