Ricardo Alemán
Dice la conseja popular que, en tiempos electorales, nada escapa del interés de los comicios. Y en buena medida tiene razón, ya que, para la vida pública, el tiempo electoral es algo así como la refundación del periodo para disputar el poder.
Por eso, las rigurosas reglas electorales prohíben a los gobiernos federal y a los estatales la promoción de sus logros en la temporada electoral, en tanto los partidos tienen impedida la compra de espacios en los medios, para evitar las campañas disfrazadas de todo tipo de actividades dizque inofensivas.
En el primer caso —el de las prohibiciones a la promoción de los logros del gobierno—, resulta entendible la limitante, ya que precisamente —durante un proceso electoral— lo que está en juego es la permanencia y/o la despedida de quienes gobernaron en el ciclo por terminar; un sexenio, en el caso mexicano.
Es decir, que las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo serán —para los electores en general— la posibilidad de someter al caprichoso juicio social y/o ciudadano el desempeño del gobierno de Felipe Calderón —y de los dos sexenios del PAN en el poder—, en tanto que en los gobiernos estatales, incluido el Distrito Federal, los ciudadanos someterán al mismo juicio social a los gobernantes en turno. Y, claro, decidirán si se van o se quedan.
Pero si bien la rigurosa reglamentación electoral —que intenta regularlo todo— nada dice del uso político de la justicia en tiempos electorales, lo cierto es que no faltan los gobernantes, políticos, partidos, candidatos y, en el extremo, juzgadores, como uno que otro ministro de la Suprema Corte, que no dejan escapar la oportunidad para hacer política, dañar al adversario y sacar raja electoral de la impartición de justicia.
Así, por ejemplo, el gobierno del presidente Calderón ha sacado raja político-electoral con temas como el michoacanazo, entre muchos otros. Al mismo tiempo, juntos el PAN y el PRD convirtieron en verdadero circo mediático las transas del ex gobernador del PRI en Coahuila, Humberto Moreira, a quien tumbaron de la presidencia del PRI, precisamente gracias al manejo político y mediático de la justicia.
Recientemente, en su decálogo contra el más aventajado de los competidores por la Presidencia, contra Enrique Peña Nieto, el PAN ha utilizado precisamente las fallas y deficiencias en impartición de justicia que ha tenido el gobierno mexiquense, para debilitar al puntero, en tanto que, en el otro extremo, el candidato López Obrador presume que en todo el país pondrá en práctica una policía y una impartición de justicia como la del Distrito Federal, como si no alcanzara a ver que esa policía y esa impartición de justicia apenas alcanzan el estatus de “las menos malas”.
Pero el tema que se ha convertido en verdadero “bombón” —del grosero uso político de la justicia— es el de la secuestradora Florence Cassez, que es utilizado como ariete político electoral, no sólo por los reeleccionistas del presidente francés, Nicolas Sarkozy, sino por la muy doméstica candidatura de la aspirante del PAN al GDF, la señora Isabel Miranda de Wallace, pasando por el ministro ponente, en la Corte, Arturo Saldívar.
En los tres casos —esto sin tomar en cuenta el activismo político que despliega la CNDH, cuyo presidente, Raúl Plascencia, es ahijado político de la señora Wallace— es evidente que la justicia quiere ser manipulada con fines político-electorales, y que una secuestradora como la señora Cassez terminará por aportar y/o quitar votos a las causas que la usan.
Y, en efecto, hoy nadie sabe lo que pasará en la Corte en las próximas horas, respecto al tema Cassez. Pero lo que todos saben es que es un asunto que ha sido usado, de manera grosera, con fines electorales. Acaso por eso valdría conocer las diferencias entre política y justicia que aquí nos regaló José Elías Romero Apis, en su colaboración del pasado viernes 16.
“La política casi siempre tiene que ser tolerante. La justicia casi nunca debe serlo. La política se explica para lograr que sea lo que queremos que sea. La justicia se explica para lograr que sea lo que tiene que ser. El motivo de ser de la política es la voluntad. El de la justicia, el deber. La política triunfa cuando el pueblo fue satisfecho. La justica triunfa cuando el pueblo ha cumplido”.
Está claro que la Corte se prestó al grosero manoseo político y mediático del tema Cassez. Sería saludable para todos que el resto de los ministros no intenten una salida política a un asunto de justicia elemental. Al tiempo.
Dice la conseja popular que, en tiempos electorales, nada escapa del interés de los comicios. Y en buena medida tiene razón, ya que, para la vida pública, el tiempo electoral es algo así como la refundación del periodo para disputar el poder.
Por eso, las rigurosas reglas electorales prohíben a los gobiernos federal y a los estatales la promoción de sus logros en la temporada electoral, en tanto los partidos tienen impedida la compra de espacios en los medios, para evitar las campañas disfrazadas de todo tipo de actividades dizque inofensivas.
En el primer caso —el de las prohibiciones a la promoción de los logros del gobierno—, resulta entendible la limitante, ya que precisamente —durante un proceso electoral— lo que está en juego es la permanencia y/o la despedida de quienes gobernaron en el ciclo por terminar; un sexenio, en el caso mexicano.
Es decir, que las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo serán —para los electores en general— la posibilidad de someter al caprichoso juicio social y/o ciudadano el desempeño del gobierno de Felipe Calderón —y de los dos sexenios del PAN en el poder—, en tanto que en los gobiernos estatales, incluido el Distrito Federal, los ciudadanos someterán al mismo juicio social a los gobernantes en turno. Y, claro, decidirán si se van o se quedan.
Pero si bien la rigurosa reglamentación electoral —que intenta regularlo todo— nada dice del uso político de la justicia en tiempos electorales, lo cierto es que no faltan los gobernantes, políticos, partidos, candidatos y, en el extremo, juzgadores, como uno que otro ministro de la Suprema Corte, que no dejan escapar la oportunidad para hacer política, dañar al adversario y sacar raja electoral de la impartición de justicia.
Así, por ejemplo, el gobierno del presidente Calderón ha sacado raja político-electoral con temas como el michoacanazo, entre muchos otros. Al mismo tiempo, juntos el PAN y el PRD convirtieron en verdadero circo mediático las transas del ex gobernador del PRI en Coahuila, Humberto Moreira, a quien tumbaron de la presidencia del PRI, precisamente gracias al manejo político y mediático de la justicia.
Recientemente, en su decálogo contra el más aventajado de los competidores por la Presidencia, contra Enrique Peña Nieto, el PAN ha utilizado precisamente las fallas y deficiencias en impartición de justicia que ha tenido el gobierno mexiquense, para debilitar al puntero, en tanto que, en el otro extremo, el candidato López Obrador presume que en todo el país pondrá en práctica una policía y una impartición de justicia como la del Distrito Federal, como si no alcanzara a ver que esa policía y esa impartición de justicia apenas alcanzan el estatus de “las menos malas”.
Pero el tema que se ha convertido en verdadero “bombón” —del grosero uso político de la justicia— es el de la secuestradora Florence Cassez, que es utilizado como ariete político electoral, no sólo por los reeleccionistas del presidente francés, Nicolas Sarkozy, sino por la muy doméstica candidatura de la aspirante del PAN al GDF, la señora Isabel Miranda de Wallace, pasando por el ministro ponente, en la Corte, Arturo Saldívar.
En los tres casos —esto sin tomar en cuenta el activismo político que despliega la CNDH, cuyo presidente, Raúl Plascencia, es ahijado político de la señora Wallace— es evidente que la justicia quiere ser manipulada con fines político-electorales, y que una secuestradora como la señora Cassez terminará por aportar y/o quitar votos a las causas que la usan.
Y, en efecto, hoy nadie sabe lo que pasará en la Corte en las próximas horas, respecto al tema Cassez. Pero lo que todos saben es que es un asunto que ha sido usado, de manera grosera, con fines electorales. Acaso por eso valdría conocer las diferencias entre política y justicia que aquí nos regaló José Elías Romero Apis, en su colaboración del pasado viernes 16.
“La política casi siempre tiene que ser tolerante. La justicia casi nunca debe serlo. La política se explica para lograr que sea lo que queremos que sea. La justicia se explica para lograr que sea lo que tiene que ser. El motivo de ser de la política es la voluntad. El de la justicia, el deber. La política triunfa cuando el pueblo fue satisfecho. La justica triunfa cuando el pueblo ha cumplido”.
Está claro que la Corte se prestó al grosero manoseo político y mediático del tema Cassez. Sería saludable para todos que el resto de los ministros no intenten una salida política a un asunto de justicia elemental. Al tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario