Apro
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron a México no recurrir a “falsos positivos” ni victimizar a inocentes en “el afán de producir resultados ante la legítima demanda social por mayor seguridad”.
Al término de los trabajos del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), compuesto por 18 expertos independientes, las conclusiones preliminares se centraron en la preocupación de que indígenas sean víctimas de fabricación de delitos y que carezcan de garantías en los procesos penales.
Además, los miembros del Comité mostraron su preocupación porque no se toma en cuenta a los grupos indígenas para la realización de megaproyectos de infraestructura o explotación de recursos en sus territorios.
En un comunicado conjunto elaborado por organizaciones civiles que asistieron a la sesiones del CERD –en las que se revisó la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial–, Pastor Elías Murillo Martínez recurrió en sus conclusiones preliminares a uno de los casos denunciados por las organizaciones sociales: el del indígena mazahua Hugo Sánchez, acusado de secuestro sin pruebas de por medio, para alertar sobre la tentación del gobierno de recurrir a “falsos positivos”.
Murillo Martínez, encargado de evaluar al Estado mexicano, así como los expertos José Francisco Cali Tzary, Regis de Gouttes y Patrick Thornberry, se mostraron preocupados por las irregularidades en el caso de Hugo Sánchez y por la “aparente falta de criterios claros de la policía para registrar o detener personas”.
En tanto, los especialistas Carlos Vásquez y Anwar Kemal “recordaron la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables”.
Los expertos reconocieron la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el juicio de amparo interpuesto por los abogados de Sánchez, quien es representado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En respuesta a los cuestionamientos formulados por los expertos, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, reconoció que la detención de Hugo Sánchez en 2007 se debió a que tenía una “actitud sospechosa”, y ahora que la SCJN resuelva el caso, dijo, se podrán fijar criterios “útiles para prevenir detenciones arbitrarias o la instrumentación de proceso irregulares” en el futuro, así como lineamientos para la valoración de pruebas.
Según el comunicado de las organizaciones asistentes, los expertos de la ONU mostraron interés por la realización de megaproyectos en territorios indígenas, entre ellos las concesiones mineras.
“Miembros del Comité recordaron que los megaproyectos no deben imponerse, sino que es obligatorio llevar a cabo una adecuada consulta a los pueblos”, y consideraron pertinente “otorgar reparaciones a las comunidades que hayan sufrido afectaciones por ese tipo de proyectos”, señalan el texto.
En la audiencia, los representantes del Estado mexicano, encabezados por Negrín, mencionaron el caso de las tierras sagradas de Wirikuta, ubicadas en Real de Catorce, San Luis Potosí, donde una minera canadiense tiene 22 concesiones de explotación minera sin el consentimiento de los indígenas.
De acuerdo con los representantes del Estado, “están completamente blindados los derechos espirituales” del pueblo wixárika, y aseguraron “que no se llevará a cabo un proyecto en su territorio sin una adecuada consulta” y que se cumplirá con las leyes ambientales.
Los miembros del Comité se mostraron alarmados por el asesinato de un opositor a un proyecto minero en Oaxaca, Bernardo Méndez, así como por el encarcelamiento de dos defensores de los derechos del agua en Puebla: José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz.
“En general los expertos formularon numerosas preguntas y expresaron su preocupación por la marginación de los pueblos indígenas en términos económicos y la discriminación en su contra”, y solicitaron información precisa sobre el tratamiento a la población afrodescendiente y sobre las minorías religiosas, además de que externaron su preocupación por la “situación de inseguridad que viven las personas migrantes en el país, incluyendo los secuestros a esta población”, resaltaron las organizaciones.
A nombre de la delegación mexicana, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, reconoció que “históricamente el modelo de nación mexicana se ha basado en una categoría homogeneizante que hace referencia a un ciudadano, masculino, mestizo, heterosexual, de una preferencia religiosa determinada, de una cierta ideología, urbano y adulto, lo cual ha sido un caldo de cultivo propicio para generar o permitir por omisión la exclusión de todas y todos aquellos que no se ciñan a este criterio”.
Los integrantes del Comité valoraron el reconocimiento del “carácter estructural” de la discriminación en México.
El Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de las Mujeres (CLADEM) resaltaron que dado el reconocimiento del presidente del Conapred, “como sociedad civil estaremos atentas y atentos a que las acciones del Estado para revertir la discriminación sean también de carácter estructural y contemplen la distribución de recursos y poder, y no solamente medidas de carácter cultural”.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron a México no recurrir a “falsos positivos” ni victimizar a inocentes en “el afán de producir resultados ante la legítima demanda social por mayor seguridad”.
Al término de los trabajos del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), compuesto por 18 expertos independientes, las conclusiones preliminares se centraron en la preocupación de que indígenas sean víctimas de fabricación de delitos y que carezcan de garantías en los procesos penales.
Además, los miembros del Comité mostraron su preocupación porque no se toma en cuenta a los grupos indígenas para la realización de megaproyectos de infraestructura o explotación de recursos en sus territorios.
En un comunicado conjunto elaborado por organizaciones civiles que asistieron a la sesiones del CERD –en las que se revisó la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial–, Pastor Elías Murillo Martínez recurrió en sus conclusiones preliminares a uno de los casos denunciados por las organizaciones sociales: el del indígena mazahua Hugo Sánchez, acusado de secuestro sin pruebas de por medio, para alertar sobre la tentación del gobierno de recurrir a “falsos positivos”.
Murillo Martínez, encargado de evaluar al Estado mexicano, así como los expertos José Francisco Cali Tzary, Regis de Gouttes y Patrick Thornberry, se mostraron preocupados por las irregularidades en el caso de Hugo Sánchez y por la “aparente falta de criterios claros de la policía para registrar o detener personas”.
En tanto, los especialistas Carlos Vásquez y Anwar Kemal “recordaron la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables”.
Los expertos reconocieron la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el juicio de amparo interpuesto por los abogados de Sánchez, quien es representado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En respuesta a los cuestionamientos formulados por los expertos, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, reconoció que la detención de Hugo Sánchez en 2007 se debió a que tenía una “actitud sospechosa”, y ahora que la SCJN resuelva el caso, dijo, se podrán fijar criterios “útiles para prevenir detenciones arbitrarias o la instrumentación de proceso irregulares” en el futuro, así como lineamientos para la valoración de pruebas.
Según el comunicado de las organizaciones asistentes, los expertos de la ONU mostraron interés por la realización de megaproyectos en territorios indígenas, entre ellos las concesiones mineras.
“Miembros del Comité recordaron que los megaproyectos no deben imponerse, sino que es obligatorio llevar a cabo una adecuada consulta a los pueblos”, y consideraron pertinente “otorgar reparaciones a las comunidades que hayan sufrido afectaciones por ese tipo de proyectos”, señalan el texto.
En la audiencia, los representantes del Estado mexicano, encabezados por Negrín, mencionaron el caso de las tierras sagradas de Wirikuta, ubicadas en Real de Catorce, San Luis Potosí, donde una minera canadiense tiene 22 concesiones de explotación minera sin el consentimiento de los indígenas.
De acuerdo con los representantes del Estado, “están completamente blindados los derechos espirituales” del pueblo wixárika, y aseguraron “que no se llevará a cabo un proyecto en su territorio sin una adecuada consulta” y que se cumplirá con las leyes ambientales.
Los miembros del Comité se mostraron alarmados por el asesinato de un opositor a un proyecto minero en Oaxaca, Bernardo Méndez, así como por el encarcelamiento de dos defensores de los derechos del agua en Puebla: José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz.
“En general los expertos formularon numerosas preguntas y expresaron su preocupación por la marginación de los pueblos indígenas en términos económicos y la discriminación en su contra”, y solicitaron información precisa sobre el tratamiento a la población afrodescendiente y sobre las minorías religiosas, además de que externaron su preocupación por la “situación de inseguridad que viven las personas migrantes en el país, incluyendo los secuestros a esta población”, resaltaron las organizaciones.
A nombre de la delegación mexicana, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, reconoció que “históricamente el modelo de nación mexicana se ha basado en una categoría homogeneizante que hace referencia a un ciudadano, masculino, mestizo, heterosexual, de una preferencia religiosa determinada, de una cierta ideología, urbano y adulto, lo cual ha sido un caldo de cultivo propicio para generar o permitir por omisión la exclusión de todas y todos aquellos que no se ciñan a este criterio”.
Los integrantes del Comité valoraron el reconocimiento del “carácter estructural” de la discriminación en México.
El Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de las Mujeres (CLADEM) resaltaron que dado el reconocimiento del presidente del Conapred, “como sociedad civil estaremos atentas y atentos a que las acciones del Estado para revertir la discriminación sean también de carácter estructural y contemplen la distribución de recursos y poder, y no solamente medidas de carácter cultural”.
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