Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El actual gobierno es errático y perjudicial, porque su conductor camina en la cuerda floja, que se manifiesta en el compromiso religioso, moral y ético que lo escinde entre la Casa sobre la roca y su vocación católica.
De allí que una estúpida decisión de Genaro García Luna se convirtiese en la tragedia emblemática del gobierno de Felipe Calderón (a pesar de que el hecho ocurrió en 2005), en la actitud que define comportamientos y procederes en el Ejecutivo y el Judicial. Me refiero al caso Florence Cassez y al hecho fundacional del nuevo concepto de seguridad pública: la recreación mediática de un operativo policiaco, con la intención única, verificable, de recrear la realidad.
De allí que las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública resulten vacías; que los reclamos a los gobernadores que no son panistas o carecen de obsecuencia en su relación con el presidente de la República, sean como llamadas a misa; que los supuestos avances, las cifras, todos los datos duros en materia de combate a la delincuencia organizada, resulten poco creíbles, no verificables en la mayoría de los casos, pues carecen de las averiguaciones previas que expliquen tanta muerte, tanta violencia; lo injustificable, pues.
El enojo inicial de Javier Martí se diluyó en su complacencia con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda; el ejemplo irremplazable de Isabel Miranda de Wallace desapareció tras la máscara de una candidatura política que a ella nada le dará, con la cual la sociedad perdió uno de sus paradigmas; la marcha de Javier Sicilia se diluyó en el vacío informativo y fue sepultada por las compañas políticas. El único que no olvidó su compromiso y permanece congruente, es Eduardo Gallo: renunció y se despidió con absoluta dignidad.
Lo anterior describe el contexto en que se discuten y hacen propuestas para las políticas públicas de seguridad y combate a la delincuencia, de allí que no asombre el fracaso, que no cauce alarma que se invierta más en armamento y en burocracia para la Secretaría de Seguridad Pública federal, que en prevenir las adicciones, la delincuencia, en crear empleos.
Lo único cierto es que la política de seguridad pública se acomodó y se acomoda a los intereses políticos y a los compromisos de Acción Nacional como gobierno y como aspirante a permanecer como propietario de la silla del águila, tan devaluada, pero con tan tremendo poder, que se traiciona por ella, se postergan los ideales y el mandato constitucional con tal de poseerla, pues para ellos es lo único que da sentido al poder presidencial, y para la sociedad es lo único que explica la tentación que tienen los panistas de establecer una dictadura.
El actual gobierno es errático y perjudicial, porque su conductor camina en la cuerda floja, que se manifiesta en el compromiso religioso, moral y ético que lo escinde entre la Casa sobre la roca y su vocación católica.
De allí que una estúpida decisión de Genaro García Luna se convirtiese en la tragedia emblemática del gobierno de Felipe Calderón (a pesar de que el hecho ocurrió en 2005), en la actitud que define comportamientos y procederes en el Ejecutivo y el Judicial. Me refiero al caso Florence Cassez y al hecho fundacional del nuevo concepto de seguridad pública: la recreación mediática de un operativo policiaco, con la intención única, verificable, de recrear la realidad.
De allí que las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública resulten vacías; que los reclamos a los gobernadores que no son panistas o carecen de obsecuencia en su relación con el presidente de la República, sean como llamadas a misa; que los supuestos avances, las cifras, todos los datos duros en materia de combate a la delincuencia organizada, resulten poco creíbles, no verificables en la mayoría de los casos, pues carecen de las averiguaciones previas que expliquen tanta muerte, tanta violencia; lo injustificable, pues.
El enojo inicial de Javier Martí se diluyó en su complacencia con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda; el ejemplo irremplazable de Isabel Miranda de Wallace desapareció tras la máscara de una candidatura política que a ella nada le dará, con la cual la sociedad perdió uno de sus paradigmas; la marcha de Javier Sicilia se diluyó en el vacío informativo y fue sepultada por las compañas políticas. El único que no olvidó su compromiso y permanece congruente, es Eduardo Gallo: renunció y se despidió con absoluta dignidad.
Lo anterior describe el contexto en que se discuten y hacen propuestas para las políticas públicas de seguridad y combate a la delincuencia, de allí que no asombre el fracaso, que no cauce alarma que se invierta más en armamento y en burocracia para la Secretaría de Seguridad Pública federal, que en prevenir las adicciones, la delincuencia, en crear empleos.
Lo único cierto es que la política de seguridad pública se acomodó y se acomoda a los intereses políticos y a los compromisos de Acción Nacional como gobierno y como aspirante a permanecer como propietario de la silla del águila, tan devaluada, pero con tan tremendo poder, que se traiciona por ella, se postergan los ideales y el mandato constitucional con tal de poseerla, pues para ellos es lo único que da sentido al poder presidencial, y para la sociedad es lo único que explica la tentación que tienen los panistas de establecer una dictadura.
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