Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El desenlace de un juicio entre particulares sólo tiene dos percepciones inmediatas: la del perdedor y la de quien ganó. Nadie piensa en las consecuencias a futuro, si sienta o no jurisprudencia y la manera en que puede o no transformar la manera de impartir justicia, pero sobre todo la actitud y la consciencia de los juzgadores.
Los juicios contra el Estado, los que exigen -por razones de sobrevivencia de ese mismo Estado- una revisión de la historia para convocar a la reconciliación nacional, con el propósito de evitar otra guerra civil, una asonada o el caos social, sólo pueden tener una percepción posible, unívoca: los beneficios alcanzados por la sociedad, razón de ser de la existencia y permanencia de las instituciones y los gobiernos, lo demás es entelequia y prevaricación jurisprudencial, es abrir espacios a la represión y cancelar libertades.
De allí que resulte de fundamental interés lo que en España su Corte Suprema -respaldada por el Partido Popular y quienes niegan el costo social de hacer historia política- desea convertir en aviso y ejemplo al sentar en el banquillo de los acusados a Baltasar Garzón. Están urgidos de aplicar un correctivo generalizado a todos aquellos que aspiren a subvertir el orden impuesto por el silencio histórico, las medias verdades o las mentiras llanas y simples, y todo porque primero resolvió en beneficio de los españoles la trama Gürtel y luego pretendió recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo.
Baltasar Garzón corre con la suerte de no tener frente a él una Comisión Warren, para desacreditarlo y plancharlo como lo hicieron con el fiscal de Distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison; sin embargo, es preciso señalar que tiene en su contra la corriente histórica y la insidia.
Lo que ocurre a Garzón debe alertar a los mexicanos, porque de idéntica manera a como se procede contra él, aquí lo harán contra la razón histórica en el caso de la matanza de Acteal, pues como reporta Proceso, el último 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno, como “correspondió a Sadam Hussein”; los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el ex presidente goza o no de inmunidad frente a la demanda, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Puede ocurrirle lo mismo al jurista mexicano Netzaí Sandoval, quien entregó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que denuncia los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el presidente Felipe Calderón.
El desenlace de un juicio entre particulares sólo tiene dos percepciones inmediatas: la del perdedor y la de quien ganó. Nadie piensa en las consecuencias a futuro, si sienta o no jurisprudencia y la manera en que puede o no transformar la manera de impartir justicia, pero sobre todo la actitud y la consciencia de los juzgadores.
Los juicios contra el Estado, los que exigen -por razones de sobrevivencia de ese mismo Estado- una revisión de la historia para convocar a la reconciliación nacional, con el propósito de evitar otra guerra civil, una asonada o el caos social, sólo pueden tener una percepción posible, unívoca: los beneficios alcanzados por la sociedad, razón de ser de la existencia y permanencia de las instituciones y los gobiernos, lo demás es entelequia y prevaricación jurisprudencial, es abrir espacios a la represión y cancelar libertades.
De allí que resulte de fundamental interés lo que en España su Corte Suprema -respaldada por el Partido Popular y quienes niegan el costo social de hacer historia política- desea convertir en aviso y ejemplo al sentar en el banquillo de los acusados a Baltasar Garzón. Están urgidos de aplicar un correctivo generalizado a todos aquellos que aspiren a subvertir el orden impuesto por el silencio histórico, las medias verdades o las mentiras llanas y simples, y todo porque primero resolvió en beneficio de los españoles la trama Gürtel y luego pretendió recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo.
Baltasar Garzón corre con la suerte de no tener frente a él una Comisión Warren, para desacreditarlo y plancharlo como lo hicieron con el fiscal de Distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison; sin embargo, es preciso señalar que tiene en su contra la corriente histórica y la insidia.
Lo que ocurre a Garzón debe alertar a los mexicanos, porque de idéntica manera a como se procede contra él, aquí lo harán contra la razón histórica en el caso de la matanza de Acteal, pues como reporta Proceso, el último 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno, como “correspondió a Sadam Hussein”; los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el ex presidente goza o no de inmunidad frente a la demanda, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Puede ocurrirle lo mismo al jurista mexicano Netzaí Sandoval, quien entregó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que denuncia los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el presidente Felipe Calderón.
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