Jorge Alejandro Medellín
1.- Una parte de la prensa mexicana sigue al tanto de los avances, retrocesos, cambios, omisiones y balances de las fuerzas armadas en relación con el respeto a los derechos humanos en el contexto de la guerra calderonista contra el narcotráfico.
2.- Esa fracción de la prensa nacional ha revelado incesantes abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de civiles y en algunos casos en contra de otros militares.
3.- Desde cateos y detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y fabricación de delitos de narcotráfico en Ojinaga, Chihuahua, hasta presuntos actos de colaboración con cárteles en Sonora. Los indiciados y presumibles responsables de estos hechos son los generales de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, Chihuahua, y el brigadier Juan Barragán Espinoza, recientemente retirado tras su ascenso de coronel al generalato en noviembre de 2010. Ambos están presos y bajo proceso militar junto con otros 35 elementos involucrados en los abusos.
4.- El caso del general Moreno Aviña, quien está acusado de abusos, tortura, detenciones y ejecución de civiles cometidas presuntamente entre 2008 y 2009, fue dad a conocer el 30 de enero de este año. La difusión de lo ocurrido obligó a la Sedena a precisar los detalles de un hecho que la dependencia calló y guardó en las gavetas de la transparencia informativa gubernamental.
5.- La Sedena jamás informó sobre el caso (Causa Penal 1982/2009), mucho menos se dirigió a la opinión pública o a los medios de comunicación para dar a conocer la detención del general Moreno Aviña y de otros 30 elementos de la Tercer Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) que operaba en Ojinaga.
La secretaría reaccionó hasta que el tema se ventiló en un medio de comunicación a partir de una sentencia de amparo (la número 151/2010), con le que familiares de algunas de las victimas buscan que los militares, comenzando por el general, sea juzgados en el fuero civil por los abusos y delitos presuntamente cometidos durante las operaciones de la CINE en el combate al narcotráfico.
La Sedena se limitó a señalar que en las fuerzas armadas n hay impunidad y que los militares implicados están detenidos y bajo proceso en el fuero castrense.
6.- El otro caso es le del general Juan Manuel Barragán Espinoza, ascendido a ese grado el 20 de noviembre de 2010. Era coronel cuando presuntamente colaboró de alguna forma con el crimen organizado en Sinaloa, en donde según las acusaciones cobijó determinadas operaciones del cartel que domina en esa entidad.
7.- El general está bajo arraigo desde hace dos semanas en la SIEDO. Su caso implicaría la participación de dos mandos militares en hechos de colusión con el crimen organizado en este sexenio. Al menos eso es lo que se supondría si la Sedena tuviera una verdadera política de transparencia y apertura a los medios y a la sociedad, tanto como la que intenta defender en el número del mes de febrero de su revista electrónica, en la que asegura llevar adelante una política de transparencia y apertura hacia la sociedad.
8.- La Defensa Nacional reconoce en una o dos líneas que ha habido alejamiento entre civiles y militares. Asegura que esto está cambiando, que ha cambiado en el actual sexenio. Para remediar esta situación es que se han impulsado museos itinerantes y exhibiciones multitudinarias, espectáculos aéreos, marchas, paseos ciclistas, dice el papel.
De la cara oculta poco o nada se sabe, a excepción de lo que algunos medios logran conocer y revelar.
1.- Una parte de la prensa mexicana sigue al tanto de los avances, retrocesos, cambios, omisiones y balances de las fuerzas armadas en relación con el respeto a los derechos humanos en el contexto de la guerra calderonista contra el narcotráfico.
2.- Esa fracción de la prensa nacional ha revelado incesantes abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de civiles y en algunos casos en contra de otros militares.
3.- Desde cateos y detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y fabricación de delitos de narcotráfico en Ojinaga, Chihuahua, hasta presuntos actos de colaboración con cárteles en Sonora. Los indiciados y presumibles responsables de estos hechos son los generales de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, Chihuahua, y el brigadier Juan Barragán Espinoza, recientemente retirado tras su ascenso de coronel al generalato en noviembre de 2010. Ambos están presos y bajo proceso militar junto con otros 35 elementos involucrados en los abusos.
4.- El caso del general Moreno Aviña, quien está acusado de abusos, tortura, detenciones y ejecución de civiles cometidas presuntamente entre 2008 y 2009, fue dad a conocer el 30 de enero de este año. La difusión de lo ocurrido obligó a la Sedena a precisar los detalles de un hecho que la dependencia calló y guardó en las gavetas de la transparencia informativa gubernamental.
5.- La Sedena jamás informó sobre el caso (Causa Penal 1982/2009), mucho menos se dirigió a la opinión pública o a los medios de comunicación para dar a conocer la detención del general Moreno Aviña y de otros 30 elementos de la Tercer Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) que operaba en Ojinaga.
La secretaría reaccionó hasta que el tema se ventiló en un medio de comunicación a partir de una sentencia de amparo (la número 151/2010), con le que familiares de algunas de las victimas buscan que los militares, comenzando por el general, sea juzgados en el fuero civil por los abusos y delitos presuntamente cometidos durante las operaciones de la CINE en el combate al narcotráfico.
La Sedena se limitó a señalar que en las fuerzas armadas n hay impunidad y que los militares implicados están detenidos y bajo proceso en el fuero castrense.
6.- El otro caso es le del general Juan Manuel Barragán Espinoza, ascendido a ese grado el 20 de noviembre de 2010. Era coronel cuando presuntamente colaboró de alguna forma con el crimen organizado en Sinaloa, en donde según las acusaciones cobijó determinadas operaciones del cartel que domina en esa entidad.
7.- El general está bajo arraigo desde hace dos semanas en la SIEDO. Su caso implicaría la participación de dos mandos militares en hechos de colusión con el crimen organizado en este sexenio. Al menos eso es lo que se supondría si la Sedena tuviera una verdadera política de transparencia y apertura a los medios y a la sociedad, tanto como la que intenta defender en el número del mes de febrero de su revista electrónica, en la que asegura llevar adelante una política de transparencia y apertura hacia la sociedad.
8.- La Defensa Nacional reconoce en una o dos líneas que ha habido alejamiento entre civiles y militares. Asegura que esto está cambiando, que ha cambiado en el actual sexenio. Para remediar esta situación es que se han impulsado museos itinerantes y exhibiciones multitudinarias, espectáculos aéreos, marchas, paseos ciclistas, dice el papel.
De la cara oculta poco o nada se sabe, a excepción de lo que algunos medios logran conocer y revelar.
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