martes, febrero 07, 2012

25 millones

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

El billete mexicano de más alta denominación es de mil pesos. Un millón son mil billetes de a mil. Manejar 25 millones de pesos requiere reunir 25 mil billetes de mil pesos, lo que es un engorro, por los controles que hoy están establecidos en la banca para denunciar el manejo de cantidades muy altas.

Pero no es lo anterior lo que más inquieta, sino la posibilidad de establecer, sin lugar a dudas, quiénes eran los destinatarios de esa cantidad, cuáles los motivos por los que recibirían pagos en efectivo y, sobre todo, por qué no han dado la cara -¿era Willy Souza?- si se trataba de transacciones absolutamente legales y respaldadas contra la entrega de bienes y/o servicios. Resultan increíbles las versiones de la Secretaría de Finanzas y la oficina del gobierno de Veracruz, puesto que actualmente nadie, en su sano juicio, maneja ese monto en efectivo y sin respaldos contables verificables, si no es que tantos millones de pesos están destinados a propósitos distintos a los que estaban etiquetados, o definitivamente porque son fondos sin registro contable alguno.

El dilema para la PGR y para el gobierno de Veracruz es difícil, porque a la procuración de justicia corresponderá demostrar que ese dinero no procede del presupuesto de egresos de esa entidad, y a Javier Duarte y Tomás Ruiz les toca explicar qué diantres hacían 25 mil billetes de mil pesos del presupuesto del estado, seguramente etiquetados, en una entidad federativa fuera de su territorio, sin recibos que los respalden y en un manejo impropio para garantizar su traslado con seguridad.

Javier Duarte y Tomás Ruiz están en una situación de perder-perder, porque aunque comprueben el origen del dinero, su manejo y destino parece injustificable, pero si se muestran incapaces de transparentar el origen de esos 25 millones de pesos en efectivo, harían bien en tener sobre el escritorio sus renuncias y, además, obligar a los destinatarios a dar la cara, pues de otra manera harán que la acusación contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas resulte pequeña.

La otra improbable posibilidad es que fuese el dinero para un rescate, lo que pone en peligro la vida del o de los secuestrados, aunque de todas maneras queda sin explicar el origen de tal cantidad.

En los aciagos tiempos electorales que viven los mexicanos quizá sea prudente conceder el beneficio de la duda pero, si no hay explicación plausible, Tomás Ruiz y Javier Duarte deben ser separados de sus cargos hasta que todo se aclare con su inocencia, o culpabilidad.

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