Salvador García Soto
Las investigaciones judiciales que vinculan a políticos o funcionarios con el crimen organizado no han sido el fuerte del gobierno de Felipe Calderón. Aunque en sus discursos el mandatario ha hablado hasta el cansancio de la existencia de “vínculos” entre algunos políticos y sus partidos con el narcotráfico, e incluso ha aludido directamente al PRI, a la hora de llevar esas acusaciones al terreno oficial de una Averiguación Previa, la mayoría de los casos se le han caído a esta administración por fallas en las integraciones o falta de pruebas, según los jueces.
El país entero fue testigo de sonados casos que. en su momento, fueron una bomba mediática y política: “31 alcaldes y funcionarios estatales de Michoacán detenidos por estar vinculados a La Familia”, decían los titulares el 26 de mayo de 2009, cuando el gobierno hablaba “del más duro golpe a la narcopolítica” que se haya dado en la historia. Un año después quedaban sólo 7 acusados en la cárcel, el resto habían sido liberados por los jueces por falta de pruebas o por errores del Ministerio Público al integrar las averiguaciones, y para mayo del 2011 era liberado el último alcalde acusado, también por falta de elementos.
No fue el único ridículo monumental de la PGR y de la administración calderonista en su afán de probar los vínculos de la narcopolítica. La detención de Jorge Hank Rhon, en su casa de Tijuana por militares del Ejército que allanaron su domicilio, el 4 de junio de 2011, cimbró al mundo político y desató toda clase de especulaciones sobre la anunciada ofensiva de Calderón contra los políticos priistas vinculados al narco. Tres días después, el caso se les cayó y Hank Rhon fue liberado por los jueces que encontraron “inconsistencias” en la declaración de los soldados que entraron a la casa del político priista, que hoy aparece como precandidato a la gubernatura de Baja California.
Cada época de elecciones, durante el calderonato, los rumores y versiones de “inminentes detenciones y golpes” contra gobernadores o ex gobernadores, casi siempre del PRI, han campeado. La mañana del lunes la noticia de una “alerta migratoria” contra los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, desató de nuevo los demonios de una cacería electoral y encendió las alarmas en la sede priista de Insurgentes Norte.
Durante todo el día la noticia se dejó correr profusamente sin una confirmación oficial. Ni la PGR atinaba a decir nada ni la SCT, fuente de la supuesta “alerta”, corroboraba los datos difundidos en principio por el periodista Ramón Alberto Garza en Reporte Indigo. El olor a otro “michoacanazo” revivía y una vez más la impericia de la PGR y de la administración en las lides judiciales se asomaba. Fue hasta la madrugada cuando la Procuraduría desmintió la existencia de una “alerta migratoria” o de cualquier restricción para los ex gobernadores tamaulipecos, aunque sí confirmó que “los tres están siendo investigados en sus actividades”.
Así de ambigua y confusa fue la información de la PGR, que habló de otras 35 personas investigadas junto a los ex mandatarios, sin precisar por qué delitos se les investiga. Mucho más claros que el gobierno, salieron dos de ellos, Cavazos y Hernández, a decir que están listos si la Procuraduría los requiere.
Es claro que volvió la época electoral y vuelve la eterna tentación de Calderón por demostrar que PRI es igual a narco. Dos veces ya hizo el ridículo con investigaciones mal integradas, ¿podrá esta vez o podemos empezar a hablar del “tamaulipazo”?
Las investigaciones judiciales que vinculan a políticos o funcionarios con el crimen organizado no han sido el fuerte del gobierno de Felipe Calderón. Aunque en sus discursos el mandatario ha hablado hasta el cansancio de la existencia de “vínculos” entre algunos políticos y sus partidos con el narcotráfico, e incluso ha aludido directamente al PRI, a la hora de llevar esas acusaciones al terreno oficial de una Averiguación Previa, la mayoría de los casos se le han caído a esta administración por fallas en las integraciones o falta de pruebas, según los jueces.
El país entero fue testigo de sonados casos que. en su momento, fueron una bomba mediática y política: “31 alcaldes y funcionarios estatales de Michoacán detenidos por estar vinculados a La Familia”, decían los titulares el 26 de mayo de 2009, cuando el gobierno hablaba “del más duro golpe a la narcopolítica” que se haya dado en la historia. Un año después quedaban sólo 7 acusados en la cárcel, el resto habían sido liberados por los jueces por falta de pruebas o por errores del Ministerio Público al integrar las averiguaciones, y para mayo del 2011 era liberado el último alcalde acusado, también por falta de elementos.
No fue el único ridículo monumental de la PGR y de la administración calderonista en su afán de probar los vínculos de la narcopolítica. La detención de Jorge Hank Rhon, en su casa de Tijuana por militares del Ejército que allanaron su domicilio, el 4 de junio de 2011, cimbró al mundo político y desató toda clase de especulaciones sobre la anunciada ofensiva de Calderón contra los políticos priistas vinculados al narco. Tres días después, el caso se les cayó y Hank Rhon fue liberado por los jueces que encontraron “inconsistencias” en la declaración de los soldados que entraron a la casa del político priista, que hoy aparece como precandidato a la gubernatura de Baja California.
Cada época de elecciones, durante el calderonato, los rumores y versiones de “inminentes detenciones y golpes” contra gobernadores o ex gobernadores, casi siempre del PRI, han campeado. La mañana del lunes la noticia de una “alerta migratoria” contra los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, desató de nuevo los demonios de una cacería electoral y encendió las alarmas en la sede priista de Insurgentes Norte.
Durante todo el día la noticia se dejó correr profusamente sin una confirmación oficial. Ni la PGR atinaba a decir nada ni la SCT, fuente de la supuesta “alerta”, corroboraba los datos difundidos en principio por el periodista Ramón Alberto Garza en Reporte Indigo. El olor a otro “michoacanazo” revivía y una vez más la impericia de la PGR y de la administración en las lides judiciales se asomaba. Fue hasta la madrugada cuando la Procuraduría desmintió la existencia de una “alerta migratoria” o de cualquier restricción para los ex gobernadores tamaulipecos, aunque sí confirmó que “los tres están siendo investigados en sus actividades”.
Así de ambigua y confusa fue la información de la PGR, que habló de otras 35 personas investigadas junto a los ex mandatarios, sin precisar por qué delitos se les investiga. Mucho más claros que el gobierno, salieron dos de ellos, Cavazos y Hernández, a decir que están listos si la Procuraduría los requiere.
Es claro que volvió la época electoral y vuelve la eterna tentación de Calderón por demostrar que PRI es igual a narco. Dos veces ya hizo el ridículo con investigaciones mal integradas, ¿podrá esta vez o podemos empezar a hablar del “tamaulipazo”?
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