Carlos Ramírez / Indicador Político
Si la intención fue afirmar que a la sentenciada Florence Cassez no le respetaron su “debido proceso” y por tanto debe salir libre, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea lo hizo violando el debido y escrupuloso proceso que deben seguir los proyectos de sentencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
En realidad, el ministro Zaldívar operó un sospechoso madruguete mediático a favor de Cassez al filtrar su propuesta de sentencia sin pasar por las reglas estrictas de la Corte que quieren evitar que alguna de las partes utilice malévolamente la información judicial a su favor. Por ello es que los principales enojados con el ministro no sean los funcionarios de la PGR, sino los mismos ministros de la Corte fue fueron desdeñados por su colega Zaldívar y ahora aparecen mediáticamente presionados para aprobar su proyecto de sentencia o ser destrozados por la ira social, como si la Corte fuera un circo romano.
La estrategia de Zaldívar se salió de las reglas del juego judicial de la Corte por la sencilla razón de que no quería que le repitieran la dosis de rechazo a su proyecto de sentencia por el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, a finales del 2010 ni le arremetieran con más regaños en la discusión del proyecto. En este sentido, la intención del ministro Zaldívar fue filtrar ilegalmente a la prensa su proyecto e imponer mediáticamente su posición por la vía del albazo.
La violación del debido proceso que deben seguir los proyectos de sentencias judiciales fue aprovechada mediáticamente por el abogado de la sentenciada Cassez, Agustín Acosta, para volver a poner el tema del montaje como el centro de la discusión, cuando la PGR acreditó con declaraciones y fotografías la relación de complicidad de Cassez con el secuestrador Israel Vallarta y su participación en su banda de secuestradores. El albazo de Zaldívar tuvo repercusión internacional porque hasta el presidente Nicolas Sarkozy lo cachó en el aire y lo convirtió en tema de su decreciente campaña electoral por la reelección, al grado de que la oposición socialista señaló su oportunismo electoral.
Pero lo que los ministros deben aclarar primero sería la razón del ministro Zaldívar para romper el proceso interno de ruta de los proyectos de sentencia porque el documento íntegro saltó a la prensa sin haber cumplido los pasos legales de listado y sobre todo sin que los demás ministros de la Corte tuvieran conocimiento de su contenido. O se trató de un desdén del ministro Zaldívar a la Corte y a los ministros para evitar la discusión interna en la Primera Sala o buscó romper el debido proceso interno para beneficiar a la sentenciada Cassez.
La filtración a medios de proyectos de sentencia violó procedimientos legales que se usan en casos similares porque beneficia a una de las partes, como ocurrió al afectar a la PGR y desde luego benefició a la acusada Cassez porque su abogado mexicano utilizó los medios radiofónicos para dar por definitiva la inocencia de su cliente decretada por el ministro Zaldívar en su proyecto de sentencia que debe ser discutido y votado en el seno de la Primera Sala.
La jugada política de Zaldívar exhibió la parcialidad de un ministro de la Corte en los juegos políticos de poder. Y se trataría de una muesca más a su historial del ministro, pues en junio del 2012 quiso convertir a la Corte en un tribunal de sentencia --no seremos “guardianes morales del orden establecido” ni “tribunal de conciencia”, dijo el ministro José Ramón Cossío ante el proyecto del ministro Zaldívar-- buscando convertir a la Corte, vía la facultad de investigación de violación de garantías individuales, en un Tribunal de la Acordada pidiendo el cadalso para los funcionarios involucrados en responsabilidades del ABC, pero sin el debido proceso de escuchar a los inculpados; este proyecto de sentencia no sólo fue rechazado y repudiado por la mayoría de los ministros, sino que exhibieron a Zaldívar como un vulgar juez de sentencia.
Luego vino en mayo de 2011 el voto en la Corte Suprema sobre las tarifas de interconexión y el ministro Zaldívar se excusó porque había litigado a favor de Telcel en sus tiempos de abogado privado y más aún cuando el amparo solicitado estaba aún en litigio en el máximo tribunal. Y a finales de 2011 Zaldívar fue acusado por La Jornada por el litigio de la libertad de expresión debido a un artículo publicado en Letras Libres sobre la presunta complicidad de La Jornada con la ETA, pues Zaldívar había sido el redactor de la resolución a favor de Letras Libres.
Ahora la decisión de Zaldívar de filtrar su proyecto de resolución sobre el amparo solicitado por Cassez antes que la conocieran sus colegas puso en ridículo a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación porque apenas a finales de febrero pasado, una semana escasa antes del affaire Zaldívar, la Corte había decidido poner orden en el manejo de nombres de funcionarios e instituciones en procesos en litigio. Y justamente la normatividad ha establecido un sendero riguroso para los proyectos de sentencia, a fin de no crear factores de presión externos que intenten influir en la decisión de los demás ministros.
La forma escogida por el ministro Zaldívar para darle apoyo a su proyecto en medios rompió con las normas de discreción establecidas por la Corte. Si el proyecto de sentencia se programó hasta el miércoles 21 de marzo en la Primera Sala, la filtración el 7 de dio dos semanas de ventaja mediática a los abogados de Cassez para construir una corriente de opinión en torno al tema del montaje realizado por la Policía Federal para la grabación de un arresto, pero dejando de lado el caso concreto de los secuestros, la banda de los Vallarta, las fotos de Cassez con Israel Vallarte, las declaraciones de las víctimas y sobre todo el hecho de que el video del montaje no formó parte del expediente penal.
Al final, el ministro Zaldívar violó el debido proceso de los debidos procesos para beneficiar a una sentenciada. Así de simple.
Si la intención fue afirmar que a la sentenciada Florence Cassez no le respetaron su “debido proceso” y por tanto debe salir libre, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea lo hizo violando el debido y escrupuloso proceso que deben seguir los proyectos de sentencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
En realidad, el ministro Zaldívar operó un sospechoso madruguete mediático a favor de Cassez al filtrar su propuesta de sentencia sin pasar por las reglas estrictas de la Corte que quieren evitar que alguna de las partes utilice malévolamente la información judicial a su favor. Por ello es que los principales enojados con el ministro no sean los funcionarios de la PGR, sino los mismos ministros de la Corte fue fueron desdeñados por su colega Zaldívar y ahora aparecen mediáticamente presionados para aprobar su proyecto de sentencia o ser destrozados por la ira social, como si la Corte fuera un circo romano.
La estrategia de Zaldívar se salió de las reglas del juego judicial de la Corte por la sencilla razón de que no quería que le repitieran la dosis de rechazo a su proyecto de sentencia por el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, a finales del 2010 ni le arremetieran con más regaños en la discusión del proyecto. En este sentido, la intención del ministro Zaldívar fue filtrar ilegalmente a la prensa su proyecto e imponer mediáticamente su posición por la vía del albazo.
La violación del debido proceso que deben seguir los proyectos de sentencias judiciales fue aprovechada mediáticamente por el abogado de la sentenciada Cassez, Agustín Acosta, para volver a poner el tema del montaje como el centro de la discusión, cuando la PGR acreditó con declaraciones y fotografías la relación de complicidad de Cassez con el secuestrador Israel Vallarta y su participación en su banda de secuestradores. El albazo de Zaldívar tuvo repercusión internacional porque hasta el presidente Nicolas Sarkozy lo cachó en el aire y lo convirtió en tema de su decreciente campaña electoral por la reelección, al grado de que la oposición socialista señaló su oportunismo electoral.
Pero lo que los ministros deben aclarar primero sería la razón del ministro Zaldívar para romper el proceso interno de ruta de los proyectos de sentencia porque el documento íntegro saltó a la prensa sin haber cumplido los pasos legales de listado y sobre todo sin que los demás ministros de la Corte tuvieran conocimiento de su contenido. O se trató de un desdén del ministro Zaldívar a la Corte y a los ministros para evitar la discusión interna en la Primera Sala o buscó romper el debido proceso interno para beneficiar a la sentenciada Cassez.
La filtración a medios de proyectos de sentencia violó procedimientos legales que se usan en casos similares porque beneficia a una de las partes, como ocurrió al afectar a la PGR y desde luego benefició a la acusada Cassez porque su abogado mexicano utilizó los medios radiofónicos para dar por definitiva la inocencia de su cliente decretada por el ministro Zaldívar en su proyecto de sentencia que debe ser discutido y votado en el seno de la Primera Sala.
La jugada política de Zaldívar exhibió la parcialidad de un ministro de la Corte en los juegos políticos de poder. Y se trataría de una muesca más a su historial del ministro, pues en junio del 2012 quiso convertir a la Corte en un tribunal de sentencia --no seremos “guardianes morales del orden establecido” ni “tribunal de conciencia”, dijo el ministro José Ramón Cossío ante el proyecto del ministro Zaldívar-- buscando convertir a la Corte, vía la facultad de investigación de violación de garantías individuales, en un Tribunal de la Acordada pidiendo el cadalso para los funcionarios involucrados en responsabilidades del ABC, pero sin el debido proceso de escuchar a los inculpados; este proyecto de sentencia no sólo fue rechazado y repudiado por la mayoría de los ministros, sino que exhibieron a Zaldívar como un vulgar juez de sentencia.
Luego vino en mayo de 2011 el voto en la Corte Suprema sobre las tarifas de interconexión y el ministro Zaldívar se excusó porque había litigado a favor de Telcel en sus tiempos de abogado privado y más aún cuando el amparo solicitado estaba aún en litigio en el máximo tribunal. Y a finales de 2011 Zaldívar fue acusado por La Jornada por el litigio de la libertad de expresión debido a un artículo publicado en Letras Libres sobre la presunta complicidad de La Jornada con la ETA, pues Zaldívar había sido el redactor de la resolución a favor de Letras Libres.
Ahora la decisión de Zaldívar de filtrar su proyecto de resolución sobre el amparo solicitado por Cassez antes que la conocieran sus colegas puso en ridículo a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación porque apenas a finales de febrero pasado, una semana escasa antes del affaire Zaldívar, la Corte había decidido poner orden en el manejo de nombres de funcionarios e instituciones en procesos en litigio. Y justamente la normatividad ha establecido un sendero riguroso para los proyectos de sentencia, a fin de no crear factores de presión externos que intenten influir en la decisión de los demás ministros.
La forma escogida por el ministro Zaldívar para darle apoyo a su proyecto en medios rompió con las normas de discreción establecidas por la Corte. Si el proyecto de sentencia se programó hasta el miércoles 21 de marzo en la Primera Sala, la filtración el 7 de dio dos semanas de ventaja mediática a los abogados de Cassez para construir una corriente de opinión en torno al tema del montaje realizado por la Policía Federal para la grabación de un arresto, pero dejando de lado el caso concreto de los secuestros, la banda de los Vallarta, las fotos de Cassez con Israel Vallarte, las declaraciones de las víctimas y sobre todo el hecho de que el video del montaje no formó parte del expediente penal.
Al final, el ministro Zaldívar violó el debido proceso de los debidos procesos para beneficiar a una sentenciada. Así de simple.
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