Jenaro Villamil
La dirigencia nacional del PRI reprobó “cualquier intento de persecución política” y de “uso partidista de la procuración de justicia” en contra de adversarios políticos, y acusó de ilegal y autoritaria la estrategia de utilizar “la difamación y la filtración mal intencionadas de posibles investigaciones”.
El PRI no menciona explícitamente al gobierno federal de Felipe Calderón o a la Procuraduría General de la República en el caso reciente de los tres exgobernadores de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores), investigados por el Ministerio Público federal en relación con el crimen del excandidato a gobernador, el priista Rodolfo Torre Cantú.
Sin embargo, en la parte medular advierte que “las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones”, y señala que “el PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el uso faccioso de la justicia”.
El comunicado sí se refiere explícitamente al caso de los 25 millones de pesos en efectivo del gobierno de Veracruz, asegurados el viernes 27 por la PGR, y considera “absolutamente falso” que dichos recursos fueran destinados “a apoyar campañas del PRI”.
“En este contexto, la imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al gobierno del estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI, es absolutamente falso”, sentencia el comunicado, y advierte que los priistas se reservarán “el derecho de recurrir a instancias legales”.
El contrataque de la dirigencia nacional del PRI ejemplifica con tres casos anteriores la utilización “partidista” de la procuración de justicia.
Menciona el caso del candidato priista a la gubernatura de Jalisco, Arturo Zamora, quien fue acusado “falsamente, días antes de la elección”, de tener vínculos contra el crimen organizado. Estos vínculos nunca se comprobaron y “terminaron en una disculpa pública después de los comicios”.
También se refieren al caso del “vergonzoso michoacanazo” y a la acusación en contra del candidato priista a gobernador de Guerrero, Manuel Añorve, de presuntos vínculos contra el crimen organizado.
“El PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el uso faccioso de la justicia”, apunta el comunicado.
La dirigencia nacional del PRI reprobó “cualquier intento de persecución política” y de “uso partidista de la procuración de justicia” en contra de adversarios políticos, y acusó de ilegal y autoritaria la estrategia de utilizar “la difamación y la filtración mal intencionadas de posibles investigaciones”.
El PRI no menciona explícitamente al gobierno federal de Felipe Calderón o a la Procuraduría General de la República en el caso reciente de los tres exgobernadores de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores), investigados por el Ministerio Público federal en relación con el crimen del excandidato a gobernador, el priista Rodolfo Torre Cantú.
Sin embargo, en la parte medular advierte que “las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones”, y señala que “el PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el uso faccioso de la justicia”.
El comunicado sí se refiere explícitamente al caso de los 25 millones de pesos en efectivo del gobierno de Veracruz, asegurados el viernes 27 por la PGR, y considera “absolutamente falso” que dichos recursos fueran destinados “a apoyar campañas del PRI”.
“En este contexto, la imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al gobierno del estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI, es absolutamente falso”, sentencia el comunicado, y advierte que los priistas se reservarán “el derecho de recurrir a instancias legales”.
El contrataque de la dirigencia nacional del PRI ejemplifica con tres casos anteriores la utilización “partidista” de la procuración de justicia.
Menciona el caso del candidato priista a la gubernatura de Jalisco, Arturo Zamora, quien fue acusado “falsamente, días antes de la elección”, de tener vínculos contra el crimen organizado. Estos vínculos nunca se comprobaron y “terminaron en una disculpa pública después de los comicios”.
También se refieren al caso del “vergonzoso michoacanazo” y a la acusación en contra del candidato priista a gobernador de Guerrero, Manuel Añorve, de presuntos vínculos contra el crimen organizado.
“El PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el uso faccioso de la justicia”, apunta el comunicado.
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