Raymundo Riva Palacio
Impecable y con el respaldo de los medios, el gobierno federal problematizó los conflictos dentro del PRI y esbozó una posible estrategia electoral. En un solo día colocó en el patíbulo de la opinión pública al gobernador de Veracruz y a tres ex gobernadores de Tamaulipas. La sola sugerencia de que andaban en malos pasos, rompió la cohesión en el PRI y mostró sus divisiones y temores de que esto es sea sólo el principio de una temporada de patos.
Comenzó con la publicación en la prensa que habían detenido a personal vinculado al gobierno de Veracruz con 25 millones de pesos. Funcionarios veracruzanos explicaron el por qué ni era delito transportar dinero en efectivo –lo que es cierto-, y que esos recursos estaban destinado a pagar varios eventos culturales a proveedores capitalinos –sin aportar documentación de soporte-. Todo era transparente, alegaron, aunque por la noche destituyeron al tesorero estatal, que contradijo toda la argumentación esgrimida.
El gobernador Javier Duarte se había metido en un pantano. Estaba en la crisis cuando en los pasillos de la PGR trascendió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había emitido una alerta migratoria contra Manuel Cavazos, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, con lo que si quieren viajar al extranjero, tengan que declarar primero ante un ministerio público federal.
La PGR demoró 17 horas en matizar la imputación de la medida cautelar, lo que no cambió en absoluto que los ex gobernadores estuvieran a merced de la dependencia en el momento que lo desee, ni el daño político inflingido.
El golpe mediático sorprendió en el PRI porque no se trató sólo de Hernández, de quien existe desde el año pasado un expediente en la PGR y la sospecha en Los Pinos que tiene que ver en el asesinato del ex candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, sino porque se amplió a otros dos ex gobernadores cuyos periodos coinciden con la emergencia de Los Zetas, contra los que el gobierno ha emprendido una cacería.
Si hay o no sustento jurídico en contra de ellos, es secundario frente al impacto político que causó. No sólo abona al discurso gubernamental de que votar por el PRI este 1 de julio sería un retroceso para el país, sino que, menos visible, mostró que la cohesión interna del PRI no es tan sólida como creen muchos, y que el daño que puede hacer a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, aún no puede calcularse.
Altos funcionarios del PRI, aunque ven esos golpes como una acción electoral por parte del presidente Felipe Calderón, dijeron que en el fondo es un problema de los propios priistas por haber hecho cosas, cuando menos, irregulares.
Es decir, cambió el discurso de defensa monolítica ante la judicialización de la política, por el deslinde de algunos de sus personajes. Ya no hay defensa a ultranza, sino control de daños.
Esperan más imputaciones, inclusive contra algunos candidatos a puestos de elección popular, como el aspirante a senador Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango. Existen además expedientes en contra los ex gobernadores Fidel Herrera de Veracruz, por irregularidades administrativas y delincuencia organizada; Ulises Ruiz de Oaxaca, también por asuntos administrativos; y Humberto Moreira de Coahuila, por cinco mil millones de pesos más de endeudamiento irregular y por delincuencia organizada en el campo de los casinos.
Lo que creen en las cúpulas del PRI es que viene es una andanada sistemática en contra de algunas de sus figuras, cuya defensa podría generar más costos que beneficios.
Es decir, actuarán como si la gangrena avanzara por sus piernas, donde la mejor opción es cortársela, con todo el dolor que ello signifique, para evitar que les contamine todo el cuerpo y termine aniquilándose. Praxis política pura. Los tiempos no dan para otra cosa.
Impecable y con el respaldo de los medios, el gobierno federal problematizó los conflictos dentro del PRI y esbozó una posible estrategia electoral. En un solo día colocó en el patíbulo de la opinión pública al gobernador de Veracruz y a tres ex gobernadores de Tamaulipas. La sola sugerencia de que andaban en malos pasos, rompió la cohesión en el PRI y mostró sus divisiones y temores de que esto es sea sólo el principio de una temporada de patos.
Comenzó con la publicación en la prensa que habían detenido a personal vinculado al gobierno de Veracruz con 25 millones de pesos. Funcionarios veracruzanos explicaron el por qué ni era delito transportar dinero en efectivo –lo que es cierto-, y que esos recursos estaban destinado a pagar varios eventos culturales a proveedores capitalinos –sin aportar documentación de soporte-. Todo era transparente, alegaron, aunque por la noche destituyeron al tesorero estatal, que contradijo toda la argumentación esgrimida.
El gobernador Javier Duarte se había metido en un pantano. Estaba en la crisis cuando en los pasillos de la PGR trascendió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había emitido una alerta migratoria contra Manuel Cavazos, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, con lo que si quieren viajar al extranjero, tengan que declarar primero ante un ministerio público federal.
La PGR demoró 17 horas en matizar la imputación de la medida cautelar, lo que no cambió en absoluto que los ex gobernadores estuvieran a merced de la dependencia en el momento que lo desee, ni el daño político inflingido.
El golpe mediático sorprendió en el PRI porque no se trató sólo de Hernández, de quien existe desde el año pasado un expediente en la PGR y la sospecha en Los Pinos que tiene que ver en el asesinato del ex candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, sino porque se amplió a otros dos ex gobernadores cuyos periodos coinciden con la emergencia de Los Zetas, contra los que el gobierno ha emprendido una cacería.
Si hay o no sustento jurídico en contra de ellos, es secundario frente al impacto político que causó. No sólo abona al discurso gubernamental de que votar por el PRI este 1 de julio sería un retroceso para el país, sino que, menos visible, mostró que la cohesión interna del PRI no es tan sólida como creen muchos, y que el daño que puede hacer a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, aún no puede calcularse.
Altos funcionarios del PRI, aunque ven esos golpes como una acción electoral por parte del presidente Felipe Calderón, dijeron que en el fondo es un problema de los propios priistas por haber hecho cosas, cuando menos, irregulares.
Es decir, cambió el discurso de defensa monolítica ante la judicialización de la política, por el deslinde de algunos de sus personajes. Ya no hay defensa a ultranza, sino control de daños.
Esperan más imputaciones, inclusive contra algunos candidatos a puestos de elección popular, como el aspirante a senador Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango. Existen además expedientes en contra los ex gobernadores Fidel Herrera de Veracruz, por irregularidades administrativas y delincuencia organizada; Ulises Ruiz de Oaxaca, también por asuntos administrativos; y Humberto Moreira de Coahuila, por cinco mil millones de pesos más de endeudamiento irregular y por delincuencia organizada en el campo de los casinos.
Lo que creen en las cúpulas del PRI es que viene es una andanada sistemática en contra de algunas de sus figuras, cuya defensa podría generar más costos que beneficios.
Es decir, actuarán como si la gangrena avanzara por sus piernas, donde la mejor opción es cortársela, con todo el dolor que ello signifique, para evitar que les contamine todo el cuerpo y termine aniquilándose. Praxis política pura. Los tiempos no dan para otra cosa.
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