Jorge Fernández Menéndez
Ayer fue el rector José Narro y con él son muchas las voces que coinciden en la necesidad de modificar las estrategias de combate a las drogas, y que de una u otra forma plantean la posibilidad de su legalización. Apenas ayer escuchaba al ex presidente Fox en una entrevista con Pedro Ferriz insistir en lo mismo, y dejar la decisión del consumo o no de drogas, de cualquier droga, en cada una de las personas. También ayer mismo, el periódico La Razón, en su primera plana, destacaba el inicio de operaciones de expendedores automáticos de mariguana en Estados Unidos y, obviamente, contrapunteaba esa información con la legalización de la droga en varios estados de la Unión Americana y la postura, en torno a la prohibición, de la administración de Barack Obama.
En un aspecto todos ellos tienen razón: el consumo en general sigue muy alto y Estados Unidos plantea una suerte de doble moral respecto a las drogas. Ante ello, la legalización puede ser una alternativa, pero lo cierto es que esas son verdades a medias, o verdaderas falacias cuando se intenta convertir la legalización de las drogas en una estrategia de Estado, y más aún cuando se considera que simplemente con ello se acabará con el crimen organizado y la violencia, mucho menos con la inseguridad.
No creo que la legalización abierta de las drogas sea una solución a los problemas que se intenta atacar con esa propuesta: legalizar o no ciertas drogas tiene que ser una política de salud pública, debe ser una decisión de los especialistas del sector, con base en las posibilidades existentes y las soluciones a corto y largo plazos de un tema que debe ser tratado en una forma eminentemente científica. Lo mismo debe suceder con las diferentes drogas: la legalización de la mariguana no puede equipararse con la de drogas sintéticas o con la heroína y muchos de sus derivados.
Pero eso no tiene nada o muy poco que ver con el tema de la violencia y la inseguridad, por lo menos no con la forma en que ha evolucionado la misma. Tampoco acabará, no tiene por qué hacerlo, con el crimen organizado, que incursiona en la droga pero también en la piratería, en el contrabando, en el tráfico de gente, en la prostitución, en el robo de carros, en la extorsión o el secuestro. De la misma forma que se suele poner como ejemplo que la década de la Ley Seca en los años 30 no acabó con el alcoholismo, se puede decir que tampoco acabó la legalización con el crimen organizado, que ha crecido, se ha hecho más poderoso y sofisticado.
La legalización o no de las drogas (y no creo que en este momento se pueda hablar de legalizar alguna otra droga más allá de la mariguana) es un tema de salud pública; el combate al crimen organizado es un desafío de seguridad pública y nacional; consumir o no ciertas drogas puede ser parte del libre albedrío de las personas, acabar con el crimen organizado es una responsabilidad del Estado.
Hay aspectos en este tema que se están sacando adelante, pero que no tienen ni la difusión ni el impulso, social y de recursos, que requerirían. Se ha puesto como ejemplo la decisión de la Casa Blanca en su llamada “estrategia de la política del siglo XXI para el Control de Drogas”, de no considerar a los consumidores como delincuentes sino como enfermos y dejar de llenar las cárceles de ese país con consumidores. Y me parece, sin duda, un acierto. Pero no se debe olvidar que la despenalización del consumo de drogas está vigente en México desde hace ya varios años y que nuestras cárceles no están llenas de consumidores, detenidos y castigados por eso, sino de personas relacionadas en distintos grados con grupos delincuenciales, que no sólo venden droga, sino que roban, asaltan, extorsionan, entre muchos otros delitos.
En esa estrategia se está impulsando una serie de medidas médicas que son clave para reducir el consumo: uno de esos aspectos es el de las llamadas vacunas, que trabajan sobre los centros de adicción cerebrales y están ya muy avanzadas. México y Estados Unidos llevan trabajando por lo menos diez años en esas vacunas. Si tuvieran el apoyo político y los recursos necesarios se podría avanzar mucho más rápido aún, pero según los especialistas, antes de un lustro esas drogas estarán listas para su comercialización. Y ese solo hecho podrá cambiar toda la visión sobre el consumo de drogas e incluso el debate sobre la legalización.
Todo eso se hace y se debe hacer aún mucho más, pero nadie debería confundirse: ninguna de esas medidas o propuestas acabará con la violencia, tampoco con la delincuencia organizada, mucho menos con las pandillas que asuelan muchas zonas del país. No confundamos la educación y la salud públicas con la seguridad. Ninguna de ellas puede reemplazar a las otras. Y necesitamos eficacia y visión de futuro por lo menos en esos tres ámbitos para tener, en realidad, una sociedad más sana.
Ayer fue el rector José Narro y con él son muchas las voces que coinciden en la necesidad de modificar las estrategias de combate a las drogas, y que de una u otra forma plantean la posibilidad de su legalización. Apenas ayer escuchaba al ex presidente Fox en una entrevista con Pedro Ferriz insistir en lo mismo, y dejar la decisión del consumo o no de drogas, de cualquier droga, en cada una de las personas. También ayer mismo, el periódico La Razón, en su primera plana, destacaba el inicio de operaciones de expendedores automáticos de mariguana en Estados Unidos y, obviamente, contrapunteaba esa información con la legalización de la droga en varios estados de la Unión Americana y la postura, en torno a la prohibición, de la administración de Barack Obama.
En un aspecto todos ellos tienen razón: el consumo en general sigue muy alto y Estados Unidos plantea una suerte de doble moral respecto a las drogas. Ante ello, la legalización puede ser una alternativa, pero lo cierto es que esas son verdades a medias, o verdaderas falacias cuando se intenta convertir la legalización de las drogas en una estrategia de Estado, y más aún cuando se considera que simplemente con ello se acabará con el crimen organizado y la violencia, mucho menos con la inseguridad.
No creo que la legalización abierta de las drogas sea una solución a los problemas que se intenta atacar con esa propuesta: legalizar o no ciertas drogas tiene que ser una política de salud pública, debe ser una decisión de los especialistas del sector, con base en las posibilidades existentes y las soluciones a corto y largo plazos de un tema que debe ser tratado en una forma eminentemente científica. Lo mismo debe suceder con las diferentes drogas: la legalización de la mariguana no puede equipararse con la de drogas sintéticas o con la heroína y muchos de sus derivados.
Pero eso no tiene nada o muy poco que ver con el tema de la violencia y la inseguridad, por lo menos no con la forma en que ha evolucionado la misma. Tampoco acabará, no tiene por qué hacerlo, con el crimen organizado, que incursiona en la droga pero también en la piratería, en el contrabando, en el tráfico de gente, en la prostitución, en el robo de carros, en la extorsión o el secuestro. De la misma forma que se suele poner como ejemplo que la década de la Ley Seca en los años 30 no acabó con el alcoholismo, se puede decir que tampoco acabó la legalización con el crimen organizado, que ha crecido, se ha hecho más poderoso y sofisticado.
La legalización o no de las drogas (y no creo que en este momento se pueda hablar de legalizar alguna otra droga más allá de la mariguana) es un tema de salud pública; el combate al crimen organizado es un desafío de seguridad pública y nacional; consumir o no ciertas drogas puede ser parte del libre albedrío de las personas, acabar con el crimen organizado es una responsabilidad del Estado.
Hay aspectos en este tema que se están sacando adelante, pero que no tienen ni la difusión ni el impulso, social y de recursos, que requerirían. Se ha puesto como ejemplo la decisión de la Casa Blanca en su llamada “estrategia de la política del siglo XXI para el Control de Drogas”, de no considerar a los consumidores como delincuentes sino como enfermos y dejar de llenar las cárceles de ese país con consumidores. Y me parece, sin duda, un acierto. Pero no se debe olvidar que la despenalización del consumo de drogas está vigente en México desde hace ya varios años y que nuestras cárceles no están llenas de consumidores, detenidos y castigados por eso, sino de personas relacionadas en distintos grados con grupos delincuenciales, que no sólo venden droga, sino que roban, asaltan, extorsionan, entre muchos otros delitos.
En esa estrategia se está impulsando una serie de medidas médicas que son clave para reducir el consumo: uno de esos aspectos es el de las llamadas vacunas, que trabajan sobre los centros de adicción cerebrales y están ya muy avanzadas. México y Estados Unidos llevan trabajando por lo menos diez años en esas vacunas. Si tuvieran el apoyo político y los recursos necesarios se podría avanzar mucho más rápido aún, pero según los especialistas, antes de un lustro esas drogas estarán listas para su comercialización. Y ese solo hecho podrá cambiar toda la visión sobre el consumo de drogas e incluso el debate sobre la legalización.
Todo eso se hace y se debe hacer aún mucho más, pero nadie debería confundirse: ninguna de esas medidas o propuestas acabará con la violencia, tampoco con la delincuencia organizada, mucho menos con las pandillas que asuelan muchas zonas del país. No confundamos la educación y la salud públicas con la seguridad. Ninguna de ellas puede reemplazar a las otras. Y necesitamos eficacia y visión de futuro por lo menos en esos tres ámbitos para tener, en realidad, una sociedad más sana.
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