Anayeli García Martínez
Mientras la ola de violencia feminicida en México parece no tener fin, los procuradores de justicia de los estados –encargados de investigar y sancionar esos crímenes– comparecen uno tras otro ante la Cámara de Diputados para presentar cifras inexactas de los asesinatos de mujeres, investigaciones imprecisas y diagnósticos inconclusos sobre violencia de género.
Desde junio del año pasado la Comisión Especial de Feminicidio comenzó a realizar reuniones de trabajo con los procuradores de justicia de todo el país, las cuales, lejos de lo que se pensaba, no han derivado en compromisos serios, ni en avances a favor del acceso a la justicia para las mujeres.
Las comparecencias se acordaron con el fin de obtener información fidedigna sobre los homicidios de mujeres, e impulsar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez en 2001, conocida como Campo Algodonero.
Sin embargo, las reuniones con los procuradores de Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, y recientemente San Luis Potosí y Puebla, se convirtieron en un ir y venir de cifras inexactas, datos imprecisos y respuestas vagas por parte de los funcionarios.
De ese modo, la Comisión Especial no ha logrado allegarse de información precisa sobre la realidad del feminicidio en México.
“Lentos resultados”
A decir de la presidenta de la Comisión Especial, la diputada del PRD Teresa Incháustegui, aunque las reuniones tienen como objetivo signar compromisos de colaboración y presentar avances sobre protocolos de investigación y bases de datos, entre otros temas, los resultados esperados “avanzan de forma lenta”.
Uno de los principales obstáculos es que las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia se niegan a presentarse ante las diputadas.
Así sucedió con el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien canceló su reunión en San Lázaro, lo que obligó a que la Comisión Permanente lo exhortara a presentarse.
Asimismo, la legisladora afirmó que algunas entidades del país han cambiado –de forma drástica e inesperada– a los titulares de las procuradurías estatales de Justicia, como sucedió en Veracruz o Guerrero, lo que significa empezar desde cero toda vez que los nuevos funcionarios pueden desconocer los acuerdos firmados, lamentó la perredista.
Pero no sólo eso, los problemas empiezan cuando los procuradores presentan información imprecisa porque acaban de llegar al puesto o porque el Ministerio Público no recabó bien los datos, el médico legista no hizo una autopsia o el encargado de recopilar esa información no fue a la reunión.
Exhibidos
Así por ejemplo, en septiembre pasado el procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, ante las cifras confusas afirmó: “Si yo tuve deficiencias en mi exposición, se van a subsanar con hechos, con la práctica cotidiana”, pero de esos hechos que anunció el funcionario aún no hay noticias.
En las comparecencias de hoy, los procuradores de Puebla, Víctor Antonio Carrancá; y de San Luis Potosí, Miguel Ángel García, al igual que sus antecesores señalaron que tienen avances significativos en “pláticas, talleres de sensibilización y foros sobre género”.
El procurador poblano afirmó que del año 2000 al 2010 se habían registrado 275 homicidios dolosos de mujeres, y que para investigar estos casos se elaboraron cuatro protocolos de investigación: de violencia sexual, homicidio, trata de personas y otro elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la PGR.
El procurador de San Luis Potosí indicó que se llevaba un 80 por ciento de avance en la elaboración de los protocolos, pero que faltaba que las entidades de la administración pública firmaran un acuerdo para darle transparencia a estos lineamientos, y así concluirlos y presentarlos.
Al hacer un balance de estas reuniones, Incháustegui señaló que en términos generales cada vez hay mayor sensibilidad de las procuradurías para tocar el tema de la violencia de género y para emprender acciones en la materia, por lo que confía en que en un futuro se obtengan resultados más claros.
La legisladora detalló que la Comisión Especial elabora una propuesta estándar para el registro de casos de feminicidio y para revisar los protocolos de investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas, a fin de que los procuradores tengan una propuesta uniforme que se aplique en todo el país.
Además explicó que luego de que la Cámara de Diputados aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal Federal, es necesario impulsar que el Senado avale la reforma tal y como se presentó en la Cámara baja. En cuanto a las comparecencias apuntó: “Estamos de nuevo enviando los requerimientos de información para los que ya vinieron”.
Mientras la ola de violencia feminicida en México parece no tener fin, los procuradores de justicia de los estados –encargados de investigar y sancionar esos crímenes– comparecen uno tras otro ante la Cámara de Diputados para presentar cifras inexactas de los asesinatos de mujeres, investigaciones imprecisas y diagnósticos inconclusos sobre violencia de género.
Desde junio del año pasado la Comisión Especial de Feminicidio comenzó a realizar reuniones de trabajo con los procuradores de justicia de todo el país, las cuales, lejos de lo que se pensaba, no han derivado en compromisos serios, ni en avances a favor del acceso a la justicia para las mujeres.
Las comparecencias se acordaron con el fin de obtener información fidedigna sobre los homicidios de mujeres, e impulsar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez en 2001, conocida como Campo Algodonero.
Sin embargo, las reuniones con los procuradores de Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, y recientemente San Luis Potosí y Puebla, se convirtieron en un ir y venir de cifras inexactas, datos imprecisos y respuestas vagas por parte de los funcionarios.
De ese modo, la Comisión Especial no ha logrado allegarse de información precisa sobre la realidad del feminicidio en México.
“Lentos resultados”
A decir de la presidenta de la Comisión Especial, la diputada del PRD Teresa Incháustegui, aunque las reuniones tienen como objetivo signar compromisos de colaboración y presentar avances sobre protocolos de investigación y bases de datos, entre otros temas, los resultados esperados “avanzan de forma lenta”.
Uno de los principales obstáculos es que las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia se niegan a presentarse ante las diputadas.
Así sucedió con el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien canceló su reunión en San Lázaro, lo que obligó a que la Comisión Permanente lo exhortara a presentarse.
Asimismo, la legisladora afirmó que algunas entidades del país han cambiado –de forma drástica e inesperada– a los titulares de las procuradurías estatales de Justicia, como sucedió en Veracruz o Guerrero, lo que significa empezar desde cero toda vez que los nuevos funcionarios pueden desconocer los acuerdos firmados, lamentó la perredista.
Pero no sólo eso, los problemas empiezan cuando los procuradores presentan información imprecisa porque acaban de llegar al puesto o porque el Ministerio Público no recabó bien los datos, el médico legista no hizo una autopsia o el encargado de recopilar esa información no fue a la reunión.
Exhibidos
Así por ejemplo, en septiembre pasado el procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, ante las cifras confusas afirmó: “Si yo tuve deficiencias en mi exposición, se van a subsanar con hechos, con la práctica cotidiana”, pero de esos hechos que anunció el funcionario aún no hay noticias.
En las comparecencias de hoy, los procuradores de Puebla, Víctor Antonio Carrancá; y de San Luis Potosí, Miguel Ángel García, al igual que sus antecesores señalaron que tienen avances significativos en “pláticas, talleres de sensibilización y foros sobre género”.
El procurador poblano afirmó que del año 2000 al 2010 se habían registrado 275 homicidios dolosos de mujeres, y que para investigar estos casos se elaboraron cuatro protocolos de investigación: de violencia sexual, homicidio, trata de personas y otro elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la PGR.
El procurador de San Luis Potosí indicó que se llevaba un 80 por ciento de avance en la elaboración de los protocolos, pero que faltaba que las entidades de la administración pública firmaran un acuerdo para darle transparencia a estos lineamientos, y así concluirlos y presentarlos.
Al hacer un balance de estas reuniones, Incháustegui señaló que en términos generales cada vez hay mayor sensibilidad de las procuradurías para tocar el tema de la violencia de género y para emprender acciones en la materia, por lo que confía en que en un futuro se obtengan resultados más claros.
La legisladora detalló que la Comisión Especial elabora una propuesta estándar para el registro de casos de feminicidio y para revisar los protocolos de investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas, a fin de que los procuradores tengan una propuesta uniforme que se aplique en todo el país.
Además explicó que luego de que la Cámara de Diputados aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal Federal, es necesario impulsar que el Senado avale la reforma tal y como se presentó en la Cámara baja. En cuanto a las comparecencias apuntó: “Estamos de nuevo enviando los requerimientos de información para los que ya vinieron”.
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