Andy Novell F.
Este día se discute la Ley General de Trata de Personas en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con la finalidad de evitar el comercio de niñas, jóvenes y mujeres en todo el país.
Los 29 integrantes de la Comisión de Justicia del órgano legislativo encabezado por el diputado federal del PRI, Víctor Humberto Treviño Benítez serán los encargados de aprobar o no esta ley que busca frenar uno de los delitos más atroces que se vive en el mundo y México.
Estos legisladores tienen la responsabilidad de evitar que jovencitas, niñas y niños sean utilizados como “mercancía” sexual en los principales destinos turísticos del país y las zonas de tolerancia de la frontera y capitales importantes del país.
Para sensibilizar a los legisladores federales daré datos que supongo no saben; digo supongo porque dentro de su fuero y esfera de protección no saben de la vida real que se vive cotidianamente en México.
Uno de los principales municipios exportadores de mujeres y niñas para el comercio sexual es San Miguel Tenancingo, población cuyas calles no están pavimentadas, pero sí se han construido grandes mansiones con alberca y sótanos, éstas son casas de seguridad.
Este dato no es relevante si consideramos que los llamados proxenetas venden a las niñas secuestradas en 300 mil pesos a otros “padrotes”; este precio es si la víctima no es virgen, pero si lo es, el victimario deberá de pagar 50 mil pesos por “desvirginarla”, en el lenguaje coloquial de estos delincuentes.
En el caso de que las niñas ya no sean vírgenes, pero son menores de 16 años, el precio que se paga por ellas es de 30 mil pesos por estar una noche con ellas en la intimidad; después se pagarán los 300 mil pesos que recuperarán en menos de tres meses.
Y digo tres meses porque hagamos cuentas. De acuerdo a los testimonios de las víctimas rescatadas por la Procuraduría General de la República, el precio que pagan los clientes de estás menores oscila en los 500 pesos en la Merced.
A estás pequeñas víctimas se les exigen cuotas de 20 mil pesos diarios, de lo contrario sufren humillaciones, golpes e incluso las amenazan con matarlas a ellas o sus familias.
Estos datos pueden o no conmover a los legisladores federales para que aprueben o no una iniciativa de Ley que ya debería estar funcionando desde hace años.
Antier escribíamos sobre la necesidad de tener este tipo de leyes en el país, pero sería más importante que las propias autoridades las pusieran en práctica y con rigor contra las personas que ejercen cotidianamente este delito.
Estamos hablando en este tema únicamente de niñas, que pasa con aquellas señoritas extranjeras que son introducidas ilegalmente al país para prostituirlas en los table dance o, en su defecto, a las mujeres jóvenes que son raptadas y enviadas a España, Los Ángeles y otras partes del mundo como sexoservidoras.
Tal vez los diputados federales no tienen esa sensibilidad para darse cuenta que esto pasa en algunos lugares del país, en los estados donde fueron votados para que representaran a la sociedad, a sus paisanos.
Con estos datos y con los testimonios que se difunden en los medios de comunicación ¿no tienen suficientes los legisladores federales para aprobar esta ley?
¿Si esto no es suficiente, entonces qué faltaría? Acaso lo único que debe de faltar es que la hija o familiar de un legislador sea víctima de este delito, esperemos que no sea necesario.
Ya veremos si la cordura apoya la Ley General contra la Trata de Personas o como siempre saldrá ganando el poder de la corrupción dentro de la política mexicana.
Este día se discute la Ley General de Trata de Personas en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con la finalidad de evitar el comercio de niñas, jóvenes y mujeres en todo el país.
Los 29 integrantes de la Comisión de Justicia del órgano legislativo encabezado por el diputado federal del PRI, Víctor Humberto Treviño Benítez serán los encargados de aprobar o no esta ley que busca frenar uno de los delitos más atroces que se vive en el mundo y México.
Estos legisladores tienen la responsabilidad de evitar que jovencitas, niñas y niños sean utilizados como “mercancía” sexual en los principales destinos turísticos del país y las zonas de tolerancia de la frontera y capitales importantes del país.
Para sensibilizar a los legisladores federales daré datos que supongo no saben; digo supongo porque dentro de su fuero y esfera de protección no saben de la vida real que se vive cotidianamente en México.
Uno de los principales municipios exportadores de mujeres y niñas para el comercio sexual es San Miguel Tenancingo, población cuyas calles no están pavimentadas, pero sí se han construido grandes mansiones con alberca y sótanos, éstas son casas de seguridad.
Este dato no es relevante si consideramos que los llamados proxenetas venden a las niñas secuestradas en 300 mil pesos a otros “padrotes”; este precio es si la víctima no es virgen, pero si lo es, el victimario deberá de pagar 50 mil pesos por “desvirginarla”, en el lenguaje coloquial de estos delincuentes.
En el caso de que las niñas ya no sean vírgenes, pero son menores de 16 años, el precio que se paga por ellas es de 30 mil pesos por estar una noche con ellas en la intimidad; después se pagarán los 300 mil pesos que recuperarán en menos de tres meses.
Y digo tres meses porque hagamos cuentas. De acuerdo a los testimonios de las víctimas rescatadas por la Procuraduría General de la República, el precio que pagan los clientes de estás menores oscila en los 500 pesos en la Merced.
A estás pequeñas víctimas se les exigen cuotas de 20 mil pesos diarios, de lo contrario sufren humillaciones, golpes e incluso las amenazan con matarlas a ellas o sus familias.
Estos datos pueden o no conmover a los legisladores federales para que aprueben o no una iniciativa de Ley que ya debería estar funcionando desde hace años.
Antier escribíamos sobre la necesidad de tener este tipo de leyes en el país, pero sería más importante que las propias autoridades las pusieran en práctica y con rigor contra las personas que ejercen cotidianamente este delito.
Estamos hablando en este tema únicamente de niñas, que pasa con aquellas señoritas extranjeras que son introducidas ilegalmente al país para prostituirlas en los table dance o, en su defecto, a las mujeres jóvenes que son raptadas y enviadas a España, Los Ángeles y otras partes del mundo como sexoservidoras.
Tal vez los diputados federales no tienen esa sensibilidad para darse cuenta que esto pasa en algunos lugares del país, en los estados donde fueron votados para que representaran a la sociedad, a sus paisanos.
Con estos datos y con los testimonios que se difunden en los medios de comunicación ¿no tienen suficientes los legisladores federales para aprobar esta ley?
¿Si esto no es suficiente, entonces qué faltaría? Acaso lo único que debe de faltar es que la hija o familiar de un legislador sea víctima de este delito, esperemos que no sea necesario.
Ya veremos si la cordura apoya la Ley General contra la Trata de Personas o como siempre saldrá ganando el poder de la corrupción dentro de la política mexicana.
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