Denisse Dresser
México estrangulado. México ahorcado. México con la soga al cuello. Víctima de de la disfuncionalidad del sector de las telecomunicaciones, que lleva a una pérdida de bienestar estimada en 129 mil 200 millones de dólares, sólo de 2005 a 2009, según un informe reciente de la OCDE. Somos un país de altos precios, baja penetración de servicios, falta de competencia, y un pobre desarrollo de la infraestructura para proveerlos. País amarrado debido al monopolio de facto de Carlos Slim que posee 80% del mercado de telefonía fija y 70% de la telefonía móvil. La deficiente competencia explica la baja penetración de servicios de telecomunicaciones entre la población. Explica por qué los márgenes de rentabilidad del señor Slim casi duplican el promedio de los países de la OCDE. Explica el grosor de la soga que no logramos quitarnos.
Vivimos estrangulados debido a la falta de competencia efectiva y la alta concentración del mercado. Los precios son más altos y la penetración es más baja que en la mayor parte de los países estudiados. Unos pagamos precios excesivos mientras otros no pueden siquiera contratarlos. La pérdida de bienestar social se traduce en 1.8% del Producto Interno Bruto mexicano, y afecta de manera particularmente dolorosa a los pobres en la población rural. Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros de los países de la OCDE y esto impone un costo grave particularmente para las pequeñas y medianas empresas que predominan en México. Como dice irónicamente el diputado Javier Corral, deberíamos estar orgullosos de la fortuna de Carlos Slim porque todos hemos contribuido a crearla. Mes tras mes, pago tras pago de la cuenta de Telmex y Telcel.
Por su parte, el ingeniero Slim responde que debe estar al margen de la crítica porque él sí invierte en el país. Pero el estudio citado describe cómo la inversión en telecomunicaciones ha decaído dramáticamente en los últimos años. Peor aún: el nivel relativamente bajo de inversión contrasta con los altos niveles de rentabilidad. En 2008 Telcel alcanzó un margen de ganancia del 64 por ciento, mientras que el margen promedio de de los operadores de telefonía móvil en otros países de la OCDE fue de 37.6 por ciento. Ante la falta de competencia real e integral, Slim gana mucho más de lo que debería y mucho más de lo que el Gobierno mexicano le ha permitido embolsarse.
Y el Estado es en gran medida responsable de esta situación. Las decisiones en favor de la competencia han sido lentas, ineficaces, saboteadas por los amparos y el entramado legal. El regulador del sector -la Comisión Federal de Telecomunicaciones- carece de facultades, autonomía o claridad para llevar a cabo sus funciones. Con demasiada frecuencia demuestra ser un órgano doblegado, débil, sumiso, capturado. Más interesado en atender las demandas del Carlos Slim que en vigilar los derechos de los consumidores. Más preocupado por hacer consultas públicas que en ejercer sus atribuciones para licitar una tercera cadena de televisión. Y muchas veces esos mismos reguladores se benefician de años de litigios, años de amparos, años de tribunales que prefieren pararse del lado de los monopolistas poderosos que de los ciudadanos expoliados.
La Cofetel no tiene y necesita amplias facultades sancionadoras para convertirse en promotor de la competencia y no ser su obstaculizador. La Cofetel no tiene y necesita contar con la capacidad para imponer regulaciones asimétricas sobre los actores dominantes. Gran parte del problema en México es que el débil marco institucional permite a los operadores en telecomunicaciones usar constantemente el marco judicial para impugnar a la SCT y a la Cofetel.
Ante este diagnóstico demoledor, México tiene que tomar decisiones difíciles e incluso controvertidas. La concentración en las telecomunicaciones no cambiará si no hay competencia. Y ello requeriría eliminar las restricciones a la inversión extranjera en la red de telefonía fija. Entrañaría la simplificación y la transparencia en el otorgamiento de concesiones. Implicaría crear tribunales especializados para los juicios relativos al sector de las telecomunicaciones. Requeriría asegurar la autonomía y la independencia de la autoridad regulatoria y darle facultades para que imponga multas significativas a quienes violan sus títulos de concesión.
Necesitaría más transparencia en los procesos de toma de decisiones de regulación en cada una de sus etapas. Y todo esto debe desembocar en acciones prácticas que afecten a los titanes de las telecomunicaciones: regulación asimétrica para Carlos Slim y una o dos nuevas cadenas de televisión para contener a Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Sólo así será posible que México logre cercenar la soga que actualmente lo estrangula.
México estrangulado. México ahorcado. México con la soga al cuello. Víctima de de la disfuncionalidad del sector de las telecomunicaciones, que lleva a una pérdida de bienestar estimada en 129 mil 200 millones de dólares, sólo de 2005 a 2009, según un informe reciente de la OCDE. Somos un país de altos precios, baja penetración de servicios, falta de competencia, y un pobre desarrollo de la infraestructura para proveerlos. País amarrado debido al monopolio de facto de Carlos Slim que posee 80% del mercado de telefonía fija y 70% de la telefonía móvil. La deficiente competencia explica la baja penetración de servicios de telecomunicaciones entre la población. Explica por qué los márgenes de rentabilidad del señor Slim casi duplican el promedio de los países de la OCDE. Explica el grosor de la soga que no logramos quitarnos.
Vivimos estrangulados debido a la falta de competencia efectiva y la alta concentración del mercado. Los precios son más altos y la penetración es más baja que en la mayor parte de los países estudiados. Unos pagamos precios excesivos mientras otros no pueden siquiera contratarlos. La pérdida de bienestar social se traduce en 1.8% del Producto Interno Bruto mexicano, y afecta de manera particularmente dolorosa a los pobres en la población rural. Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros de los países de la OCDE y esto impone un costo grave particularmente para las pequeñas y medianas empresas que predominan en México. Como dice irónicamente el diputado Javier Corral, deberíamos estar orgullosos de la fortuna de Carlos Slim porque todos hemos contribuido a crearla. Mes tras mes, pago tras pago de la cuenta de Telmex y Telcel.
Por su parte, el ingeniero Slim responde que debe estar al margen de la crítica porque él sí invierte en el país. Pero el estudio citado describe cómo la inversión en telecomunicaciones ha decaído dramáticamente en los últimos años. Peor aún: el nivel relativamente bajo de inversión contrasta con los altos niveles de rentabilidad. En 2008 Telcel alcanzó un margen de ganancia del 64 por ciento, mientras que el margen promedio de de los operadores de telefonía móvil en otros países de la OCDE fue de 37.6 por ciento. Ante la falta de competencia real e integral, Slim gana mucho más de lo que debería y mucho más de lo que el Gobierno mexicano le ha permitido embolsarse.
Y el Estado es en gran medida responsable de esta situación. Las decisiones en favor de la competencia han sido lentas, ineficaces, saboteadas por los amparos y el entramado legal. El regulador del sector -la Comisión Federal de Telecomunicaciones- carece de facultades, autonomía o claridad para llevar a cabo sus funciones. Con demasiada frecuencia demuestra ser un órgano doblegado, débil, sumiso, capturado. Más interesado en atender las demandas del Carlos Slim que en vigilar los derechos de los consumidores. Más preocupado por hacer consultas públicas que en ejercer sus atribuciones para licitar una tercera cadena de televisión. Y muchas veces esos mismos reguladores se benefician de años de litigios, años de amparos, años de tribunales que prefieren pararse del lado de los monopolistas poderosos que de los ciudadanos expoliados.
La Cofetel no tiene y necesita amplias facultades sancionadoras para convertirse en promotor de la competencia y no ser su obstaculizador. La Cofetel no tiene y necesita contar con la capacidad para imponer regulaciones asimétricas sobre los actores dominantes. Gran parte del problema en México es que el débil marco institucional permite a los operadores en telecomunicaciones usar constantemente el marco judicial para impugnar a la SCT y a la Cofetel.
Ante este diagnóstico demoledor, México tiene que tomar decisiones difíciles e incluso controvertidas. La concentración en las telecomunicaciones no cambiará si no hay competencia. Y ello requeriría eliminar las restricciones a la inversión extranjera en la red de telefonía fija. Entrañaría la simplificación y la transparencia en el otorgamiento de concesiones. Implicaría crear tribunales especializados para los juicios relativos al sector de las telecomunicaciones. Requeriría asegurar la autonomía y la independencia de la autoridad regulatoria y darle facultades para que imponga multas significativas a quienes violan sus títulos de concesión.
Necesitaría más transparencia en los procesos de toma de decisiones de regulación en cada una de sus etapas. Y todo esto debe desembocar en acciones prácticas que afecten a los titanes de las telecomunicaciones: regulación asimétrica para Carlos Slim y una o dos nuevas cadenas de televisión para contener a Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Sólo así será posible que México logre cercenar la soga que actualmente lo estrangula.
No hay comentarios:
Publicar un comentario