Las autoridades judiciales de Texas iniciaron la investigación y solicitaron la colaboración de la PGR, al encontrar evidencias de una sofisticada red que se construyó para ocultar el origen de fondos
El Informador
Un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) el arraigo en contra de dos presuntos operadores financieros de la red de corrupción ligada al narcotráfico, en la que está implicado el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quienes serán investigados durante 40 días por el delito de lavado de dinero, para deslindar su responsabilidad.
Se trata de Sonia De Pau, ex esposa del empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano Martínez, quien es acusado a su vez en Estados Unidos de lavar dinero producto de los sobornos que pagó el cártel del Golfo a políticos de Tamaulipas; así como Napoleón Rodríguez, señalado como prestanombres del ex gobernador. Ambos ingresaron este lunes al Centro Federal de Investigaciones (casa de arraigo), confirmaron autoridades de la dependencia.
En tanto, Cano Martínez, considerado ya por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) como fugitivo de la justicia, interpuso un amparo en un juzgado federal de Tamaulipas contra acciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), ante las investigaciones que se siguen en su contra en México y Estados Unidos, que lo señalan como el empresario que operó para ocultar los pagos del narcotráfico a funcionarios y candidatos estatales, a cambio de protección para sus actividades criminales.
Las autoridades judiciales de Texas iniciaron la investigación y solicitaron la colaboración de la PGR, al encontrar evidencias de una sofisticada red que se construyó para ocultar el origen ilegal de los fondos que se utilizaron para comprar propiedades en Estados Unidos a través de negocios de bienes raíces; además, se utilizó el sistema bancario estadounidense para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de ocho empresas en al menos 14 cuentas bancarias, por un monto de unos 20 millones de dólares.
El fin de semana pasado, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) aseguró a Sonia De Pau y Napoleón Rodríguez para interrogarlos sobre las propiedades de Yarrington, sus nexos con el ex gobernador, con el empresario Cano Martínez y otros prestanombres, así como de las transacciones que se realizaron desde 1998 con los sobornos pagados por el cártel del Golfo.
Ex esposa peleó bienes
Autoridades de la PGR consultadas por esta casa editorial detallaron que en el caso de Sonia De Pau —empresaria oriunda de Matamoros— existen sospechas de que conocía a detalle las operaciones ilegales de su ex cónyuge, y no se descarta que tuviera alguna participación, ya que en 2008, durante la demanda de divorcio que la mujer entabló en el Juzgado Primero de lo Familiar —expediente 848/2008— de Ciudad Victoria, Tamaulipas, exigió 50% de sus bienes por tener derecho a las propiedades que su esposo acumuló con su ayuda.
Por ello, el Ministerio Público de la Federación solicitó el arraigo contra De Pau, quien durante el proceso de separación de Cano Martínez reveló que era dueño de una decena de empresas inmobiliarias en Texas, y propietario de cerca de 140 hectáreas en los condados de Bexar e isla South Padre, de los cuales las autoridades texanas adjudican como dueño a Yarrington de condominio y 18 hectáreas (valuadas en 6.6 millones de dólares), adquiridas con dinero que el narcotráfico pagó como sobornos.
La mujer, según notas periodísticas de medios tamaulipecos, señaló como socios de su ex marido a los empresarios Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodríguez Berlanga, contra quienes la PGR solicitó una alerta migratoria en enero pasado, y cuyas propiedades fueron cateadas la semana pasada en Ciudad Victoria y Matamoros, por lo que según fuentes de la dependencia también existe una orden de localización y presentación en su contra.
Mientras que Napoleón Rodríguez, dueño de Ferretera Rodríguez Industrial, SA de CV, quien se vio beneficiado con contratos de servicios por el gobierno de Yarrington y colaboró en sus campañas electorales, es señalado por Estados Unidos como su prestanombres, aparece como el propietario del Condominio 401 que se ubica en el número 334 de Padre Boulevard, del Condado Cameron en la isla de South Padre, en Texas, que se adquirió por 450 mil dólares en 1998.
En tanto, Cano Martínez es considerado fugitivo de la justicia, por lo que ya se solicitó al gobierno mexicano colaborar en su detención en caso de que se oculte en el país.
Cano intentó impedir que se profundizaran en México las pesquisas. Según registros del Consejo de la Judicatura Federal, el 27 de abril pasado —un mes antes de los cargos formales en su contra en Texas— tramitó un amparo contra la CNByV. El caso está pendiente de resolución.
Proceso
40 días serán investigados los dos arraigados
20 MDD se “lavaron”en 14 cuentas bancarias
Pesquisas
Según fuentes de la PGR, Sonia de Pau, ex esposa del empresario tamaulipeco Fernando Cano, exigió 50% de los bienes de su marido durante su proceso de separación en 2008
En ese entonces declaró que su ex marido era dueño de una decena de empresas inmobiliarias en Texas, y propietario de cerca de 140 hectáreas en los condados de Bexar e isla South Padre
El Informador
Un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) el arraigo en contra de dos presuntos operadores financieros de la red de corrupción ligada al narcotráfico, en la que está implicado el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quienes serán investigados durante 40 días por el delito de lavado de dinero, para deslindar su responsabilidad.
Se trata de Sonia De Pau, ex esposa del empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano Martínez, quien es acusado a su vez en Estados Unidos de lavar dinero producto de los sobornos que pagó el cártel del Golfo a políticos de Tamaulipas; así como Napoleón Rodríguez, señalado como prestanombres del ex gobernador. Ambos ingresaron este lunes al Centro Federal de Investigaciones (casa de arraigo), confirmaron autoridades de la dependencia.
En tanto, Cano Martínez, considerado ya por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) como fugitivo de la justicia, interpuso un amparo en un juzgado federal de Tamaulipas contra acciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), ante las investigaciones que se siguen en su contra en México y Estados Unidos, que lo señalan como el empresario que operó para ocultar los pagos del narcotráfico a funcionarios y candidatos estatales, a cambio de protección para sus actividades criminales.
Las autoridades judiciales de Texas iniciaron la investigación y solicitaron la colaboración de la PGR, al encontrar evidencias de una sofisticada red que se construyó para ocultar el origen ilegal de los fondos que se utilizaron para comprar propiedades en Estados Unidos a través de negocios de bienes raíces; además, se utilizó el sistema bancario estadounidense para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de ocho empresas en al menos 14 cuentas bancarias, por un monto de unos 20 millones de dólares.
El fin de semana pasado, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) aseguró a Sonia De Pau y Napoleón Rodríguez para interrogarlos sobre las propiedades de Yarrington, sus nexos con el ex gobernador, con el empresario Cano Martínez y otros prestanombres, así como de las transacciones que se realizaron desde 1998 con los sobornos pagados por el cártel del Golfo.
Ex esposa peleó bienes
Autoridades de la PGR consultadas por esta casa editorial detallaron que en el caso de Sonia De Pau —empresaria oriunda de Matamoros— existen sospechas de que conocía a detalle las operaciones ilegales de su ex cónyuge, y no se descarta que tuviera alguna participación, ya que en 2008, durante la demanda de divorcio que la mujer entabló en el Juzgado Primero de lo Familiar —expediente 848/2008— de Ciudad Victoria, Tamaulipas, exigió 50% de sus bienes por tener derecho a las propiedades que su esposo acumuló con su ayuda.
Por ello, el Ministerio Público de la Federación solicitó el arraigo contra De Pau, quien durante el proceso de separación de Cano Martínez reveló que era dueño de una decena de empresas inmobiliarias en Texas, y propietario de cerca de 140 hectáreas en los condados de Bexar e isla South Padre, de los cuales las autoridades texanas adjudican como dueño a Yarrington de condominio y 18 hectáreas (valuadas en 6.6 millones de dólares), adquiridas con dinero que el narcotráfico pagó como sobornos.
La mujer, según notas periodísticas de medios tamaulipecos, señaló como socios de su ex marido a los empresarios Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodríguez Berlanga, contra quienes la PGR solicitó una alerta migratoria en enero pasado, y cuyas propiedades fueron cateadas la semana pasada en Ciudad Victoria y Matamoros, por lo que según fuentes de la dependencia también existe una orden de localización y presentación en su contra.
Mientras que Napoleón Rodríguez, dueño de Ferretera Rodríguez Industrial, SA de CV, quien se vio beneficiado con contratos de servicios por el gobierno de Yarrington y colaboró en sus campañas electorales, es señalado por Estados Unidos como su prestanombres, aparece como el propietario del Condominio 401 que se ubica en el número 334 de Padre Boulevard, del Condado Cameron en la isla de South Padre, en Texas, que se adquirió por 450 mil dólares en 1998.
En tanto, Cano Martínez es considerado fugitivo de la justicia, por lo que ya se solicitó al gobierno mexicano colaborar en su detención en caso de que se oculte en el país.
Cano intentó impedir que se profundizaran en México las pesquisas. Según registros del Consejo de la Judicatura Federal, el 27 de abril pasado —un mes antes de los cargos formales en su contra en Texas— tramitó un amparo contra la CNByV. El caso está pendiente de resolución.
Proceso
40 días serán investigados los dos arraigados
20 MDD se “lavaron”en 14 cuentas bancarias
Pesquisas
Según fuentes de la PGR, Sonia de Pau, ex esposa del empresario tamaulipeco Fernando Cano, exigió 50% de los bienes de su marido durante su proceso de separación en 2008
En ese entonces declaró que su ex marido era dueño de una decena de empresas inmobiliarias en Texas, y propietario de cerca de 140 hectáreas en los condados de Bexar e isla South Padre
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