Jorge Fernández Menéndez
En los últimos años, en accidentes de aviación en vuelos de la administración pública murieron Ramón Martín Huerta y su equipo; un par de años después, Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y varios colaboradores; más recientemente, Francisco Blake Mora con los suyos. Unos 25 hombres y mujeres de primer nivel en la administración pública, muchos de ellos amigos, fallecieron en esos extraños accidentes que se sucedieron con desconcertante regularidad.
Ahora nos enteramos de que la empresa (o una de ellas) encargada de garantizar el mantenimiento de esas flotas logró los contratos, desde 2004, con actos de corrupción. ¿No tuvo nada que ver la corrupción con la caída de esas aeronaves?, ¿no se corrompió también el mantenimiento de las mismas? Debido a las víctimas, habría que tener una respuesta absolutamente clara y contundente.
Otras víctimas, otras venganzas
Más allá de las implicaciones judiciales del caso Cassez, hay un debate que no debería soslayarse: el eminentemente político. Una y otra vez nos hemos encontrado en estos días con medios, políticos y legisladores que reclaman castigo a la Secretaría de Seguridad Pública federal por lo sucedido con el caso Cassez (en relación al tema de las presuntas violaciones procedimentales) sin preguntarse, primero, si esas violaciones existieron y cuál fue su verdadera magnitud en el caso, y segundo, sin recordar que esa operación no la realizó la SSP ni la Policía Federal, sino la AFI, que es la policía ministerial de la PGR. Es verdad que al mando de la AFI en esas fechas estaba Genaro García Luna, pero la insistencia confirma también que el interés es golpear al actual secretario y a sus principales operadores, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino.
En estos años, Genaro García Luna ha cometido errores políticos y operativos, como cualquiera que está trabajando al filo de la navaja mucho tiempo. Pero no debería haber dudas de que el suyo ha sido uno de los trabajos más fructíferos en términos de la seguridad del país en muchos años. Cuando estuvo en la AFI, García Luna logró desterrar la vieja Policía Judicial federal, temida y detestada por la ciudadanía ante la suma de corrupción y abusos que había cometido a lo largo de su historia. La AFI, aunque ahora no lo recordemos por el caso Cassez (e incluso ese caso es una demostración de sus capacidades, porque detuvo a los secuestradores y liberó con vida a los secuestrados), fue prácticamente el único bastión de todo el aparato de seguridad que pudo hacer frente a la ola de secuestros y agresiones de todo tipo que vivió la ciudadanía, sobre todo en el Distrito Federal, durante el pasado sexenio. En esta administración logró que la Secretaría de Seguridad Pública, que había vivido en el letargo durante el gobierno de Vicente Fox, se transformara en una fuerza realmente operativa, cuadruplicando su personal y construyendo instituciones como el centro de inteligencia o el centro de la policía científica, que no tienen parangón en la República.
La oposición política ha impedido llevar el modelo de la Policía Federal al resto de las policías estatales, pero resulta indudable que cuando las administraciones estatales quieren reestructurar a sus policías terminan recurriendo siempre a ese modelo. El país y la sociedad requieren una policía con mando único, pero eso no se ha podido conseguir por la ceguera política que impide muchos de los avances en la seguridad pública. Se acordó entonces la creación de 32 policías estatales con mando único en cada una, pero salvo algunas excepciones, en forma notable Nuevo León, prácticamente en ninguna entidad federativa se ha logrado avanzar en ese esquema porque simplemente no le conviene a distintos grupos de poder y no se quiere tener una policía realmente eficiente y centralizada.
Cuando se insiste en determinados sectores en pedir la cabeza de García Luna y de algunos de sus colaboradores por lo sucedido hace siete años en el caso Cassez, se están obviando muchas cosas: la primera y principal es que, haya habido o no insuficiencias o errores, el resultado fue que los secuestradores han terminado todos en prisión y los secuestrados, las víctimas, quedaron en libertad. Y me parece que la función de una fuerza policial, sea la AFI, la PF o cualquier otra, es obtener resultados y garantizar seguridad. Insisto, García Luna y su equipo sin duda han cometido errores, sobre todo políticos, pero me parece mezquino utilizar historias como la del caso Cassez para realizar ajustes de cuentas que no sólo no toman en cuenta el avance en la construcción de las instituciones de seguridad que la gente demanda, sino también el hecho, mucho más sencillo, mucho más contundente, de que para cobrar cuentas políticas se termine dejando en la calle a delincuentes peligrosos. Las víctimas, por cierto, no ven las cosas igual que los políticos.
En los últimos años, en accidentes de aviación en vuelos de la administración pública murieron Ramón Martín Huerta y su equipo; un par de años después, Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y varios colaboradores; más recientemente, Francisco Blake Mora con los suyos. Unos 25 hombres y mujeres de primer nivel en la administración pública, muchos de ellos amigos, fallecieron en esos extraños accidentes que se sucedieron con desconcertante regularidad.
Ahora nos enteramos de que la empresa (o una de ellas) encargada de garantizar el mantenimiento de esas flotas logró los contratos, desde 2004, con actos de corrupción. ¿No tuvo nada que ver la corrupción con la caída de esas aeronaves?, ¿no se corrompió también el mantenimiento de las mismas? Debido a las víctimas, habría que tener una respuesta absolutamente clara y contundente.
Otras víctimas, otras venganzas
Más allá de las implicaciones judiciales del caso Cassez, hay un debate que no debería soslayarse: el eminentemente político. Una y otra vez nos hemos encontrado en estos días con medios, políticos y legisladores que reclaman castigo a la Secretaría de Seguridad Pública federal por lo sucedido con el caso Cassez (en relación al tema de las presuntas violaciones procedimentales) sin preguntarse, primero, si esas violaciones existieron y cuál fue su verdadera magnitud en el caso, y segundo, sin recordar que esa operación no la realizó la SSP ni la Policía Federal, sino la AFI, que es la policía ministerial de la PGR. Es verdad que al mando de la AFI en esas fechas estaba Genaro García Luna, pero la insistencia confirma también que el interés es golpear al actual secretario y a sus principales operadores, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino.
En estos años, Genaro García Luna ha cometido errores políticos y operativos, como cualquiera que está trabajando al filo de la navaja mucho tiempo. Pero no debería haber dudas de que el suyo ha sido uno de los trabajos más fructíferos en términos de la seguridad del país en muchos años. Cuando estuvo en la AFI, García Luna logró desterrar la vieja Policía Judicial federal, temida y detestada por la ciudadanía ante la suma de corrupción y abusos que había cometido a lo largo de su historia. La AFI, aunque ahora no lo recordemos por el caso Cassez (e incluso ese caso es una demostración de sus capacidades, porque detuvo a los secuestradores y liberó con vida a los secuestrados), fue prácticamente el único bastión de todo el aparato de seguridad que pudo hacer frente a la ola de secuestros y agresiones de todo tipo que vivió la ciudadanía, sobre todo en el Distrito Federal, durante el pasado sexenio. En esta administración logró que la Secretaría de Seguridad Pública, que había vivido en el letargo durante el gobierno de Vicente Fox, se transformara en una fuerza realmente operativa, cuadruplicando su personal y construyendo instituciones como el centro de inteligencia o el centro de la policía científica, que no tienen parangón en la República.
La oposición política ha impedido llevar el modelo de la Policía Federal al resto de las policías estatales, pero resulta indudable que cuando las administraciones estatales quieren reestructurar a sus policías terminan recurriendo siempre a ese modelo. El país y la sociedad requieren una policía con mando único, pero eso no se ha podido conseguir por la ceguera política que impide muchos de los avances en la seguridad pública. Se acordó entonces la creación de 32 policías estatales con mando único en cada una, pero salvo algunas excepciones, en forma notable Nuevo León, prácticamente en ninguna entidad federativa se ha logrado avanzar en ese esquema porque simplemente no le conviene a distintos grupos de poder y no se quiere tener una policía realmente eficiente y centralizada.
Cuando se insiste en determinados sectores en pedir la cabeza de García Luna y de algunos de sus colaboradores por lo sucedido hace siete años en el caso Cassez, se están obviando muchas cosas: la primera y principal es que, haya habido o no insuficiencias o errores, el resultado fue que los secuestradores han terminado todos en prisión y los secuestrados, las víctimas, quedaron en libertad. Y me parece que la función de una fuerza policial, sea la AFI, la PF o cualquier otra, es obtener resultados y garantizar seguridad. Insisto, García Luna y su equipo sin duda han cometido errores, sobre todo políticos, pero me parece mezquino utilizar historias como la del caso Cassez para realizar ajustes de cuentas que no sólo no toman en cuenta el avance en la construcción de las instituciones de seguridad que la gente demanda, sino también el hecho, mucho más sencillo, mucho más contundente, de que para cobrar cuentas políticas se termine dejando en la calle a delincuentes peligrosos. Las víctimas, por cierto, no ven las cosas igual que los políticos.
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