Raymundo Riva Palacio
Desde un par de días antes que el ministro Arturo Zaldívar diera a conocer su proyecto de resolución donde pide la liberación de Florence Cassez, en la Suprema Corte de Justicia sabían las dos semanas que se les vendrían encima. La discusión sobre el proyecto se hará en la Primera Sala, cuyos cinco ministros, además del presidente de la Corte, Juan Silva Meza, que no está en esa sala, comenzaron a recibir a los cabilderos para escuchar los argumentos de este caso que ha dividido a la sociedad y polarizado a las élites.
No son los únicos. La Primera Sala también está partida. Conocedores de la Corte estiman que a semana y media que se discuta el proyecto, hay perfilados dos ministros en cada lado, con el restante sin saberse con certeza en qué lado terminará. Junto con Zaldívar, consideran que la ministro Olga Sánchez Cordero, ubicada en el ala liberal de la Corte, votará a favor del proyecto. En la parte contraria se encuentra el lado conservador de la Corte.
El ex presidente de la Suprema Corte, Héctor Ortiz Mayagoitia y Mario Pardo Rebolledo, quien junto con Zaldívar es el ministro con menos experiencia en el tribunal, están en las antípodas del flanco liberal de acuerdo con su récord de voto. Inclusive, la posición del ministro Pardo fue el definitivo en que se desestimara el juicio promovido por el Ombudsman de Baja California sobre la prohibición del aborto, con lo que permanecieron vigentes las reformas que establecen esa protección desde el mismo momento de la concepción.
En el fiel de la balanza, de acuerdo con los observadores de la Corte, se encuentra José Ramón Cossío, liberal como Zaldívar, pero cuya posición para el debate sobre el caso Cassez es un misterio. Cossío, sin embargo, ha votado en línea con Zaldívar en los temas sobre derechos humanos, que ha marcado a la actual Suprema Corte de Justicia, la “Décima Corte”, como se le conoce tras la reforma del Poder Judicial realizada por el ex presidente Ernesto Zedillo.
Desde hace casi 15 años, la Suprema Corte de Justicia adquirió un perfil garantista, una corriente jurídica a la que pertenecen Zaldívar y Cossío, que tuvo uno de sus principales momentos en agosto de 2010 y julio del año pasado con el Caso Radilla, cuando la Suprema Corte condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzosa de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, y obligó a reformas constitucionales en materia de derechos humanos que establecen que los derechos humanos no sólo son una prioridad, sino también la aserción y el fortalecimiento de sus garantías, con lo que el debido proceso tomó, desde ese momento, alta relevancia.
El debido proceso es un tema donde la sensibilidad social es baja, frente al dolor de las víctimas. La semana pasada se vio esa partición en la opinión pública, donde el que Cassez pague su sentencia por el dolor que causó a las víctimas de secuestro –tema que no está a discusión en la Primera Sala-, es más importante que el debido proceso –la discusión de fondo dentro de semana y media-. Es decir, con las nuevas reformas constitucionales, todos los derechos humanos, además de ser acatados de manera programática o retórica, deben ser universalmente garantizados a todos, incluidos aquellos a quienes después de les comprueben sus delitos, mediante las garantías de un proceso ajustado en cada uno de los procedimientos que marca la ley.
La Primera Sala discutirá sobre si la policía y el ministerio público respetaron las garantías de Cassez. Todas las instancias judiciales han dicho que sí, que a Cassez se le respetó el debido proceso y que su amparo que le daría la libertad, debe ser desechado. El ministro Zaldívar pensó de diferente manera con un proyecto de resolución cuya discusión debe iluminar no sólo la Primera Sala, sino alumbrar el futuro de la justicia mexicana, más allá de cuál sea el fallo final de los cinco ministros.
Desde un par de días antes que el ministro Arturo Zaldívar diera a conocer su proyecto de resolución donde pide la liberación de Florence Cassez, en la Suprema Corte de Justicia sabían las dos semanas que se les vendrían encima. La discusión sobre el proyecto se hará en la Primera Sala, cuyos cinco ministros, además del presidente de la Corte, Juan Silva Meza, que no está en esa sala, comenzaron a recibir a los cabilderos para escuchar los argumentos de este caso que ha dividido a la sociedad y polarizado a las élites.
No son los únicos. La Primera Sala también está partida. Conocedores de la Corte estiman que a semana y media que se discuta el proyecto, hay perfilados dos ministros en cada lado, con el restante sin saberse con certeza en qué lado terminará. Junto con Zaldívar, consideran que la ministro Olga Sánchez Cordero, ubicada en el ala liberal de la Corte, votará a favor del proyecto. En la parte contraria se encuentra el lado conservador de la Corte.
El ex presidente de la Suprema Corte, Héctor Ortiz Mayagoitia y Mario Pardo Rebolledo, quien junto con Zaldívar es el ministro con menos experiencia en el tribunal, están en las antípodas del flanco liberal de acuerdo con su récord de voto. Inclusive, la posición del ministro Pardo fue el definitivo en que se desestimara el juicio promovido por el Ombudsman de Baja California sobre la prohibición del aborto, con lo que permanecieron vigentes las reformas que establecen esa protección desde el mismo momento de la concepción.
En el fiel de la balanza, de acuerdo con los observadores de la Corte, se encuentra José Ramón Cossío, liberal como Zaldívar, pero cuya posición para el debate sobre el caso Cassez es un misterio. Cossío, sin embargo, ha votado en línea con Zaldívar en los temas sobre derechos humanos, que ha marcado a la actual Suprema Corte de Justicia, la “Décima Corte”, como se le conoce tras la reforma del Poder Judicial realizada por el ex presidente Ernesto Zedillo.
Desde hace casi 15 años, la Suprema Corte de Justicia adquirió un perfil garantista, una corriente jurídica a la que pertenecen Zaldívar y Cossío, que tuvo uno de sus principales momentos en agosto de 2010 y julio del año pasado con el Caso Radilla, cuando la Suprema Corte condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzosa de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, y obligó a reformas constitucionales en materia de derechos humanos que establecen que los derechos humanos no sólo son una prioridad, sino también la aserción y el fortalecimiento de sus garantías, con lo que el debido proceso tomó, desde ese momento, alta relevancia.
El debido proceso es un tema donde la sensibilidad social es baja, frente al dolor de las víctimas. La semana pasada se vio esa partición en la opinión pública, donde el que Cassez pague su sentencia por el dolor que causó a las víctimas de secuestro –tema que no está a discusión en la Primera Sala-, es más importante que el debido proceso –la discusión de fondo dentro de semana y media-. Es decir, con las nuevas reformas constitucionales, todos los derechos humanos, además de ser acatados de manera programática o retórica, deben ser universalmente garantizados a todos, incluidos aquellos a quienes después de les comprueben sus delitos, mediante las garantías de un proceso ajustado en cada uno de los procedimientos que marca la ley.
La Primera Sala discutirá sobre si la policía y el ministerio público respetaron las garantías de Cassez. Todas las instancias judiciales han dicho que sí, que a Cassez se le respetó el debido proceso y que su amparo que le daría la libertad, debe ser desechado. El ministro Zaldívar pensó de diferente manera con un proyecto de resolución cuya discusión debe iluminar no sólo la Primera Sala, sino alumbrar el futuro de la justicia mexicana, más allá de cuál sea el fallo final de los cinco ministros.
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