Apro
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que el día del motín en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde murieron 44 reos –supuestamente integrantes del cártel del Golfo–, había en su interior 25 menores de edad y 43 mujeres.
La presidenta de la CEDH, Minerva Martínez Garza, explicó que las mujeres y niños ingresaron al Cereso el sábado 18, bajo la figura de visita conyugal, y la salida de las instalaciones les había sido negada hasta la madrugada del domingo 19, día en que se suscitó la riña, en la que se utilizaron puntas de fierro, piedras y barrotes.
Ante tales hechos, dijo, se abrió una investigación de oficio para determinar si autoridades penitenciarias incurrieron en responsabilidades por la violación de derechos humanos de los familiares, quienes –agregó– resultaron ilesos.
Además, cuestionó que se permitiera que niñas y niños pernoctaran en el reclusorio, y que se les retuviera dentro del mismo pese a la grave situación que prevalecía.
De acuerdo con Martínez Garza, personalmente hizo las gestiones para que las 43 mujeres y los 25 menores de edad pudieran evacuar el edificio, y finalmente lograron salir en el transcurso de la tarde del mismo domingo.
No obstante, subrayó, 39 mujeres prefirieron permanecer al interior de la zona de visitantes para cerciorarse de que sus parejas se encontraran en buen estado físico luego del enfrentamiento.
La presidenta de la CEDH demandó a las autoridades de Nuevo León instrumentar un operativo especial de visitas para que los familiares puedan constatar el estado de salud de los internos de la penitenciaría localizada al norte de Monterrey, de donde además se fugaron 30 reos.
Además, pidió a al gobierno de Rodrigo Medina realizar una investigación exhaustiva y expedita que permita determinar las responsabilidades penales derivadas de los sucesos, así como sujetar a los responsables ante la autoridad judicial competente.
Ello, dijo, para que una vez desahogados los procesos correspondientes, sean sancionados conforme a Derecho y se
cubra la debida reparación del daño a las víctimas o sus familiares.
Además, la ombudsman estatal consideró que el gobierno de Medina debe trabajar más fuerte para controlar totalmente los penales de la entidad.
“Decir que tienen el control las autoridades después del evento de ayer, sería una afirmación muy aventurada. Las autoridades deben trabajar para tener el verdadero control de las penitenciarías”, puntualizó.
Mientras tanto, en el Congreso local el diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza corresponsabilizó de la masacre al gobierno federal por enviar reos a los estados, sin aportar recursos para su mantenimiento en los penales locales.
“No es posible que el concepto de federalismo que tiene el gobierno federal sea: ‘Les envío más atribuciones a los estados del país, sin la solución correspondiente, sin en el trabajo coordinado, y a ver cómo le hacen’”, dijo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que el día del motín en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde murieron 44 reos –supuestamente integrantes del cártel del Golfo–, había en su interior 25 menores de edad y 43 mujeres.
La presidenta de la CEDH, Minerva Martínez Garza, explicó que las mujeres y niños ingresaron al Cereso el sábado 18, bajo la figura de visita conyugal, y la salida de las instalaciones les había sido negada hasta la madrugada del domingo 19, día en que se suscitó la riña, en la que se utilizaron puntas de fierro, piedras y barrotes.
Ante tales hechos, dijo, se abrió una investigación de oficio para determinar si autoridades penitenciarias incurrieron en responsabilidades por la violación de derechos humanos de los familiares, quienes –agregó– resultaron ilesos.
Además, cuestionó que se permitiera que niñas y niños pernoctaran en el reclusorio, y que se les retuviera dentro del mismo pese a la grave situación que prevalecía.
De acuerdo con Martínez Garza, personalmente hizo las gestiones para que las 43 mujeres y los 25 menores de edad pudieran evacuar el edificio, y finalmente lograron salir en el transcurso de la tarde del mismo domingo.
No obstante, subrayó, 39 mujeres prefirieron permanecer al interior de la zona de visitantes para cerciorarse de que sus parejas se encontraran en buen estado físico luego del enfrentamiento.
La presidenta de la CEDH demandó a las autoridades de Nuevo León instrumentar un operativo especial de visitas para que los familiares puedan constatar el estado de salud de los internos de la penitenciaría localizada al norte de Monterrey, de donde además se fugaron 30 reos.
Además, pidió a al gobierno de Rodrigo Medina realizar una investigación exhaustiva y expedita que permita determinar las responsabilidades penales derivadas de los sucesos, así como sujetar a los responsables ante la autoridad judicial competente.
Ello, dijo, para que una vez desahogados los procesos correspondientes, sean sancionados conforme a Derecho y se
cubra la debida reparación del daño a las víctimas o sus familiares.
Además, la ombudsman estatal consideró que el gobierno de Medina debe trabajar más fuerte para controlar totalmente los penales de la entidad.
“Decir que tienen el control las autoridades después del evento de ayer, sería una afirmación muy aventurada. Las autoridades deben trabajar para tener el verdadero control de las penitenciarías”, puntualizó.
Mientras tanto, en el Congreso local el diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza corresponsabilizó de la masacre al gobierno federal por enviar reos a los estados, sin aportar recursos para su mantenimiento en los penales locales.
“No es posible que el concepto de federalismo que tiene el gobierno federal sea: ‘Les envío más atribuciones a los estados del país, sin la solución correspondiente, sin en el trabajo coordinado, y a ver cómo le hacen’”, dijo.
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