Alejandra Cullen Benítez
Los candidatos aseguran que hay pobreza, inseguridad, violencia y corrupción. Reconocen la falta de empleos y de crecimiento económico. Repiten la misma fórmula con distintas palabras y aseguran tener la solución. Pero esos ya no son los únicos problemas. La violencia y su difusión reconfiguró la problemática nacional. La afectación psicológica del conflicto es real y nos obliga a replantear lo que esperamos del país.
Las frases amables no nos quitarán el miedo, ni los lugares comunes sanarán las heridas de las víctimas. No es con emotivos spots que olvidaremos los descabezados, las balas, los desaparecidos y los abusos presenciados. No basta con culpar a los criminales. El daño moral de la guerra debe atenderse con un cambio en el diseño de las políticas públicas. No solo se requieren armas, un mejor sistema de justicia y transferencias sociales. Ya no solo somos un país con pobres e impunidad, vivimos una fractura social que se debe enfrentar.
Presento un resumen de las propuestas que Mauricio Meschoulam, Carlos Garza, Eliza Jaimes, Erick Fernández y yo bosquejamos para incluir la reconstrucción de la paz en la agenda pública, asumiendo que la paz no sólo es la ausencia de violencia. No son propuestas únicas ni terminadas, solo buscan abrir el debate sobre cómo enfrentar la nueva realidad nacional.
Sustituir el discurso de “lucha por la seguridad” por un proyecto integral de construcción de paz.
Suplir la disyuntiva entre combatir o no actuar por un espectro de alternativas. Diseñar políticas integrales que incluyan análisis de corto, mediano y largo plazo a nivel macro, medio y micro.
Estudiar y difundir los casos internacionales donde se hayan enfrentado y solucionado conflictos similares.
Estructurar una agenda de política pública integral e incluyente entorno a la construcción de paz. Replantear las herramientas de desarrollo social y regional.
Distinguir la ilegalidad de la violencia. Privilegiar el esquema disuasivo por encima del punitivo e idear incentivos que reduzcan los actos que dañan a la población civil. Diferenciar a los criminales irreparables de los que pueden reinsertarse a la sociedad.
Atender los efectos psicosociales producidos por la violencia asociada al crimen organizado.
Introducir una política de comunicación gubernamental que ofrezca alternativas a los medios y a la ciudadanía para evitar la retransmisión del terror. No esconder datos pero explicar las medidas para atender la emergencia.
Impulsar un “periodismo de paz” que no centre su atención en los eventos violentos. Que desentrañe los conflictos subyacentes, sus causas, y sus posibles soluciones y dirija las preguntas adecuadas a la sociedad. Que advierta cuando hay amenazas pero informe sobre los factores que producen la paz.
Evitar el uso de figuras públicas civiles para fines electorales. Esto resta credibilidad a los movimientos ciudadanos y aleja a la ciudadanía de la construcción del interés “colectivo”. Promover el diálogo real, no solo formal, entre el gobernantes y gobernados para enriquecer las iniciativas y corregir el camino cuando se demuestra que la estrategia no funciona.
El país cambió y no podemos evadirlo. Como votantes, busquemos que los candidatos centren sus propuestas en atender esta nueva realidad. Las campañas son un buen momento para impulsar el redireccionamiento de la agenda. La paz debe ser prioridad, sin ella, no hay política pública que prospere.
El documento completo se encuentra en http://bit.ly/olo2Iz.
Los candidatos aseguran que hay pobreza, inseguridad, violencia y corrupción. Reconocen la falta de empleos y de crecimiento económico. Repiten la misma fórmula con distintas palabras y aseguran tener la solución. Pero esos ya no son los únicos problemas. La violencia y su difusión reconfiguró la problemática nacional. La afectación psicológica del conflicto es real y nos obliga a replantear lo que esperamos del país.
Las frases amables no nos quitarán el miedo, ni los lugares comunes sanarán las heridas de las víctimas. No es con emotivos spots que olvidaremos los descabezados, las balas, los desaparecidos y los abusos presenciados. No basta con culpar a los criminales. El daño moral de la guerra debe atenderse con un cambio en el diseño de las políticas públicas. No solo se requieren armas, un mejor sistema de justicia y transferencias sociales. Ya no solo somos un país con pobres e impunidad, vivimos una fractura social que se debe enfrentar.
Presento un resumen de las propuestas que Mauricio Meschoulam, Carlos Garza, Eliza Jaimes, Erick Fernández y yo bosquejamos para incluir la reconstrucción de la paz en la agenda pública, asumiendo que la paz no sólo es la ausencia de violencia. No son propuestas únicas ni terminadas, solo buscan abrir el debate sobre cómo enfrentar la nueva realidad nacional.
Sustituir el discurso de “lucha por la seguridad” por un proyecto integral de construcción de paz.
Suplir la disyuntiva entre combatir o no actuar por un espectro de alternativas. Diseñar políticas integrales que incluyan análisis de corto, mediano y largo plazo a nivel macro, medio y micro.
Estudiar y difundir los casos internacionales donde se hayan enfrentado y solucionado conflictos similares.
Estructurar una agenda de política pública integral e incluyente entorno a la construcción de paz. Replantear las herramientas de desarrollo social y regional.
Distinguir la ilegalidad de la violencia. Privilegiar el esquema disuasivo por encima del punitivo e idear incentivos que reduzcan los actos que dañan a la población civil. Diferenciar a los criminales irreparables de los que pueden reinsertarse a la sociedad.
Atender los efectos psicosociales producidos por la violencia asociada al crimen organizado.
Introducir una política de comunicación gubernamental que ofrezca alternativas a los medios y a la ciudadanía para evitar la retransmisión del terror. No esconder datos pero explicar las medidas para atender la emergencia.
Impulsar un “periodismo de paz” que no centre su atención en los eventos violentos. Que desentrañe los conflictos subyacentes, sus causas, y sus posibles soluciones y dirija las preguntas adecuadas a la sociedad. Que advierta cuando hay amenazas pero informe sobre los factores que producen la paz.
Evitar el uso de figuras públicas civiles para fines electorales. Esto resta credibilidad a los movimientos ciudadanos y aleja a la ciudadanía de la construcción del interés “colectivo”. Promover el diálogo real, no solo formal, entre el gobernantes y gobernados para enriquecer las iniciativas y corregir el camino cuando se demuestra que la estrategia no funciona.
El país cambió y no podemos evadirlo. Como votantes, busquemos que los candidatos centren sus propuestas en atender esta nueva realidad. Las campañas son un buen momento para impulsar el redireccionamiento de la agenda. La paz debe ser prioridad, sin ella, no hay política pública que prospere.
El documento completo se encuentra en http://bit.ly/olo2Iz.
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