El presidente del CCE aseguró que el crimen, la corrupción son los factores más problemáticos para hacer negocios en México
Jorge Ramos / Excélsior
El valor de la corrupción equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y las empresas le destinan un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar, según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado difundidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.
No dio a conocer la fuente de información sobre la que el CEESP realizó sus estimaciones, pero según el INEGI, el valor del PIB ascendió a 15 billones 293 mil millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2011, por lo que, de ser cierta la afirmación del dirigente del CCE, el valor actual de la corrupción sería de 1 billón 529 mil 300 millones de pesos.
En su mensaje semanal, titulado “La Voz del CCE”, Gutiérrez Candiani aseguró que el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer y administrar un régimen jurídico adecuado, son los factores más problemáticos para hacer negocios en México.
Recordó que México ocupa el lugar 134, entre 142 países con costos derivados del crimen y el 133 en fiabilidad de los servicios policiacos dentro del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial.Además, señaló que nuestro país está reprobado en derechos de propiedad, protección de patentes, desvío de fondos públicos, favoritismo de autoridades, pagos irregulares y sobornos o en independencia judicial.
“En síntesis, el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer y administrar un marco jurídico adecuado son considerados los factores más problemáticos para hacer negocios en México”, resumió el dirigente del CCE.
Definió a nuestro sistema penal como una amplia red de ineficacias y corrupción, con un margen de inoperatividad agudo y reiteradas deficiencias procesales que suelen dar al traste con la justicia o constituir violaciones severas al proceso.
Señaló que de poco sirve demandar a los legisladores que incrementen las penas si sólo siete de cada mil delitos acaban en una sentencia, lo que significa que el margen de impunidad es de 99 por ciento.
Por eso, dijo, no extraña que, según algunas estimaciones conservadoras, se denuncie sólo una tercera parte del total de los delitos que se cometen.
Afirmó que en México prevalece la impresión de que buscar protección y justicia es un acto laberíntico y estéril para la mayoría que no tiene recursos e influencias; de que cumplir con reglas y trámites es frecuentemente una desventaja y, a veces, imposible en la práctica; de que a menudo las autoridades son las primeras en violarlas; de rigor para unos y tolerancia con otros; de aplicación incompleta o parcial de las leyes, muchas de las cuales son "letra muerta", promulgadas como salida simbólica a necesidades no atendidas y obligaciones incumplidas.
“Esto es el trasfondo de la incertidumbre jurídica que frena o impide el desarrollo de muchas actividades y está detrás de la creciente informalidad, en la que están más de 13.5 millones de mexicanos, entre la población ocupada. Son los problemas que requieren posturas claras, propuestas de solución viables y compromisos de los candidatos”, dijo Gutiérrez Candiani.
Ante esta situación, demandó a los candidatos presidenciales propuestas y compromisos para dotar de autonomía y profesionalizar a los ministerios públicos y de hacer de éstos verdaderas fiscalías al servicio de las víctimas y la ciudadanía.
También demandó compromisos para unificar los códigos penales y de procedimientos penales, porque no es lógico tener 66 ordenamientos en el contexto actual, y acelerar la transición a juicios orales y jurados.
Jorge Ramos / Excélsior
El valor de la corrupción equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y las empresas le destinan un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar, según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado difundidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.
No dio a conocer la fuente de información sobre la que el CEESP realizó sus estimaciones, pero según el INEGI, el valor del PIB ascendió a 15 billones 293 mil millones de pesos al cierre del cuarto trimestre de 2011, por lo que, de ser cierta la afirmación del dirigente del CCE, el valor actual de la corrupción sería de 1 billón 529 mil 300 millones de pesos.
En su mensaje semanal, titulado “La Voz del CCE”, Gutiérrez Candiani aseguró que el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer y administrar un régimen jurídico adecuado, son los factores más problemáticos para hacer negocios en México.
Recordó que México ocupa el lugar 134, entre 142 países con costos derivados del crimen y el 133 en fiabilidad de los servicios policiacos dentro del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial.Además, señaló que nuestro país está reprobado en derechos de propiedad, protección de patentes, desvío de fondos públicos, favoritismo de autoridades, pagos irregulares y sobornos o en independencia judicial.
“En síntesis, el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer y administrar un marco jurídico adecuado son considerados los factores más problemáticos para hacer negocios en México”, resumió el dirigente del CCE.
Definió a nuestro sistema penal como una amplia red de ineficacias y corrupción, con un margen de inoperatividad agudo y reiteradas deficiencias procesales que suelen dar al traste con la justicia o constituir violaciones severas al proceso.
Señaló que de poco sirve demandar a los legisladores que incrementen las penas si sólo siete de cada mil delitos acaban en una sentencia, lo que significa que el margen de impunidad es de 99 por ciento.
Por eso, dijo, no extraña que, según algunas estimaciones conservadoras, se denuncie sólo una tercera parte del total de los delitos que se cometen.
Afirmó que en México prevalece la impresión de que buscar protección y justicia es un acto laberíntico y estéril para la mayoría que no tiene recursos e influencias; de que cumplir con reglas y trámites es frecuentemente una desventaja y, a veces, imposible en la práctica; de que a menudo las autoridades son las primeras en violarlas; de rigor para unos y tolerancia con otros; de aplicación incompleta o parcial de las leyes, muchas de las cuales son "letra muerta", promulgadas como salida simbólica a necesidades no atendidas y obligaciones incumplidas.
“Esto es el trasfondo de la incertidumbre jurídica que frena o impide el desarrollo de muchas actividades y está detrás de la creciente informalidad, en la que están más de 13.5 millones de mexicanos, entre la población ocupada. Son los problemas que requieren posturas claras, propuestas de solución viables y compromisos de los candidatos”, dijo Gutiérrez Candiani.
Ante esta situación, demandó a los candidatos presidenciales propuestas y compromisos para dotar de autonomía y profesionalizar a los ministerios públicos y de hacer de éstos verdaderas fiscalías al servicio de las víctimas y la ciudadanía.
También demandó compromisos para unificar los códigos penales y de procedimientos penales, porque no es lógico tener 66 ordenamientos en el contexto actual, y acelerar la transición a juicios orales y jurados.
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