Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
En un afán de brevedad es posible que escriba ideas y frases inconclusas, pero en ningún momento con la intención de defraudar al lector, mucho menos eludir la responsabilidad adquirida con él y con quienes hacen posible este portal informativo.
Lo que no deja de sorprenderme, es que a pesar de seguir una línea ideológica congruente e invariable, de pronto interpreten algún texto en sentido totalmente contrario a la posición política original de este periodista, como ocurrió con el criticado Cassez, Magaloni, Zaldívar, en el que apunté, y reitero, que la discusión nacional sobre el debido proceso a la secuestradora francesa oculta el verdadero problema del Poder Judicial de la Federación, notoriamente de los ministros de la SCJN: su sujeción a los intereses políticos del Poder Ejecutivo.
Si Florence Cassez es amparada por la justicia a la cual burló, o si permanece en México -a pesar de la “recreación informativa de la realidad en procuración de justicia”, para atender a intereses ajenos a la sociedad y a la seguridad pública-, en nada modificará una percepción que la sociedad se ha hecho de sus juzgadores: están peor que antes de la reforma judicial y constitucional de 1994-1995, porque a mayor salario y más privilegios, actúan con una más reverencial sumisión a los intereses políticos.
Por haber eludido su responsabilidad al dejar abierto el caso en la Primera Sala de la SCJN -equivale a un coitus interruptus-, los ministros permanecen como el trapeador judicial del Ejecutivo, a saber:
1. Si bien hay diferencia jurídica y judicial entre el caso Cassez y los de Lydia Cacho, Guardería ABC, San Mateo Atenco, Acteal, por mencionar algunos, en esencia el espíritu del Derecho y de la administración de justicia es el mismo: el debido proceso, el amparo contra el abuso. Entonces, ¿por qué a unos sí se les concede, y a otros no?
2. Afirmó el ministro Juan Silva Meza que la Ley no puede cumplirse a capricho, y que la verdadera “seguridad” se constituye con la “legalidad”. ¿Por qué los deudos de los niños muertos en Hermosillo, o Lydia Cacho sí recibieron una resolución condicionada y a capricho?
3. ¿Sienta precedente judicial el amparo a Cassez? ¿Si determina judicialmente un abuso cometido por el gobierno, habrá consecuencias legales para quienes incurrieron en él, y al menos Lizeth Parra, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino presentarán su renuncia?
Lo que debe revisarse, insisto, no es el debido proceso, sino el debido comportamiento de los juzgadores, principalmente la observancia del mandato constitucional por parte de los ministros de la SCJN, porque resulta curioso que unos merezcan justicia y gracia, y otros justicia a secas.
Al eludir su responsabilidad dinamitaron la credibilidad en el Poder Judicial de la Federación. Es la sociedad la que necesita amparo contra las equívocas decisiones de la SCJN, contra su incumplimiento del mandato constitucional. ¿Con qué saldrá Olga Sánchez Cordero?
En un afán de brevedad es posible que escriba ideas y frases inconclusas, pero en ningún momento con la intención de defraudar al lector, mucho menos eludir la responsabilidad adquirida con él y con quienes hacen posible este portal informativo.
Lo que no deja de sorprenderme, es que a pesar de seguir una línea ideológica congruente e invariable, de pronto interpreten algún texto en sentido totalmente contrario a la posición política original de este periodista, como ocurrió con el criticado Cassez, Magaloni, Zaldívar, en el que apunté, y reitero, que la discusión nacional sobre el debido proceso a la secuestradora francesa oculta el verdadero problema del Poder Judicial de la Federación, notoriamente de los ministros de la SCJN: su sujeción a los intereses políticos del Poder Ejecutivo.
Si Florence Cassez es amparada por la justicia a la cual burló, o si permanece en México -a pesar de la “recreación informativa de la realidad en procuración de justicia”, para atender a intereses ajenos a la sociedad y a la seguridad pública-, en nada modificará una percepción que la sociedad se ha hecho de sus juzgadores: están peor que antes de la reforma judicial y constitucional de 1994-1995, porque a mayor salario y más privilegios, actúan con una más reverencial sumisión a los intereses políticos.
Por haber eludido su responsabilidad al dejar abierto el caso en la Primera Sala de la SCJN -equivale a un coitus interruptus-, los ministros permanecen como el trapeador judicial del Ejecutivo, a saber:
1. Si bien hay diferencia jurídica y judicial entre el caso Cassez y los de Lydia Cacho, Guardería ABC, San Mateo Atenco, Acteal, por mencionar algunos, en esencia el espíritu del Derecho y de la administración de justicia es el mismo: el debido proceso, el amparo contra el abuso. Entonces, ¿por qué a unos sí se les concede, y a otros no?
2. Afirmó el ministro Juan Silva Meza que la Ley no puede cumplirse a capricho, y que la verdadera “seguridad” se constituye con la “legalidad”. ¿Por qué los deudos de los niños muertos en Hermosillo, o Lydia Cacho sí recibieron una resolución condicionada y a capricho?
3. ¿Sienta precedente judicial el amparo a Cassez? ¿Si determina judicialmente un abuso cometido por el gobierno, habrá consecuencias legales para quienes incurrieron en él, y al menos Lizeth Parra, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino presentarán su renuncia?
Lo que debe revisarse, insisto, no es el debido proceso, sino el debido comportamiento de los juzgadores, principalmente la observancia del mandato constitucional por parte de los ministros de la SCJN, porque resulta curioso que unos merezcan justicia y gracia, y otros justicia a secas.
Al eludir su responsabilidad dinamitaron la credibilidad en el Poder Judicial de la Federación. Es la sociedad la que necesita amparo contra las equívocas decisiones de la SCJN, contra su incumplimiento del mandato constitucional. ¿Con qué saldrá Olga Sánchez Cordero?
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