Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El problema con los inmarcesibles juristas, los pulcros defensores del derecho es que proceden al análisis de la reacción social frente a una sentencia, fallo, amparo o resolución considerados injustos, como si únicamente ellos fuesen poseedores de la verdad judicial, considerada por encima de la justicia.
Ana Laura Magaloni Kerpel, en su texto de Reforma del 10 de marzo último, argumenta: “Creemos que la presunción de inocencia, el derecho del acusado a ser asistido, a no ser incomunicado o el derecho a un juez sin ideas preconcebidas son meros formalismos legales”, porque asume como cierta y verificable la actitud ética y apegada a Derecho del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuando, por el tiempo político, la argumentación legal usada por el ponente de la Primera Sala de la SCJN no resiste el más pequeño análisis sobre las consignas que determinaron y definieron su proyecto.
Lo que debe estar a discusión no es la libertad de Florence Cassez por recreación de hechos en la procuración de justicia, sino los niveles de corrupción judicial que enlodan la toga de los ministros de la SCJN que, por consigna del titular del Poder Ejecutivo, buscan el debido proceso para la secuestradora francesa, pero lo negaron a los deudos de los bebés muertos en la Guardería ABC, a Lydia Cacho, a las víctimas de San Mateo Atenco y las de Acteal, pues de otra manera Ernesto Zedillo no andaría como Johnny Walker. Hoy, pocos dudan que el ministro Lelo de Larrea recibiera instrucciones para determinar judicialmente su decisión, de acuerdo a los intereses políticos del momento: dinamitar la poca credibilidad del Poder Judicial.
¿Acudiría el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a someterse al polígrafo, para dar por cierta su verdad jurídica en la recomendación de otorgar amparo a Florence Cassez, apegado al mandato constitucional, y sin ninguna consigna política?
Ana Laura Magaloni Kerpel pierde de vista que lo que en este caso la opinión pública pone en tela de juicio no es el debido proceso, sino la probidad ética, moral, judicial y jurídica de los ministros todos de la SCJN, porque antes de que se le dictara sentencia a la secuestradora Florence Cassez, perfectamente identificada, la misma opinión pública denunció “la recreación informativa” que a instancias de Lizeth Parra ordenó Genaro García Luna, pero desde la oficina de prensa del Ejecutivo se dieron instrucciones de ignorar el hecho, y los togados acataron la orden.
Si los jueces, magistrados y ministros lo supieron en su momento, ¿por qué antes sí callaron, y ahora no?
Lo que debe ser sujeto a revisión son los modelos de procuración y administración de justicia, es la “recreación informativa de la realidad” para servir a la impostura del gobierno de Felipe Calderón, que ha hecho de la toga de los ministros de la SCJN su trapeador jurisdiccional, para politizar la administración de justicia tanto como convenga a sus intereses.
Lo que debe revisarse es la obsecuencia de los ministros para prestarse a ese perverso juego político y, antes que cumplir con su mandato constitucional, dejar contento al titular del Ejecutivo.
El problema con los inmarcesibles juristas, los pulcros defensores del derecho es que proceden al análisis de la reacción social frente a una sentencia, fallo, amparo o resolución considerados injustos, como si únicamente ellos fuesen poseedores de la verdad judicial, considerada por encima de la justicia.
Ana Laura Magaloni Kerpel, en su texto de Reforma del 10 de marzo último, argumenta: “Creemos que la presunción de inocencia, el derecho del acusado a ser asistido, a no ser incomunicado o el derecho a un juez sin ideas preconcebidas son meros formalismos legales”, porque asume como cierta y verificable la actitud ética y apegada a Derecho del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuando, por el tiempo político, la argumentación legal usada por el ponente de la Primera Sala de la SCJN no resiste el más pequeño análisis sobre las consignas que determinaron y definieron su proyecto.
Lo que debe estar a discusión no es la libertad de Florence Cassez por recreación de hechos en la procuración de justicia, sino los niveles de corrupción judicial que enlodan la toga de los ministros de la SCJN que, por consigna del titular del Poder Ejecutivo, buscan el debido proceso para la secuestradora francesa, pero lo negaron a los deudos de los bebés muertos en la Guardería ABC, a Lydia Cacho, a las víctimas de San Mateo Atenco y las de Acteal, pues de otra manera Ernesto Zedillo no andaría como Johnny Walker. Hoy, pocos dudan que el ministro Lelo de Larrea recibiera instrucciones para determinar judicialmente su decisión, de acuerdo a los intereses políticos del momento: dinamitar la poca credibilidad del Poder Judicial.
¿Acudiría el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a someterse al polígrafo, para dar por cierta su verdad jurídica en la recomendación de otorgar amparo a Florence Cassez, apegado al mandato constitucional, y sin ninguna consigna política?
Ana Laura Magaloni Kerpel pierde de vista que lo que en este caso la opinión pública pone en tela de juicio no es el debido proceso, sino la probidad ética, moral, judicial y jurídica de los ministros todos de la SCJN, porque antes de que se le dictara sentencia a la secuestradora Florence Cassez, perfectamente identificada, la misma opinión pública denunció “la recreación informativa” que a instancias de Lizeth Parra ordenó Genaro García Luna, pero desde la oficina de prensa del Ejecutivo se dieron instrucciones de ignorar el hecho, y los togados acataron la orden.
Si los jueces, magistrados y ministros lo supieron en su momento, ¿por qué antes sí callaron, y ahora no?
Lo que debe ser sujeto a revisión son los modelos de procuración y administración de justicia, es la “recreación informativa de la realidad” para servir a la impostura del gobierno de Felipe Calderón, que ha hecho de la toga de los ministros de la SCJN su trapeador jurisdiccional, para politizar la administración de justicia tanto como convenga a sus intereses.
Lo que debe revisarse es la obsecuencia de los ministros para prestarse a ese perverso juego político y, antes que cumplir con su mandato constitucional, dejar contento al titular del Ejecutivo.
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