Raymundo Riva Palacio
En permanente exploración de nuevas formas para acercarse al lector, la columna Estrictamente Personal ha buscado durante más de tres lustros decodificar la toma de decisiones en la política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que o...
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Desde hace tiempo las encuestas se convirtieron en México en actores políticos y varios encuestadores en figuras del star system. ¿En dónde dejaron de ser un termómetro de la opinión pública para convertirse en oráculos electorales? No fue por una inducción de los encuestadores, que insisten que su papel no es pronosticar los resultados de las elecciones, sino como consecuencia de la enorme ola que sobre la opinión pública arrojaron medios de comunicación y los políticos mismos, que contribuyó a tergiversar el instrumentos y convertirlo en una poderosa arma electoral.
La dinámica desatada por el manejo irregular de la herramienta ha introducido una variable estratégica en los equipos de campaña de los candidatos presidenciales, ya no sólo para utilizar sus datos con fines propagandísticos, sino para neutralizar justamente la propaganda en contra. Por ejemplo, una discusión en el equipo de Josefina Vázquez Mota tiene que ver con la posible difusión de tracking polls –mediciones diarias para evaluar el impacto de los candidatos durante el proceso- en la campaña presidencial con financiamiento oculto.
Los temores tienen como antecedente el tracking poll que realizó el Gabinete de Comunicación Estratégica –que trabajaba en la campaña para gobernador en el estado de México del priista Eruviel Ávila-, que difundió el Grupo Milenio. En ese momento hubo críticas y denuncias al ejercicio con el argumento que su difusión alteraba el comportamiento electoral y afectaba significativamente el proceso. El tema de fondo no es si el Grupo Milenio o cualquier otra organización decidieran repetir el recurso en la campaña presidencial, lo que sería absolutamente legítimo, sino quién lo paga.
Para atacar la perversión que ha invadido la demoscopia en México y, al mismo tiempo, salvar el instrumento como una herramienta necesaria para brindar información al electorado y que puedan realizar una mejor elección al momento de votar, el IFE difundió recientemente una serie de criterios generales que buscan transparentar el método y su financiamiento. La parte fundamental de los criterios, establece:
“Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión que se publique de manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el fin de dar a conocer las tendencias de la votación de los ciudadanos deberá indicar la persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo, la que lo llevó a efecto y la que ordenó su publicación o difusión”.
Con esta medida legal, si un medio decide hacer un tracking poll, está en todo su derecho si transparenta quién lo patrocina, quién lo realiza y quién es el responsable de la publicación. No le impide trabajar con un partido o con un candidato. Si ese fuera el caso y el estudio no fuera financiado con recursos propios, el medio tendría que pagar el costo político de difundir un estudio que pudiera estar sesgado, y probablemente al candidato y a su partido se le contaría como gasto de campaña. Lo mismo sucede con una encuesta. No se prohíbe realizarla y difundirla, hay que insistir, sino que sea público quién la paga.
Los criterios son altamente valiosos, particularmente para quienes votan y para quienes a partir de los resultados definen montos de financiamiento para algún candidato. Es decir, da certidumbre a todos y evita los abusos del pasado, como cuando los partidos inventaron empresas demoscópicas para difundir resultados falsos, o pagaron a empresas especializadas que difundían sus estudios en medios de comunicación sin aclarar el origen del financiamiento. Los medios los aceptaban porque no les significaba un gasto, pero ocultaban, como hubo casos, que la difusión de algunas encuestas había sido hecha por personas que trabajaban no sólo para candidatos, sino que formaban parte de sus cuartos de guerra y de la estrategia electoral.
El principio del fin a seguir engañando al electorado está a la puerta. No es de ninguna manera el final de las encuestas, pero sí de la ingenuidad y las chapucerías.
En permanente exploración de nuevas formas para acercarse al lector, la columna Estrictamente Personal ha buscado durante más de tres lustros decodificar la toma de decisiones en la política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que o...
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Desde hace tiempo las encuestas se convirtieron en México en actores políticos y varios encuestadores en figuras del star system. ¿En dónde dejaron de ser un termómetro de la opinión pública para convertirse en oráculos electorales? No fue por una inducción de los encuestadores, que insisten que su papel no es pronosticar los resultados de las elecciones, sino como consecuencia de la enorme ola que sobre la opinión pública arrojaron medios de comunicación y los políticos mismos, que contribuyó a tergiversar el instrumentos y convertirlo en una poderosa arma electoral.
La dinámica desatada por el manejo irregular de la herramienta ha introducido una variable estratégica en los equipos de campaña de los candidatos presidenciales, ya no sólo para utilizar sus datos con fines propagandísticos, sino para neutralizar justamente la propaganda en contra. Por ejemplo, una discusión en el equipo de Josefina Vázquez Mota tiene que ver con la posible difusión de tracking polls –mediciones diarias para evaluar el impacto de los candidatos durante el proceso- en la campaña presidencial con financiamiento oculto.
Los temores tienen como antecedente el tracking poll que realizó el Gabinete de Comunicación Estratégica –que trabajaba en la campaña para gobernador en el estado de México del priista Eruviel Ávila-, que difundió el Grupo Milenio. En ese momento hubo críticas y denuncias al ejercicio con el argumento que su difusión alteraba el comportamiento electoral y afectaba significativamente el proceso. El tema de fondo no es si el Grupo Milenio o cualquier otra organización decidieran repetir el recurso en la campaña presidencial, lo que sería absolutamente legítimo, sino quién lo paga.
Para atacar la perversión que ha invadido la demoscopia en México y, al mismo tiempo, salvar el instrumento como una herramienta necesaria para brindar información al electorado y que puedan realizar una mejor elección al momento de votar, el IFE difundió recientemente una serie de criterios generales que buscan transparentar el método y su financiamiento. La parte fundamental de los criterios, establece:
“Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión que se publique de manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el fin de dar a conocer las tendencias de la votación de los ciudadanos deberá indicar la persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo, la que lo llevó a efecto y la que ordenó su publicación o difusión”.
Con esta medida legal, si un medio decide hacer un tracking poll, está en todo su derecho si transparenta quién lo patrocina, quién lo realiza y quién es el responsable de la publicación. No le impide trabajar con un partido o con un candidato. Si ese fuera el caso y el estudio no fuera financiado con recursos propios, el medio tendría que pagar el costo político de difundir un estudio que pudiera estar sesgado, y probablemente al candidato y a su partido se le contaría como gasto de campaña. Lo mismo sucede con una encuesta. No se prohíbe realizarla y difundirla, hay que insistir, sino que sea público quién la paga.
Los criterios son altamente valiosos, particularmente para quienes votan y para quienes a partir de los resultados definen montos de financiamiento para algún candidato. Es decir, da certidumbre a todos y evita los abusos del pasado, como cuando los partidos inventaron empresas demoscópicas para difundir resultados falsos, o pagaron a empresas especializadas que difundían sus estudios en medios de comunicación sin aclarar el origen del financiamiento. Los medios los aceptaban porque no les significaba un gasto, pero ocultaban, como hubo casos, que la difusión de algunas encuestas había sido hecha por personas que trabajaban no sólo para candidatos, sino que formaban parte de sus cuartos de guerra y de la estrategia electoral.
El principio del fin a seguir engañando al electorado está a la puerta. No es de ninguna manera el final de las encuestas, pero sí de la ingenuidad y las chapucerías.
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