Jorge Fernández Menéndez
La demanda planteada por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que el IFE y el TEPJF establezcan con claridad los criterios para la cobertura del proceso electoral no es ningún capricho: el Instituto y el Tribunal están sumidos en la mayor confusión, dejan en estado de indefensión a comunicadores, empresas, partidos y candidatos y, en vez de dar certidumbre a las elecciones, están generando las causas para una futura inconformidad con los resultados de la misma.
Ya en este espacio (y en muchos otros) se ha dejado constancia de la irracionalidad de muchas decisiones, a las que se han sumado otras que, si no fueran materia de la justicia, moverían a risa. Por ejemplo, castigar a una televisora por trasmitir una pelea de box realizada en Las Vegas (que para mayor información de las autoridades electorales, es una ciudad ubicada en el muy estadunidense estado de Nevada), donde a un boxeador se le ocurrió colocar en su pantaloncillo un logotipo del PRI. La señal de la pelea, para todo el mundo, fue emitida por la empresa HBO, que obviamente no es mexicana ni depende de autoridad alguna en nuestro país. Pero, además, al boxeador en cuestión, que tiene todo el derecho del mundo de portar en su short el logo del partido que quiera, no se le sancionó, sólo se le apercibió. Pero, para hacer más confuso todo, la elección en Morelia, la capital del estado de Michoacán, se anuló para presidente municipal por esa causa, pero las autoridades electorales decidieron que esa no era causa suficiente para anular las elecciones en todo el estado. ¿Usted lo entiende?
En realidad, si no hubiera tanto protagonismo en los consejeros y en los magistrados electorales, la norma debería ser bastante sencilla y estaría estrictamente apegada a la ley: salvo lo que está expresamente prohibido, todo lo demás está permitido. No tiene sentido ni congruencia que un grupo de consejeros o magistrados dediquen días y recursos a tratar de interpretar si un reportaje periodístico “pareciera” estar apoyando o no a un candidato, fuera de que resulta absolutamente legítimo y legal, si esa fuera su intención, que un medio exprese abiertamente su apoyo a un candidato o partido. En todas las democracias del mundo, los grandes medios definen su respaldo o no a un candidato y no pasa nada ni eso inhibe su capacidad y legitimidad informativas. Lo único prohibido es comprar espacios en radio y televisión, entomces, obviamente, lo demás está permitido.
Resulta absurdo que el IFE diga que se puede entrevistar a un candidato, pero que éste no puede hablar de sus propuestas. Entonces, ¿de qué diablos va a hablar?, ¿qué sentido tiene entrevistar a alguien para que hable de un determinado tema sin que exprese su opinión sobre cómo solucionarlo? Ya en las elecciones de 2006 se utilizó el tema de los medios y la cobertura electoral para ejecutar venganzas políticas y buscar al responsable de fracasos electorales, unos más estruendosos que otros. Para ejecutar esas venganzas, los mismos políticos que hoy reclaman por las incongruencias y falta de definición del IFE aprobaron leyes (e incluso reformas constitucionales) que sólo han servido para complejizar todo este proceso y colocar tantas trabas a la libertad de expresión que han propiciado la discrecionalidad de las autoridades electorales. Lo sucedido en Michoacán, decíamos, es una pálida muestra de cómo se pueden poner las cosas a nivel federal si continúa la indefinición y la discrecionalidad (sumada a la ausencia de sentido común). ¿Qué ocurrió distinto en Morelia que en el resto de Michoacán? En realidad, nada, en todo caso, sería más cuestionable la elección estatal porque en muchos puntos del interior del estado el narcotráfico operó con rudeza y amplitud. ¿Determinó eso el resultado? La verdad es que no lo sabemos, pero si el pantaloncillo de un boxeador en Las Vegas, según los magistrados, fue suficiente para anular una elección, no se puede entender cómo las presiones del crimen organizado contra algunos candidatos o medios no fueron suficientes para anular la otra.
Insisto, no sé si la elección de Michoacán hubiera debido ser anulada, son demasiados factores los involucrados. El hecho es que Fausto Vallejo tomó posesión con toda legitimidad el día de ayer. Y, por cierto, y lejos de estos temas, no dejó de ser más que significativo que Luis Miranda, el ex secretario de Gobierno del Estado de México, del grupo cercanísimo a Enrique Peña Nieto, aunque hoy distanciado con algunos funcionarios de la campaña, haya sido designado nada menos que el secretario de Finanzas de Vallejo.
La verdad sobre Rodolfo
Tiene toda la razón, sobre todo en el ambiente de confusión y de manejo comunicacional de la justicia que vivimos, Egidio Torre Cantú en exigir que se haga justicia en el asesinato de su hermano Rodolfo. El actual gobernador tiene una idea bastante clara de cómo se pudieron haber dado las cosas, pero la PGR es la que debe esclarecer el caso y castigar a los culpables.
La demanda planteada por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que el IFE y el TEPJF establezcan con claridad los criterios para la cobertura del proceso electoral no es ningún capricho: el Instituto y el Tribunal están sumidos en la mayor confusión, dejan en estado de indefensión a comunicadores, empresas, partidos y candidatos y, en vez de dar certidumbre a las elecciones, están generando las causas para una futura inconformidad con los resultados de la misma.
Ya en este espacio (y en muchos otros) se ha dejado constancia de la irracionalidad de muchas decisiones, a las que se han sumado otras que, si no fueran materia de la justicia, moverían a risa. Por ejemplo, castigar a una televisora por trasmitir una pelea de box realizada en Las Vegas (que para mayor información de las autoridades electorales, es una ciudad ubicada en el muy estadunidense estado de Nevada), donde a un boxeador se le ocurrió colocar en su pantaloncillo un logotipo del PRI. La señal de la pelea, para todo el mundo, fue emitida por la empresa HBO, que obviamente no es mexicana ni depende de autoridad alguna en nuestro país. Pero, además, al boxeador en cuestión, que tiene todo el derecho del mundo de portar en su short el logo del partido que quiera, no se le sancionó, sólo se le apercibió. Pero, para hacer más confuso todo, la elección en Morelia, la capital del estado de Michoacán, se anuló para presidente municipal por esa causa, pero las autoridades electorales decidieron que esa no era causa suficiente para anular las elecciones en todo el estado. ¿Usted lo entiende?
En realidad, si no hubiera tanto protagonismo en los consejeros y en los magistrados electorales, la norma debería ser bastante sencilla y estaría estrictamente apegada a la ley: salvo lo que está expresamente prohibido, todo lo demás está permitido. No tiene sentido ni congruencia que un grupo de consejeros o magistrados dediquen días y recursos a tratar de interpretar si un reportaje periodístico “pareciera” estar apoyando o no a un candidato, fuera de que resulta absolutamente legítimo y legal, si esa fuera su intención, que un medio exprese abiertamente su apoyo a un candidato o partido. En todas las democracias del mundo, los grandes medios definen su respaldo o no a un candidato y no pasa nada ni eso inhibe su capacidad y legitimidad informativas. Lo único prohibido es comprar espacios en radio y televisión, entomces, obviamente, lo demás está permitido.
Resulta absurdo que el IFE diga que se puede entrevistar a un candidato, pero que éste no puede hablar de sus propuestas. Entonces, ¿de qué diablos va a hablar?, ¿qué sentido tiene entrevistar a alguien para que hable de un determinado tema sin que exprese su opinión sobre cómo solucionarlo? Ya en las elecciones de 2006 se utilizó el tema de los medios y la cobertura electoral para ejecutar venganzas políticas y buscar al responsable de fracasos electorales, unos más estruendosos que otros. Para ejecutar esas venganzas, los mismos políticos que hoy reclaman por las incongruencias y falta de definición del IFE aprobaron leyes (e incluso reformas constitucionales) que sólo han servido para complejizar todo este proceso y colocar tantas trabas a la libertad de expresión que han propiciado la discrecionalidad de las autoridades electorales. Lo sucedido en Michoacán, decíamos, es una pálida muestra de cómo se pueden poner las cosas a nivel federal si continúa la indefinición y la discrecionalidad (sumada a la ausencia de sentido común). ¿Qué ocurrió distinto en Morelia que en el resto de Michoacán? En realidad, nada, en todo caso, sería más cuestionable la elección estatal porque en muchos puntos del interior del estado el narcotráfico operó con rudeza y amplitud. ¿Determinó eso el resultado? La verdad es que no lo sabemos, pero si el pantaloncillo de un boxeador en Las Vegas, según los magistrados, fue suficiente para anular una elección, no se puede entender cómo las presiones del crimen organizado contra algunos candidatos o medios no fueron suficientes para anular la otra.
Insisto, no sé si la elección de Michoacán hubiera debido ser anulada, son demasiados factores los involucrados. El hecho es que Fausto Vallejo tomó posesión con toda legitimidad el día de ayer. Y, por cierto, y lejos de estos temas, no dejó de ser más que significativo que Luis Miranda, el ex secretario de Gobierno del Estado de México, del grupo cercanísimo a Enrique Peña Nieto, aunque hoy distanciado con algunos funcionarios de la campaña, haya sido designado nada menos que el secretario de Finanzas de Vallejo.
La verdad sobre Rodolfo
Tiene toda la razón, sobre todo en el ambiente de confusión y de manejo comunicacional de la justicia que vivimos, Egidio Torre Cantú en exigir que se haga justicia en el asesinato de su hermano Rodolfo. El actual gobernador tiene una idea bastante clara de cómo se pudieron haber dado las cosas, pero la PGR es la que debe esclarecer el caso y castigar a los culpables.
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