Apro
El Juzgado Primero de Distrito libró 11 órdenes de aprehensión contra estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación.
La acción fue solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) por el bloqueo carretero realizado el 12 de diciembre del año pasado sobre la autopista del Sol –al sur de esta capital–, donde fueron asesinados dos estudiantes y tres más resultaron heridos de bala durante el violento desalojo perpetrado por policías federales y estatales.
Al respecto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y defensor legal de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, confirmó el hecho y calificó de “tendenciosa” la investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa.
“Nosotros tenemos conocimiento de que hay órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación en contra de algunos normalistas; acción que apunta más a la criminalización de los estudiantes, que al esclarecimiento pleno del caso”, expresó Rosales Sierra.
Consideró que existe una tendencia de mantener en la impunidad el caso Ayotzinapa, con el argumento de que el proceso de justicia “no avanza”, hecho que sólo demuestra que “el cacicazgo y los poderes fácticos son los que deciden y ponen a su servicio a los órganos de justicia”.
El defensor de los normalistas refirió que las acciones penales emprendidas por la PGR contra más de una decena de funcionarios y trabajadores de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), son por la liberación de 24 personas que fueron detenidas en el lugar de la protesta y no por los delitos graves que se cometieron durante el desalojo, reprochó.
Entrevistado esta mañana afuera de la sede de los Juzgados Primero y Séptimo de Distrito, en el centro de esta capital, donde un centenar de normalistas realizó una manifestación, el representante legal expresó:
“Nos preocupa que sólo dos policías ministeriales están presos y sujetos a proceso penal por el asesinato de los normalistas, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, porque en el desalojo participaron más uniformados; y la PGR, lejos de fortalecer la línea de investigación sobre los agentes federales y ministeriales, ahora las investigaciones apuntan hacia los normalistas y defensores de derechos humanos”.
Hasta el momento, la Procuraduría local ha consignado al comandante de la Policía Ministerial, Rey David Cortés Flores, y al agente de la misma corporación, Ismael Matadamas Salinas, como los únicos responsables del doble crimen.
En tanto, la PGR se encargó de consignar por diversos delitos contra la Administración de Justicia al exprocurador guerrerense, Alberto López Rosas; dos exsubprocuradores y cuatro agentes del Ministerio Público del fuero común, quienes actualmente enfrentan un proceso penal bajo el beneficio de la libertad bajo caución.
Sobre esta situación, el defensor de los normalistas informó que acudieron esta mañana al Juzgado Primero de Distrito, en su calidad de “terceros perjudicados”, a “una audiencia constitucional”, debido a que los abogados de los dos agentes ministeriales procesados interpusieron una solicitud de amparo contra la orden de aprehensión dictada por el juez federal bajo el argumento de que no existen elementos legales para mantenerlos presos.
Al respecto, Vidulfo Rosales señaló que el Juez federal decidió posponer la audiencia debido a que aún no concluye el análisis de las actuaciones que integran la causa penal 07/2012-02 del auto de formal prisión emitido por el Juzgado Primero de Distrito.
No obstante, el defensor legal de los normalistas entregó en el Juzgado federal sus alegatos, en los que considera que el auto de formal prisión contra los dos agentes ministeriales acusados del doble homicidio es “legal, fundado y motivado”, debido a que, aseguró, existen pruebas suficientes para someter a proceso penal a los dos inculpados.
“No hay duda de que los dos policías procesados participaron y accionaron sus armas durante el desalojo, por ello avalamos la investigación de la PGR y la decisión del Juzgado federal, pero hay más policías implicados, lamentablemente no se ha hecho más para identificar al resto de los uniformados que dispararon contra los manifestantes”, expresó Rosales Sierra.
El Juzgado Primero de Distrito libró 11 órdenes de aprehensión contra estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación.
La acción fue solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) por el bloqueo carretero realizado el 12 de diciembre del año pasado sobre la autopista del Sol –al sur de esta capital–, donde fueron asesinados dos estudiantes y tres más resultaron heridos de bala durante el violento desalojo perpetrado por policías federales y estatales.
Al respecto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y defensor legal de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, confirmó el hecho y calificó de “tendenciosa” la investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa.
“Nosotros tenemos conocimiento de que hay órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación en contra de algunos normalistas; acción que apunta más a la criminalización de los estudiantes, que al esclarecimiento pleno del caso”, expresó Rosales Sierra.
Consideró que existe una tendencia de mantener en la impunidad el caso Ayotzinapa, con el argumento de que el proceso de justicia “no avanza”, hecho que sólo demuestra que “el cacicazgo y los poderes fácticos son los que deciden y ponen a su servicio a los órganos de justicia”.
El defensor de los normalistas refirió que las acciones penales emprendidas por la PGR contra más de una decena de funcionarios y trabajadores de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), son por la liberación de 24 personas que fueron detenidas en el lugar de la protesta y no por los delitos graves que se cometieron durante el desalojo, reprochó.
Entrevistado esta mañana afuera de la sede de los Juzgados Primero y Séptimo de Distrito, en el centro de esta capital, donde un centenar de normalistas realizó una manifestación, el representante legal expresó:
“Nos preocupa que sólo dos policías ministeriales están presos y sujetos a proceso penal por el asesinato de los normalistas, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, porque en el desalojo participaron más uniformados; y la PGR, lejos de fortalecer la línea de investigación sobre los agentes federales y ministeriales, ahora las investigaciones apuntan hacia los normalistas y defensores de derechos humanos”.
Hasta el momento, la Procuraduría local ha consignado al comandante de la Policía Ministerial, Rey David Cortés Flores, y al agente de la misma corporación, Ismael Matadamas Salinas, como los únicos responsables del doble crimen.
En tanto, la PGR se encargó de consignar por diversos delitos contra la Administración de Justicia al exprocurador guerrerense, Alberto López Rosas; dos exsubprocuradores y cuatro agentes del Ministerio Público del fuero común, quienes actualmente enfrentan un proceso penal bajo el beneficio de la libertad bajo caución.
Sobre esta situación, el defensor de los normalistas informó que acudieron esta mañana al Juzgado Primero de Distrito, en su calidad de “terceros perjudicados”, a “una audiencia constitucional”, debido a que los abogados de los dos agentes ministeriales procesados interpusieron una solicitud de amparo contra la orden de aprehensión dictada por el juez federal bajo el argumento de que no existen elementos legales para mantenerlos presos.
Al respecto, Vidulfo Rosales señaló que el Juez federal decidió posponer la audiencia debido a que aún no concluye el análisis de las actuaciones que integran la causa penal 07/2012-02 del auto de formal prisión emitido por el Juzgado Primero de Distrito.
No obstante, el defensor legal de los normalistas entregó en el Juzgado federal sus alegatos, en los que considera que el auto de formal prisión contra los dos agentes ministeriales acusados del doble homicidio es “legal, fundado y motivado”, debido a que, aseguró, existen pruebas suficientes para someter a proceso penal a los dos inculpados.
“No hay duda de que los dos policías procesados participaron y accionaron sus armas durante el desalojo, por ello avalamos la investigación de la PGR y la decisión del Juzgado federal, pero hay más policías implicados, lamentablemente no se ha hecho más para identificar al resto de los uniformados que dispararon contra los manifestantes”, expresó Rosales Sierra.
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