Apro
Ante las frecuentes denuncias sobre abusos cometidos contra inmigrantes indocumentados bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, organismos civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que se les permita acceder a los centros de detención en la frontera con México.
Durante una audiencia de la CIDH sobre la “situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos”, la representante de la organización proinmigrantes de Arizona “No More Deaths”, Danielle Alvarado, señaló que a lo largo de su frontera, Estados Unidos cuenta con un sistema de detención que “no puede prevenir o hasta cierto punto condona agravios cometidos contra aquellos (inmigrantes indocumentados) bajo su custodia”.
El subjefe de la patrulla fronteriza, Ron Vitiello, rechazó que ellos promuevan o toleren los abusos, “y si suceden y somos notificados de ello –agregó–, todas las quejas y acusaciones son remitidas a los agentes supervisores que, a su turno, se aseguran de que se realizan las acciones y notificaciones apropiadas”, así como que continúan por toda la “cadena de mando” para una “mayor investigación y resolución”.
En respuesta, Alvarado detalló que entre las denuncias que su organización y otras demandantes han registrado, destaca la separación familiar e incluso repatriación por diferentes puntos de la frontera de miembros de una misma familia.
Asimismo, que a los deportados no se les devuelvan sus pertenencias, así como la negación de servicios mínimos a los detenidos, como agua o medicinas, y hasta abusos más graves como los sexuales.
“La agencia (fronteriza) ha asumido la posición de que esos abusos sencillamente no sucedieron y se ha negado a publicar versiones completas de las actuales políticas de detención, así como permitir que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a esas instalaciones para supervisar las condiciones”, denunció Alvarado.
Ante tales aseveraciones, Ron Vitiello aseguró que tanto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Seguridad Nacional cuentan con suficientes mecanismos para monitorear las denuncias y aplicar políticas que no permitan abusos.
“Una cultura de crueldad no constituye un reflejo real de la patrulla fronteriza que yo conozco”, dijo.
El subjefe de la patrulla fronteriza señaló que al cruzar ilegalmente la frontera, los indocumentados son tratados “de manera humana” y los agentes “cumplen todos los requisitos” tanto durante su captura como en los centros de detención, donde se hacen “todos los esfuerzos” para tratar de forma “adecuada” a los arrestados.
“Las políticas de CBP sirven para garantizar que las acciones realizadas por sus agentes durante sus tareas son realizadas de forma profesional dentro del margen de su autoridad”, agregó.
Sin embargo, Alvarado replicó que “hay una gran diferencia entre las políticas y la práctica. Lamentablemente hay una gran diferencia entre lo que está blanco sobre negro en Washington y lo que pasa día a día en el terreno”.
Insistió:
“Puede que haya buenas políticas y gente que a nivel de cuartel general tengan buenas intenciones, pero desafortunadamente el ambiente sobre el terreno no refleja esas políticas”.
Por ello, Alvarado solicitó ante la CIDH –que celebra su 144 periodo de sesiones en Washington– la creación de un mecanismo de supervisión “independiente” que permita monitorear las acciones de los agentes y que “revise las quejas de todo tipo de gravedad”.
Asimismo, le pidió que visite la frontera para comprobar la situación de los centros de detención y que exija un mayor acceso a ellos para “acabar con estos abusos”.
Ante las frecuentes denuncias sobre abusos cometidos contra inmigrantes indocumentados bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, organismos civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que se les permita acceder a los centros de detención en la frontera con México.
Durante una audiencia de la CIDH sobre la “situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos”, la representante de la organización proinmigrantes de Arizona “No More Deaths”, Danielle Alvarado, señaló que a lo largo de su frontera, Estados Unidos cuenta con un sistema de detención que “no puede prevenir o hasta cierto punto condona agravios cometidos contra aquellos (inmigrantes indocumentados) bajo su custodia”.
El subjefe de la patrulla fronteriza, Ron Vitiello, rechazó que ellos promuevan o toleren los abusos, “y si suceden y somos notificados de ello –agregó–, todas las quejas y acusaciones son remitidas a los agentes supervisores que, a su turno, se aseguran de que se realizan las acciones y notificaciones apropiadas”, así como que continúan por toda la “cadena de mando” para una “mayor investigación y resolución”.
En respuesta, Alvarado detalló que entre las denuncias que su organización y otras demandantes han registrado, destaca la separación familiar e incluso repatriación por diferentes puntos de la frontera de miembros de una misma familia.
Asimismo, que a los deportados no se les devuelvan sus pertenencias, así como la negación de servicios mínimos a los detenidos, como agua o medicinas, y hasta abusos más graves como los sexuales.
“La agencia (fronteriza) ha asumido la posición de que esos abusos sencillamente no sucedieron y se ha negado a publicar versiones completas de las actuales políticas de detención, así como permitir que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a esas instalaciones para supervisar las condiciones”, denunció Alvarado.
Ante tales aseveraciones, Ron Vitiello aseguró que tanto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Seguridad Nacional cuentan con suficientes mecanismos para monitorear las denuncias y aplicar políticas que no permitan abusos.
“Una cultura de crueldad no constituye un reflejo real de la patrulla fronteriza que yo conozco”, dijo.
El subjefe de la patrulla fronteriza señaló que al cruzar ilegalmente la frontera, los indocumentados son tratados “de manera humana” y los agentes “cumplen todos los requisitos” tanto durante su captura como en los centros de detención, donde se hacen “todos los esfuerzos” para tratar de forma “adecuada” a los arrestados.
“Las políticas de CBP sirven para garantizar que las acciones realizadas por sus agentes durante sus tareas son realizadas de forma profesional dentro del margen de su autoridad”, agregó.
Sin embargo, Alvarado replicó que “hay una gran diferencia entre las políticas y la práctica. Lamentablemente hay una gran diferencia entre lo que está blanco sobre negro en Washington y lo que pasa día a día en el terreno”.
Insistió:
“Puede que haya buenas políticas y gente que a nivel de cuartel general tengan buenas intenciones, pero desafortunadamente el ambiente sobre el terreno no refleja esas políticas”.
Por ello, Alvarado solicitó ante la CIDH –que celebra su 144 periodo de sesiones en Washington– la creación de un mecanismo de supervisión “independiente” que permita monitorear las acciones de los agentes y que “revise las quejas de todo tipo de gravedad”.
Asimismo, le pidió que visite la frontera para comprobar la situación de los centros de detención y que exija un mayor acceso a ellos para “acabar con estos abusos”.
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