Javier Solórzano
Desde hace muchos años, Tamaulipas está metido en el círculo perverso del narcotráfico. Los tamaulipecos lo han vivido y lo viven en su cotidianeidad. Más o menos tienen idea de quienes están metidos. Saben bien dónde se deben meter y dónde no. Para los jóvenes tiene cierta lógica acercarse a los narcos, en medio del temor e impotencia de su padres. En algunas universidades prevalece, más que el narco, el porrismo, el cual es el paso previo a ingresar a la delincuencia organizada. La UAT ha tratado de hacer a los porros a un lado, pero si bien hay avances, todavía prevalecen e influyen. Los porros controlan ciertas áreas de la Universidad ante lo cual los rectores, y las autoridades en general, optan por convivir y hacer pactos no escritos de convivencia con el fin de que se afecte lo menos posible la vida universitaria.
El narcotráfico está enquistado y arraigado en algunas ciudades del estado. Los gobernantes por supuesto que lo saben. Desde niños viven con ello y saben del peso del narco y la voracidad de los consumidores en EU. Siendo Tamaulipas estado fronterizo, la batalla por la plaza ha sido desde siempre descarnada. La diferencia con lo que pasa hoy es que antes prevalecía un cártel y hoy son varios los que pelean los espacios.
Que recordemos, no ha habido gobernador de Tamaulipas del que no se diga que “algo” tuvo o tiene que ver con los narcotraficantes. Es una constante desde hace muchas décadas. Lo que hace diferentes las cosas es que antes llamaba menos la atención y la convivencia era de otro tipo. Algunos políticos se acercaban y acercan a los capos a pedir permiso y a recibir la bendición. En esencia, la dinámica puede seguir siendo la misma, la diferencia es que hoy se ha disparado el mercado y quizá también el hecho de que antes nos hacíamos menos preguntas y la violencia estaba, por decirlo de alguna manera, bajo control.
Los narcotraficantes se mueven impunemente en el país porque, permítame reiterar la obviedad, están relacionados con las autoridades; en una buena cantidad de casos son lo mismo. En Tamaulipas así había sido y así es. Lo que ha cambiado es que la sangrienta batalla por la plaza junto con la estrategia del gobierno, recordemos que Nuevo Laredo fue de las primeras ciudades en que se movilizó al Ejército en la “guerra que ya no es guerra”, han echado a andar nuevos escenarios que si bien tarde que temprano tenían que ser atacados la forma en que se hecho ha provocado muerte y desengaño, no se ve en que va a terminar todo esto. La pregunta lleva años en la mesa: ¿es la estrategia idónea? Por lo que se ve estamos ante la imposibilidad de regresar al Ejército a los cuarteles al corto plazo, y mientras llega otro gobierno o cambian de estrategia, las fuerzas armadas siguen expuestas con las inevitables consecuencias.
Los ex gobernadores señalados saben todo esto y más, la cuestión es saber hasta donde están metidos y si tuvieron que ver con el atentado del candidato del PRI a la gubernatura del estado Rodolfo Torre Cantú; asesinato que dio paso a que el PRI optara por su hermano Egidio quien es el actual gobernador. Todas estas historias se mueven entre la realidad y la leyenda. Nadie duda que en un estado como Tamaulipas se pueda dar la complicidad, la corrupción y el asesinato político, la clave es demostrarlo y no lanzar falsas alertas que se convierten en bolas de humo a la hora de que se tiene que demostrar lo que se filtra, señala y lo que veladamente se acusa.
Con los escenarios cotidianos que vive Tamaulipas se ve difícil que los ex gobernadores estén limpios; sin embargo, esto es una apreciación no un argumento legal. El gobierno no puede jugarle a la especulación. Lo hicieron en Michoacán metiendo impunemente a la cárcel a más de 30 personas de alto nivel municipal y estatal y hoy todos, todos, están libres y sin responsabilidad alguna.
Si el gobierno va a judicializar la política, se va a llevar un descrédito más en su larga lista que lo está llevando a la muerte electoral. Antes que lanzar alertas a través de un funcionario menor de la SCT debiera tener amarrado el caso. La PGR ha quedado de nuevo en entredicho y el gobierno se ve torpe y evidenciado. Si quiere frenar al PRI lo debe hacer de otra manera y por lo que se ve el tiempo se le esta yendo. No tiene sentido ni es responsable que una decisión tan importante se instrumente a través de un funcionario menor lanzando una alerta, con su filtración respectiva, de un asunto que sin exagerar ronda la seguridad nacional.
Desde hace muchos años, Tamaulipas está metido en el círculo perverso del narcotráfico. Los tamaulipecos lo han vivido y lo viven en su cotidianeidad. Más o menos tienen idea de quienes están metidos. Saben bien dónde se deben meter y dónde no. Para los jóvenes tiene cierta lógica acercarse a los narcos, en medio del temor e impotencia de su padres. En algunas universidades prevalece, más que el narco, el porrismo, el cual es el paso previo a ingresar a la delincuencia organizada. La UAT ha tratado de hacer a los porros a un lado, pero si bien hay avances, todavía prevalecen e influyen. Los porros controlan ciertas áreas de la Universidad ante lo cual los rectores, y las autoridades en general, optan por convivir y hacer pactos no escritos de convivencia con el fin de que se afecte lo menos posible la vida universitaria.
El narcotráfico está enquistado y arraigado en algunas ciudades del estado. Los gobernantes por supuesto que lo saben. Desde niños viven con ello y saben del peso del narco y la voracidad de los consumidores en EU. Siendo Tamaulipas estado fronterizo, la batalla por la plaza ha sido desde siempre descarnada. La diferencia con lo que pasa hoy es que antes prevalecía un cártel y hoy son varios los que pelean los espacios.
Que recordemos, no ha habido gobernador de Tamaulipas del que no se diga que “algo” tuvo o tiene que ver con los narcotraficantes. Es una constante desde hace muchas décadas. Lo que hace diferentes las cosas es que antes llamaba menos la atención y la convivencia era de otro tipo. Algunos políticos se acercaban y acercan a los capos a pedir permiso y a recibir la bendición. En esencia, la dinámica puede seguir siendo la misma, la diferencia es que hoy se ha disparado el mercado y quizá también el hecho de que antes nos hacíamos menos preguntas y la violencia estaba, por decirlo de alguna manera, bajo control.
Los narcotraficantes se mueven impunemente en el país porque, permítame reiterar la obviedad, están relacionados con las autoridades; en una buena cantidad de casos son lo mismo. En Tamaulipas así había sido y así es. Lo que ha cambiado es que la sangrienta batalla por la plaza junto con la estrategia del gobierno, recordemos que Nuevo Laredo fue de las primeras ciudades en que se movilizó al Ejército en la “guerra que ya no es guerra”, han echado a andar nuevos escenarios que si bien tarde que temprano tenían que ser atacados la forma en que se hecho ha provocado muerte y desengaño, no se ve en que va a terminar todo esto. La pregunta lleva años en la mesa: ¿es la estrategia idónea? Por lo que se ve estamos ante la imposibilidad de regresar al Ejército a los cuarteles al corto plazo, y mientras llega otro gobierno o cambian de estrategia, las fuerzas armadas siguen expuestas con las inevitables consecuencias.
Los ex gobernadores señalados saben todo esto y más, la cuestión es saber hasta donde están metidos y si tuvieron que ver con el atentado del candidato del PRI a la gubernatura del estado Rodolfo Torre Cantú; asesinato que dio paso a que el PRI optara por su hermano Egidio quien es el actual gobernador. Todas estas historias se mueven entre la realidad y la leyenda. Nadie duda que en un estado como Tamaulipas se pueda dar la complicidad, la corrupción y el asesinato político, la clave es demostrarlo y no lanzar falsas alertas que se convierten en bolas de humo a la hora de que se tiene que demostrar lo que se filtra, señala y lo que veladamente se acusa.
Con los escenarios cotidianos que vive Tamaulipas se ve difícil que los ex gobernadores estén limpios; sin embargo, esto es una apreciación no un argumento legal. El gobierno no puede jugarle a la especulación. Lo hicieron en Michoacán metiendo impunemente a la cárcel a más de 30 personas de alto nivel municipal y estatal y hoy todos, todos, están libres y sin responsabilidad alguna.
Si el gobierno va a judicializar la política, se va a llevar un descrédito más en su larga lista que lo está llevando a la muerte electoral. Antes que lanzar alertas a través de un funcionario menor de la SCT debiera tener amarrado el caso. La PGR ha quedado de nuevo en entredicho y el gobierno se ve torpe y evidenciado. Si quiere frenar al PRI lo debe hacer de otra manera y por lo que se ve el tiempo se le esta yendo. No tiene sentido ni es responsable que una decisión tan importante se instrumente a través de un funcionario menor lanzando una alerta, con su filtración respectiva, de un asunto que sin exagerar ronda la seguridad nacional.
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