El expediente señala que los menores murieron debido a una falta de atención oportuna de la emergencia provocada por la infección contraída en un hospital de Comitán
24 Horas
El ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no aportó pruebas a su favor durante su declaración preparatoria y se negó a responder los cuestionamientos del Ministerio Público, tras haber sido cumplimentada la cuarta orden de aprehensión en su contra, por la muerte de 35 menores en Comitán.
La víspera, el ex mandatario cumplió con el interrogatorio durante seis horas, el juez de la causa leyó cada uno de los argumentos y pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que integran el expediente penal en su contra.
En esta causa, Salazar Mendiguchía es procesado por la muerte de la menor María José Espinoza Orozco, fallecida el 26 de diciembre de 2002.
Además, le ha sido dictado auto de formal prisión por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión) en agravio de los recién nacidos Guadalupe Silvestre Vázquez, Arturo Enrique Hernández Solís y los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
El expediente penal integra, entre otras pruebas incriminatorias la recomendación 24/2004 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió y que la administración de Pablo Salazar Mendiguchía aceptó en todos sus términos, según consta en el oficio firmado y dirigido por el entonces procurador general de justicia, Mariano Herrán Salvatti, al presidente de la CNDH.
Dicha recomendación, en la cual la CNDH concluye que el gobierno del estado, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, es el responsable de la muerte de los 35 bebés, obra en el expediente penal de más de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles.
También señala que las autoridades en el estado no atendieron de forma oportuna e inmediata la emergencia que se presentó durante el periodo del primero de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003 y que ocasionó la muerte de un total de 35 recién nacidos.
A pesar de que dichas muertes fueron de forma sistemática y a consecuencia de una infección contraída en dicho sitio, emergencia que pudo haber sido controlada con la presencia de especialistas en neonatología e infectología.
Asimismo, se integran los informes emitidos en la época de los hechos por las secretarías de Hacienda y Salud, donde se constata que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales el Hospital General K de Comitán de Domínguez tan sólo recibió cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente.
Es decir, para el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos y no recibió un peso para la inversión en infraestructura y equipamiento.
(Con información de Notimex).
24 Horas
El ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no aportó pruebas a su favor durante su declaración preparatoria y se negó a responder los cuestionamientos del Ministerio Público, tras haber sido cumplimentada la cuarta orden de aprehensión en su contra, por la muerte de 35 menores en Comitán.
La víspera, el ex mandatario cumplió con el interrogatorio durante seis horas, el juez de la causa leyó cada uno de los argumentos y pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que integran el expediente penal en su contra.
En esta causa, Salazar Mendiguchía es procesado por la muerte de la menor María José Espinoza Orozco, fallecida el 26 de diciembre de 2002.
Además, le ha sido dictado auto de formal prisión por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión) en agravio de los recién nacidos Guadalupe Silvestre Vázquez, Arturo Enrique Hernández Solís y los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
El expediente penal integra, entre otras pruebas incriminatorias la recomendación 24/2004 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió y que la administración de Pablo Salazar Mendiguchía aceptó en todos sus términos, según consta en el oficio firmado y dirigido por el entonces procurador general de justicia, Mariano Herrán Salvatti, al presidente de la CNDH.
Dicha recomendación, en la cual la CNDH concluye que el gobierno del estado, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, es el responsable de la muerte de los 35 bebés, obra en el expediente penal de más de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles.
También señala que las autoridades en el estado no atendieron de forma oportuna e inmediata la emergencia que se presentó durante el periodo del primero de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003 y que ocasionó la muerte de un total de 35 recién nacidos.
A pesar de que dichas muertes fueron de forma sistemática y a consecuencia de una infección contraída en dicho sitio, emergencia que pudo haber sido controlada con la presencia de especialistas en neonatología e infectología.
Asimismo, se integran los informes emitidos en la época de los hechos por las secretarías de Hacienda y Salud, donde se constata que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales el Hospital General K de Comitán de Domínguez tan sólo recibió cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente.
Es decir, para el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos y no recibió un peso para la inversión en infraestructura y equipamiento.
(Con información de Notimex).
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