Apro
El jefe de alguaciles del condado Smith, de Texas, Bobby Garmon, reveló hoy que el extesorero y exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, quien enfrenta cargos por el “moreirazo”, fue detenido el pasado miércoles 1 en esa región y liberado cinco días más tarde, luego de pagar una fianza de 20 mil dólares.
En declaraciones a la cadena de televisión KLTV, el jefe policiaco detalló que al momento de la detención del exfuncionario mexicano y brazo derecho del exgobernador Humberto Moreira, llevaba consigo 67 mil dólares, por lo que fue acusado de “lavado” de dinero.
Villarreal Hernández, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de solicitar un crédito por mil millones de pesos con documentos apócrifos en complicidad con seis funcionarios más, cuatro estatales y dos federales, salió libre el pasado lunes 6, después de cubrir una fianza. Con él, viajaba su esposa.
Garmon comentó, asimismo, que el exfuncionario y su esposa fueron detenidos en la carretera 31 oeste por no contar con la matrícula delantera del vehículo en que viajaban, y que al realizar una inspección en el auto sus agentes localizaron 67 mil dólares.
En su portal de noticias, la televisora comentó también que había dos niños en el vehículo y otro hombre.
Sin embargo, al consultar los registros de la cárcel del Condado de Smith, se establece que fue liberado el 6 de febrero tras pagar una fianza de 20 mil dólares
La PGR dio a conocer este jueves que la Interpol ya busca a Villarreal y cuatro Miguel Ramón Rodríguez Flores, Juan Manuel Froto García, Sergio Ricardo Fuentes Flores y Enrique Ledezma Sánchez, todos ellos exfuncionarios del gobierno de Coahuila.
En México, diputados del PRD y PAN pidieron a la PGR ir al fondo en la investigación sobre la falsificación de documentos para contraer deuda en Coahuila, a fin de que se llegue a detectar quién estuvo atrás de los delitos y para qué se utilizaron los recursos.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Estela Damián, pidió al Procuraduría determinar no sólo quiénes fueron los servidores públicos que maquinaron el fraude sino los que confabularon y posiblemente se enriquecieron ilícitamente.
La diputada del PRD se congratuló por el anuncio de la PGR sobre la aprehensión de dos personas ligadas al caso, pero exigió que la justicia no sólo se dé en contra de servidores públicos menores.
“La exigencia de justicia y de castigo es que lleguen al final y que nos determinen quienes maquinaron el fraude, hay que ir hacia los principales protagonistas y en mi opinión fueron los gobernadores que en su momento estuvieron al frente.
“(Ellos) supieron y conocieron de éstos casos y no actuaron con toda energía y firmeza en contra de quienes lo consumaron, y hoy se vuelven parte de esta red de complicidad en donde no había castigo ni había indagatoria ni había sanción”, señaló.
Por su parte, el diputado del PAN, Camilo Ramírez, dijo que la sociedad reclama acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que, independientemente de las filiaciones políticas, la Procuraduría debe investigar y sancionar.
“Debemos de ser muy claros: el reclamo de la sociedad en la actualidad es de que cese la corrupción y que cese la impunidad y creo que en esta ocasión, la PGR está obligada a llevar a cabo una investigación completa para determinar todos aquellos y aquellas que hayan llegado a cometer algún ilícito y consignar esta averiguación a los tribunales competentes.
“Que éstos sean quien definan con pruebas, verdaderamente, quién es responsable para que las cosas queden claras y transparentes ante la comunidad y que no estemos nosotros en los dimes y diretes de tipo político de que se trata de persecuciones políticas o de asuntos electorales”, dijo.
Señaló que si la PGR considera necesario citar a comparecer al exgobernador y exlíder del PRI, Humberto Moreira, lo debe de hacer.
Sin embargo, también consideró que se deben dejar de lado las especulaciones.
“Si de la indagatoria ellos aprecian que existen indicios para llevar a cabo una citación a cargo del exgobernador, ellos están en la obligación de hacerlo, pero si no existe, no podemos exigir algo que no está dentro de los expedientes, si no, entramos nuevamente en ese juego del cual los ciudadanos ya están hartos.
“Están colmados ya de que estemos haciendo políticas, cuando son asuntos jurídicos, asuntos judiciales. Debe de ir a la cárcel quien tenga que ir, pero si no hay méritos para ello, no podemos llevarlo al terreno político y menos al terreno electoral”, indicó el diputado.
El jefe de alguaciles del condado Smith, de Texas, Bobby Garmon, reveló hoy que el extesorero y exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, quien enfrenta cargos por el “moreirazo”, fue detenido el pasado miércoles 1 en esa región y liberado cinco días más tarde, luego de pagar una fianza de 20 mil dólares.
En declaraciones a la cadena de televisión KLTV, el jefe policiaco detalló que al momento de la detención del exfuncionario mexicano y brazo derecho del exgobernador Humberto Moreira, llevaba consigo 67 mil dólares, por lo que fue acusado de “lavado” de dinero.
Villarreal Hernández, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de solicitar un crédito por mil millones de pesos con documentos apócrifos en complicidad con seis funcionarios más, cuatro estatales y dos federales, salió libre el pasado lunes 6, después de cubrir una fianza. Con él, viajaba su esposa.
Garmon comentó, asimismo, que el exfuncionario y su esposa fueron detenidos en la carretera 31 oeste por no contar con la matrícula delantera del vehículo en que viajaban, y que al realizar una inspección en el auto sus agentes localizaron 67 mil dólares.
En su portal de noticias, la televisora comentó también que había dos niños en el vehículo y otro hombre.
Sin embargo, al consultar los registros de la cárcel del Condado de Smith, se establece que fue liberado el 6 de febrero tras pagar una fianza de 20 mil dólares
La PGR dio a conocer este jueves que la Interpol ya busca a Villarreal y cuatro Miguel Ramón Rodríguez Flores, Juan Manuel Froto García, Sergio Ricardo Fuentes Flores y Enrique Ledezma Sánchez, todos ellos exfuncionarios del gobierno de Coahuila.
En México, diputados del PRD y PAN pidieron a la PGR ir al fondo en la investigación sobre la falsificación de documentos para contraer deuda en Coahuila, a fin de que se llegue a detectar quién estuvo atrás de los delitos y para qué se utilizaron los recursos.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Estela Damián, pidió al Procuraduría determinar no sólo quiénes fueron los servidores públicos que maquinaron el fraude sino los que confabularon y posiblemente se enriquecieron ilícitamente.
La diputada del PRD se congratuló por el anuncio de la PGR sobre la aprehensión de dos personas ligadas al caso, pero exigió que la justicia no sólo se dé en contra de servidores públicos menores.
“La exigencia de justicia y de castigo es que lleguen al final y que nos determinen quienes maquinaron el fraude, hay que ir hacia los principales protagonistas y en mi opinión fueron los gobernadores que en su momento estuvieron al frente.
“(Ellos) supieron y conocieron de éstos casos y no actuaron con toda energía y firmeza en contra de quienes lo consumaron, y hoy se vuelven parte de esta red de complicidad en donde no había castigo ni había indagatoria ni había sanción”, señaló.
Por su parte, el diputado del PAN, Camilo Ramírez, dijo que la sociedad reclama acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que, independientemente de las filiaciones políticas, la Procuraduría debe investigar y sancionar.
“Debemos de ser muy claros: el reclamo de la sociedad en la actualidad es de que cese la corrupción y que cese la impunidad y creo que en esta ocasión, la PGR está obligada a llevar a cabo una investigación completa para determinar todos aquellos y aquellas que hayan llegado a cometer algún ilícito y consignar esta averiguación a los tribunales competentes.
“Que éstos sean quien definan con pruebas, verdaderamente, quién es responsable para que las cosas queden claras y transparentes ante la comunidad y que no estemos nosotros en los dimes y diretes de tipo político de que se trata de persecuciones políticas o de asuntos electorales”, dijo.
Señaló que si la PGR considera necesario citar a comparecer al exgobernador y exlíder del PRI, Humberto Moreira, lo debe de hacer.
Sin embargo, también consideró que se deben dejar de lado las especulaciones.
“Si de la indagatoria ellos aprecian que existen indicios para llevar a cabo una citación a cargo del exgobernador, ellos están en la obligación de hacerlo, pero si no existe, no podemos exigir algo que no está dentro de los expedientes, si no, entramos nuevamente en ese juego del cual los ciudadanos ya están hartos.
“Están colmados ya de que estemos haciendo políticas, cuando son asuntos jurídicos, asuntos judiciales. Debe de ir a la cárcel quien tenga que ir, pero si no hay méritos para ello, no podemos llevarlo al terreno político y menos al terreno electoral”, indicó el diputado.
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