Guido Proaño A.
Las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, en el sentido de que se encuentra en marcha un proyecto desestabilizador del gobierno, en el que estarían involucrados “sectores de ultra derecha y de ultra izquierda” han merecido el rechazo de dirigentes de diversas organizaciones populares del país. Correa se refirió en esos términos a propósito de la marcha nacional que inicia el próximo 8 de marzo desde la oriental provincia de Zamora Chinchipe y llegará a la capital de la república el 22 de marzo reivindicando el derecho de los pueblos al agua, a la vida, a la tierra y a la dignidad.
El presidente nacional del Frente Popular, Paúl Velásquez, ha respondido a tales declaraciones recordando que “no es la primera ocasión que el presidente busca desacreditar la lucha del pueblo ecuatoriano bajo la acusación de que existen intenciones golpistas o que el movimiento popular se encuentra manipulado o unido a la derecha. De esa forma logra victimizarse para conseguir respaldo ciudadano; pero lo cierto es que entre las organizaciones populares no existe ningún interés de desestabilizar al gobierno, lo que hay es un profundo descontento por el contenido antipopular de la política del régimen. Protestamos porque no estamos de acuerdo con que se entreguen nuestras riquezas naturales, mineras, petroleras a las compañías extranjeras como también lo hacían los gobiernos neoliberales; no podemos quedarnos callados cuando hay más de cuatro mil empleados públicos que han sido mandados a la desocupación bajo la cínica fórmula inventada por el gobierno de la renuncia obligatoria”.
Por su parte, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, pide a Rafael Correa que dé los nombres de quienes estarían financiando el intento desestabilizador, mientras que el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, asegura que “una marcha que plantea la plena vigencia de la Constitución, plantea la plena vigencia de la democracia … no busca desestabilizar al Gobierno, sino el fortalecimiento de la democracia y del régimen constitucional que ha sido severamente desestabilizado por las violaciones continuas de la Constitución en contra de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los maestros, de los periodistas, de los derechos de la naturaleza, de la justicia, ejecutadas por el gobierno correísta”.
Según la agencia de noticias gubernamental, ANDES, el gobierno convocará para el mismo día 8 de marzo una concentración en la Plaza de la Independencia, con la que se buscaría expresar el respaldo al gobierno. Esa convocatoria genera preocupación entre los organizadores de la Marcha Nacional por el Agua, la Vida, la Tierra y la Dignidad, pues, consideran que se trata de un intento por provocar una confrontación entre sectores populares, puesto que ese día, a la vez que arranca la marcha desde Zamora, en cada una de las capitales provinciales se realizarán manifestaciones de protesta. Además, la Unión Nacional de Educadores tiene previsto para el 8 de marzo una concentración nacional del magisterio en Quito, a fin de entregar a las autoridades competentes 60 mil firmas solicitando reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe.
Cortina de humo
El calificativo de desestabilizadoras a las acciones de protesta que se avecinan se produce cuando, en Italia, ha saltado el escándalo de la valija diplomática ecuatoriana que transportaba 40 kilogramos de cocaína y crece el descontento de amplios sectores por el fallo judicial en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita que les obliga, a cada uno, pagar al presidente de la República 1 millón de dólares por el contenido del libro de su autoría, El Gran Hermano, que, según la jueza que siguió el caso, habría provocado “grave daño espiritual” en el presidente Correa. Este fallo, como el emitido en contra del diario El Universo, ha puesto en la palestra política el debate respecto del control que el ejecutivo tiene sobre la función judicial y la naturaleza antidemocrática del gobierno.
Respecto de la valija diplomática, la policía italiana ha señalado que inició investigaciones al respecto desde junio del año pasado, lo que hace pensar que no sería el primer cargamento que se produce. Por su parte la cancillería ecuatoriana, tras una inicial declaración del Ministro Ricardo Patiño que se produjo casi al mes del incidente en la que, sin sustento alguno, intentó responsabilizar del tráfico de drogas a un tercer país en el que se la habría introducido, mantiene hermetismo al respecto y apenas ha manifestado que está en curso una investigación interna.
Grave problema político el que tiene el gobierno en sus manos, pero experto como es en desviar la atención de los problemas fundamentales, ahora crea la ficción de un intento desestabilizador con el que levanta una cortina de humo y, sobre todo, justificará el impulso de una nueva oleada represiva. Seguramente en estos días más dirigentes y activistas sociales engrosarán la lista de enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Esa la democracia inaugurada por la “revolución ciudadana”.
Las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, en el sentido de que se encuentra en marcha un proyecto desestabilizador del gobierno, en el que estarían involucrados “sectores de ultra derecha y de ultra izquierda” han merecido el rechazo de dirigentes de diversas organizaciones populares del país. Correa se refirió en esos términos a propósito de la marcha nacional que inicia el próximo 8 de marzo desde la oriental provincia de Zamora Chinchipe y llegará a la capital de la república el 22 de marzo reivindicando el derecho de los pueblos al agua, a la vida, a la tierra y a la dignidad.
El presidente nacional del Frente Popular, Paúl Velásquez, ha respondido a tales declaraciones recordando que “no es la primera ocasión que el presidente busca desacreditar la lucha del pueblo ecuatoriano bajo la acusación de que existen intenciones golpistas o que el movimiento popular se encuentra manipulado o unido a la derecha. De esa forma logra victimizarse para conseguir respaldo ciudadano; pero lo cierto es que entre las organizaciones populares no existe ningún interés de desestabilizar al gobierno, lo que hay es un profundo descontento por el contenido antipopular de la política del régimen. Protestamos porque no estamos de acuerdo con que se entreguen nuestras riquezas naturales, mineras, petroleras a las compañías extranjeras como también lo hacían los gobiernos neoliberales; no podemos quedarnos callados cuando hay más de cuatro mil empleados públicos que han sido mandados a la desocupación bajo la cínica fórmula inventada por el gobierno de la renuncia obligatoria”.
Por su parte, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, pide a Rafael Correa que dé los nombres de quienes estarían financiando el intento desestabilizador, mientras que el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, asegura que “una marcha que plantea la plena vigencia de la Constitución, plantea la plena vigencia de la democracia … no busca desestabilizar al Gobierno, sino el fortalecimiento de la democracia y del régimen constitucional que ha sido severamente desestabilizado por las violaciones continuas de la Constitución en contra de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los maestros, de los periodistas, de los derechos de la naturaleza, de la justicia, ejecutadas por el gobierno correísta”.
Según la agencia de noticias gubernamental, ANDES, el gobierno convocará para el mismo día 8 de marzo una concentración en la Plaza de la Independencia, con la que se buscaría expresar el respaldo al gobierno. Esa convocatoria genera preocupación entre los organizadores de la Marcha Nacional por el Agua, la Vida, la Tierra y la Dignidad, pues, consideran que se trata de un intento por provocar una confrontación entre sectores populares, puesto que ese día, a la vez que arranca la marcha desde Zamora, en cada una de las capitales provinciales se realizarán manifestaciones de protesta. Además, la Unión Nacional de Educadores tiene previsto para el 8 de marzo una concentración nacional del magisterio en Quito, a fin de entregar a las autoridades competentes 60 mil firmas solicitando reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe.
Cortina de humo
El calificativo de desestabilizadoras a las acciones de protesta que se avecinan se produce cuando, en Italia, ha saltado el escándalo de la valija diplomática ecuatoriana que transportaba 40 kilogramos de cocaína y crece el descontento de amplios sectores por el fallo judicial en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita que les obliga, a cada uno, pagar al presidente de la República 1 millón de dólares por el contenido del libro de su autoría, El Gran Hermano, que, según la jueza que siguió el caso, habría provocado “grave daño espiritual” en el presidente Correa. Este fallo, como el emitido en contra del diario El Universo, ha puesto en la palestra política el debate respecto del control que el ejecutivo tiene sobre la función judicial y la naturaleza antidemocrática del gobierno.
Respecto de la valija diplomática, la policía italiana ha señalado que inició investigaciones al respecto desde junio del año pasado, lo que hace pensar que no sería el primer cargamento que se produce. Por su parte la cancillería ecuatoriana, tras una inicial declaración del Ministro Ricardo Patiño que se produjo casi al mes del incidente en la que, sin sustento alguno, intentó responsabilizar del tráfico de drogas a un tercer país en el que se la habría introducido, mantiene hermetismo al respecto y apenas ha manifestado que está en curso una investigación interna.
Grave problema político el que tiene el gobierno en sus manos, pero experto como es en desviar la atención de los problemas fundamentales, ahora crea la ficción de un intento desestabilizador con el que levanta una cortina de humo y, sobre todo, justificará el impulso de una nueva oleada represiva. Seguramente en estos días más dirigentes y activistas sociales engrosarán la lista de enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Esa la democracia inaugurada por la “revolución ciudadana”.
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