Anayeli García Martínez
Mientras la situación de vulnerabilidad de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) se agrava día con día, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene en la “congeladora” el mecanismo de protección para activistas, criticó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La abogada de la CMDPDH, Silvia Vázquez Camacho –quien ha sido víctima de amenazas por su trabajo humanitario– afirmó que la falta de un marco normativo que proteja a las y los defensores y la impunidad dejan en riesgo a aquellas personas que se dedican a la defensa y promoción de los DH.
En entrevista, Vázquez Camacho señaló que actualmente las y los activistas trabajan en “un terreno complicado”, ya que viven con la zozobra de padecer amenazas y violencia. Como ejemplo citó los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, dos mujeres que denunciaban casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los cuales siguen impunes.
Mencionó que tampoco se puede olvidar que en diciembre pasado la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fue víctima de un intento de homicidio, lo que a decir de Vázquez Camacho es muestra de la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores.
En este escenario, la abogada recordó que desde 2011 el gobierno federal, a través de la Segob, se comprometió a elaborar –junto con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo de protección para activistas, el cual no está listo pese a que las agrupaciones presentaron una propuesta.
El 7 de julio de 2011 la Segob publicó las bases para crear el mecanismo de protección, pero días después el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, declaró ante los medios de comunicación que aquellos que defienden los DH “intentan dañar la imagen de las instituciones”, por lo que el diálogo se rompió.
Ante el panorama desolador para la vigencia de los DH, las organizaciones regresaron en septiembre pasado a las mesas de negociación con la Segob. “En tanto, hay más defensores muertos, amenazados e intimidados, y más movilización interna para salvaguardar su seguridad”, advirtió Vázquez Camacho”.
Vidas amenazadas
Silvia Vázquez junto con la defensora Blanca Mesina Nevarez, es representante de 25 policías víctimas de tortura y tratos crueles presuntamente a manos del Ejército, en Tijuana, Baja California (BC).
Desde entonces ambas han recibido amenazas de muerte, lo que las obligó a abandonar su lugar de residencia. Si bien Blanca regresó a BC, Silvia no tuvo la misma suerte, ya que las autoridades federales y estatales no le han garantizado su seguridad.
La defensora señaló que aunque solicitó medidas de protección, éstas nunca se brindaron y sostuvo que en este proceso se hicieron mesas de trabajo para acordar las medidas de seguridad, porque el Estado siempre utiliza las reuniones “para justificar y decir que tiene voluntad”, criticó la abogada.
La situación de los DH en la región es tan complicada que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió crear una Relatoría sobre la situación de las y los defensores de DH.
Durante su 141 periodo ordinario de sesiones, que se realizó del 21 de marzo al 1 de abril de 2011, la CIDH creó esta Relatoría para dar respuesta a la gran cantidad de denuncias que ha recibido, y con el objetivo de dar mayor visibilidad a la importancia del papel de las y los defensores.
Con esta relatoría, a cargo del comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, la CIDH ha expresado su preocupación sobre obstáculos y problemas significativos en la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión a personas en riesgo, a fin de prevenir daños irreparables.
La CIDH advirtió que beneficiarios de medidas cautelares han sido asesinados, por lo que llamó a los países de la región a tomar en cuenta medidas eficaces de protección.
En este contexto y ante la inacción de las autoridades mexicanas, la CMDPH editó el manual “El derecho a defender los Derechos Humanos en México”, que contiene una guía práctica sobre el derecho a defender los DH y la protección de defensoras y defensores en México.
Mientras la situación de vulnerabilidad de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) se agrava día con día, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene en la “congeladora” el mecanismo de protección para activistas, criticó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La abogada de la CMDPDH, Silvia Vázquez Camacho –quien ha sido víctima de amenazas por su trabajo humanitario– afirmó que la falta de un marco normativo que proteja a las y los defensores y la impunidad dejan en riesgo a aquellas personas que se dedican a la defensa y promoción de los DH.
En entrevista, Vázquez Camacho señaló que actualmente las y los activistas trabajan en “un terreno complicado”, ya que viven con la zozobra de padecer amenazas y violencia. Como ejemplo citó los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, dos mujeres que denunciaban casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los cuales siguen impunes.
Mencionó que tampoco se puede olvidar que en diciembre pasado la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fue víctima de un intento de homicidio, lo que a decir de Vázquez Camacho es muestra de la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores.
En este escenario, la abogada recordó que desde 2011 el gobierno federal, a través de la Segob, se comprometió a elaborar –junto con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo de protección para activistas, el cual no está listo pese a que las agrupaciones presentaron una propuesta.
El 7 de julio de 2011 la Segob publicó las bases para crear el mecanismo de protección, pero días después el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, declaró ante los medios de comunicación que aquellos que defienden los DH “intentan dañar la imagen de las instituciones”, por lo que el diálogo se rompió.
Ante el panorama desolador para la vigencia de los DH, las organizaciones regresaron en septiembre pasado a las mesas de negociación con la Segob. “En tanto, hay más defensores muertos, amenazados e intimidados, y más movilización interna para salvaguardar su seguridad”, advirtió Vázquez Camacho”.
Vidas amenazadas
Silvia Vázquez junto con la defensora Blanca Mesina Nevarez, es representante de 25 policías víctimas de tortura y tratos crueles presuntamente a manos del Ejército, en Tijuana, Baja California (BC).
Desde entonces ambas han recibido amenazas de muerte, lo que las obligó a abandonar su lugar de residencia. Si bien Blanca regresó a BC, Silvia no tuvo la misma suerte, ya que las autoridades federales y estatales no le han garantizado su seguridad.
La defensora señaló que aunque solicitó medidas de protección, éstas nunca se brindaron y sostuvo que en este proceso se hicieron mesas de trabajo para acordar las medidas de seguridad, porque el Estado siempre utiliza las reuniones “para justificar y decir que tiene voluntad”, criticó la abogada.
La situación de los DH en la región es tan complicada que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió crear una Relatoría sobre la situación de las y los defensores de DH.
Durante su 141 periodo ordinario de sesiones, que se realizó del 21 de marzo al 1 de abril de 2011, la CIDH creó esta Relatoría para dar respuesta a la gran cantidad de denuncias que ha recibido, y con el objetivo de dar mayor visibilidad a la importancia del papel de las y los defensores.
Con esta relatoría, a cargo del comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, la CIDH ha expresado su preocupación sobre obstáculos y problemas significativos en la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión a personas en riesgo, a fin de prevenir daños irreparables.
La CIDH advirtió que beneficiarios de medidas cautelares han sido asesinados, por lo que llamó a los países de la región a tomar en cuenta medidas eficaces de protección.
En este contexto y ante la inacción de las autoridades mexicanas, la CMDPH editó el manual “El derecho a defender los Derechos Humanos en México”, que contiene una guía práctica sobre el derecho a defender los DH y la protección de defensoras y defensores en México.
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