Vanguardia
En Coahuila se determinó que la megadeuda contratada ilegalmente durante el gobierno de Humberto Moreira, menor conocida como "moreirazo" o "coahuilazo", se pague con la recaudación del Impuesto Sobre Nómina, por lo que empresarios inconformes con la medida promovieron amparos.
Este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá si ejerce su facultad de atracción para conocer los siete amparos promovidos por empresarios coahuilenses que impugnaron el Decreto 536, que aprobó el Congreso estatal y fue publicado el pasado 29 de septiembre.
El mandato autorizó el refinanciamiento de deuda por 33 mil 865 millones de pesos y el Congreso autorizó destinar el 100% de la recaudación del ISN para un fideicomiso que sirve como fuente de pago de los créditos contratados para el refinanciamiento.
Ello generó las protestas de empresarios, que son los que pagan dicho impuesto.
Para que sean aprobados los proyectos, se requiere el voto de al menos tres de los 5 ministros de la Sala y fuentes de la Corte revelaron al diario Reforma que los ministros Sergio Valls y Salvador Aguirre presentaron cuatro proyectos de sentencia en el sentido de ejercer la facultad de atracción, su colega Margarita Luna presentó uno en contra y Fernando Franco dos más, cuyo sentido se desconoce.
No obstante, se prevé que prevalecerán los proyectos que proponen ejercer la atracción.
Cabe recordar que en octubre, los siete amparos en cuestión fueron desechados por dos jueces federales de Torreón, al considerar que son improcedentes porque, desde su perspectiva, los ciudadanos carecen de interés jurídico para reclamar actos de un Congreso estatal relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos.
Si los recursos son atraídos, la Corte sólo asumirá la obligación de resolver si las demandas de amparo deben ser admitidas por los jueces que las desecharon.
Cabe recordar que hace días, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar a conocer los documentos con los cuales se obtuvieron créditos ilegales durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Con esa determinación revocó la respuesta de Hacienda, que había determinado que el “moreirazo” estaría reservado por 12 años.
Se instruyó “la entrega de los ocho expedientes de deuda pública y demás información relacionada en versión pública, detallando que de la información que se proporcione al particular, no se podrán omitir ninguno de los documentos que acrediten el estricto cumplimiento a la norma que debió verificar la Secretaria de Hacienda, protegiendo solamente los datos personales".
(Con información de Reforma)
En Coahuila se determinó que la megadeuda contratada ilegalmente durante el gobierno de Humberto Moreira, menor conocida como "moreirazo" o "coahuilazo", se pague con la recaudación del Impuesto Sobre Nómina, por lo que empresarios inconformes con la medida promovieron amparos.
Este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá si ejerce su facultad de atracción para conocer los siete amparos promovidos por empresarios coahuilenses que impugnaron el Decreto 536, que aprobó el Congreso estatal y fue publicado el pasado 29 de septiembre.
El mandato autorizó el refinanciamiento de deuda por 33 mil 865 millones de pesos y el Congreso autorizó destinar el 100% de la recaudación del ISN para un fideicomiso que sirve como fuente de pago de los créditos contratados para el refinanciamiento.
Ello generó las protestas de empresarios, que son los que pagan dicho impuesto.
Para que sean aprobados los proyectos, se requiere el voto de al menos tres de los 5 ministros de la Sala y fuentes de la Corte revelaron al diario Reforma que los ministros Sergio Valls y Salvador Aguirre presentaron cuatro proyectos de sentencia en el sentido de ejercer la facultad de atracción, su colega Margarita Luna presentó uno en contra y Fernando Franco dos más, cuyo sentido se desconoce.
No obstante, se prevé que prevalecerán los proyectos que proponen ejercer la atracción.
Cabe recordar que en octubre, los siete amparos en cuestión fueron desechados por dos jueces federales de Torreón, al considerar que son improcedentes porque, desde su perspectiva, los ciudadanos carecen de interés jurídico para reclamar actos de un Congreso estatal relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos.
Si los recursos son atraídos, la Corte sólo asumirá la obligación de resolver si las demandas de amparo deben ser admitidas por los jueces que las desecharon.
Cabe recordar que hace días, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar a conocer los documentos con los cuales se obtuvieron créditos ilegales durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Con esa determinación revocó la respuesta de Hacienda, que había determinado que el “moreirazo” estaría reservado por 12 años.
Se instruyó “la entrega de los ocho expedientes de deuda pública y demás información relacionada en versión pública, detallando que de la información que se proporcione al particular, no se podrán omitir ninguno de los documentos que acrediten el estricto cumplimiento a la norma que debió verificar la Secretaria de Hacienda, protegiendo solamente los datos personales".
(Con información de Reforma)
No hay comentarios:
Publicar un comentario