Alberto Aguirre M.
Alberto Aguirre M.
Los partidos “grandes” ya definieron a los protagonistas del 2012. La exclusión del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, de la boleta electoral hará prescindible cualquier discusión ortodoxa sobre la marcha de la economía. Y por el contrario, la inclusión de Josefina Vázquez Mota atraerá (como ya ocurrió, de facto) los reflectores sobre los saldos de la política social durante la primera década del siglo 21.
Para la abanderada panista a la Presidencia de la República, los territorios del debate resultan fangosos. Y más, si permite que sus adversarios conviertan las campañas en un referéndum sobre los regímenes panistas o en un confesionario donde tenga que definir su postura, respecto de asuntos polémicos como el derecho de las mujeres a abortar o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el combate a la corrupción, Vázquez Mota podría encontrar un solaz de refugio y amparo, sobre todo si las pesquisas judiciales en curso sobre mandatarios priistas del norte y el golfo derivan en la aprehensión de connotados dirigentes partidistas. Una apuesta en este rubro, sin embargo, puede resultar contraproducente, ante la laxitud de los gobiernos panistas en la concesión de contratos y la contratación de obras públicas.
¿Y la guerra contra las drogas? La abanderada del PAN deberá establecer con claridad y precisión si ésta debe continuar –en seguimiento a la línea trazada por la administración calderonista– o finalizar.
La introducción de este tema en la agenda de las campañas debe atribuirse al presidente Calderón Hinojosa. “¡Claro que hay que combatir a los criminales! Y el gobernante que considere no combatirlos (mejor) que no sea gobernante”, expresó apenas antier en Tecámac, Estado de México.
Para los candidatos presidenciales, una buena parte de estas definiciones tienen que ver con el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales, pero también con el establecimiento de una postura respecto de la legalización del consumo de algunas sustancias catalogadas como prohibidas.
Y es que cada vez más –dentro y fuera de México– las voces que se pronuncian a favor de un sistema de regulación “efectivo y humanitario” de las drogas son más potentes.
El saldo sanguinario de la política de seguridad pública del gobierno federal constriñe la discusión al empleo de mayor inteligencia –en una acepción amplia– para encarar a las bandas del crimen organizado.
Algunos personajes de renombre, como los intelectuales Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, han expresado su postura contraria a la agenda prohibicionista global, basada en la visión de las drogas como ‘amenaza’, una agenda que da una autoridad moral clara y directa a aquellos que la respaldan, mientras califica de ética y políticamente irresponsables a quienes se oponen a ella.
Otros, como el ex presidente Vicente Fox, han disparado bolas de humo sobre el tema –su propuesta de una tregua con los capos fue malinterpretada y censurada– que han reducido a su mínima expresión el debate de fondo: ¿puede el absolutismo moral reemplazar a la ética de la efectividad que se le exige a los gobiernos en este tema?
Nadie en control absoluto de sus cabales podría pedir a los candidatos presidenciales que se pronuncien a favor de la legalización inmediata e incondicional de todas las drogas. En cambio, resulta necesario escuchar sus planteamientos, ante la evidencia creciente que sugiere que la forma más eficaz de reducir al mínimo los efectos nocivos de las drogas es mediante la regulación, basada en estructuras normativas y legales, en vez de la prohibición.
Mañana, en el Museo de Antropología y por la convocatoria de México Unido contra la Delincuencia, tendrá lugar una de las discusiones definitorias de los términos de este debate. “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, se llama este foro internacional, que durará tres días contará con la participación de los ex presidentes Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia; del ex subsecretario de Estados de la administración Clinton, Arturo Valenzuela, de los investigadores Luis de la Calle, Juan Pardinas, Ernesto López Portillo y Luis Astorga; de Ethan Nadelmann, director del Drug Policy Alliance y otros expertos.
Alberto Aguirre M.
Los partidos “grandes” ya definieron a los protagonistas del 2012. La exclusión del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, de la boleta electoral hará prescindible cualquier discusión ortodoxa sobre la marcha de la economía. Y por el contrario, la inclusión de Josefina Vázquez Mota atraerá (como ya ocurrió, de facto) los reflectores sobre los saldos de la política social durante la primera década del siglo 21.
Para la abanderada panista a la Presidencia de la República, los territorios del debate resultan fangosos. Y más, si permite que sus adversarios conviertan las campañas en un referéndum sobre los regímenes panistas o en un confesionario donde tenga que definir su postura, respecto de asuntos polémicos como el derecho de las mujeres a abortar o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el combate a la corrupción, Vázquez Mota podría encontrar un solaz de refugio y amparo, sobre todo si las pesquisas judiciales en curso sobre mandatarios priistas del norte y el golfo derivan en la aprehensión de connotados dirigentes partidistas. Una apuesta en este rubro, sin embargo, puede resultar contraproducente, ante la laxitud de los gobiernos panistas en la concesión de contratos y la contratación de obras públicas.
¿Y la guerra contra las drogas? La abanderada del PAN deberá establecer con claridad y precisión si ésta debe continuar –en seguimiento a la línea trazada por la administración calderonista– o finalizar.
La introducción de este tema en la agenda de las campañas debe atribuirse al presidente Calderón Hinojosa. “¡Claro que hay que combatir a los criminales! Y el gobernante que considere no combatirlos (mejor) que no sea gobernante”, expresó apenas antier en Tecámac, Estado de México.
Para los candidatos presidenciales, una buena parte de estas definiciones tienen que ver con el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales, pero también con el establecimiento de una postura respecto de la legalización del consumo de algunas sustancias catalogadas como prohibidas.
Y es que cada vez más –dentro y fuera de México– las voces que se pronuncian a favor de un sistema de regulación “efectivo y humanitario” de las drogas son más potentes.
El saldo sanguinario de la política de seguridad pública del gobierno federal constriñe la discusión al empleo de mayor inteligencia –en una acepción amplia– para encarar a las bandas del crimen organizado.
Algunos personajes de renombre, como los intelectuales Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, han expresado su postura contraria a la agenda prohibicionista global, basada en la visión de las drogas como ‘amenaza’, una agenda que da una autoridad moral clara y directa a aquellos que la respaldan, mientras califica de ética y políticamente irresponsables a quienes se oponen a ella.
Otros, como el ex presidente Vicente Fox, han disparado bolas de humo sobre el tema –su propuesta de una tregua con los capos fue malinterpretada y censurada– que han reducido a su mínima expresión el debate de fondo: ¿puede el absolutismo moral reemplazar a la ética de la efectividad que se le exige a los gobiernos en este tema?
Nadie en control absoluto de sus cabales podría pedir a los candidatos presidenciales que se pronuncien a favor de la legalización inmediata e incondicional de todas las drogas. En cambio, resulta necesario escuchar sus planteamientos, ante la evidencia creciente que sugiere que la forma más eficaz de reducir al mínimo los efectos nocivos de las drogas es mediante la regulación, basada en estructuras normativas y legales, en vez de la prohibición.
Mañana, en el Museo de Antropología y por la convocatoria de México Unido contra la Delincuencia, tendrá lugar una de las discusiones definitorias de los términos de este debate. “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, se llama este foro internacional, que durará tres días contará con la participación de los ex presidentes Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia; del ex subsecretario de Estados de la administración Clinton, Arturo Valenzuela, de los investigadores Luis de la Calle, Juan Pardinas, Ernesto López Portillo y Luis Astorga; de Ethan Nadelmann, director del Drug Policy Alliance y otros expertos.
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