Favorecerá “la eficiencia administrativa, además de disminuir los espacios de corrupción y otorgar certidumbre, indica Rafael Morgan
Elizabeth Velasco Contreras
El secretario de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan, afirmó que con la puesta en vigor de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada se regulará ahora el uso de la firma digital y de los medios electrónicos en los actos jurídicos, en el área de las comunicaciones, en procedimientos administrativos, en trámites y prestación de servicios que realicen los servidores públicos (de los gobiernos federal y de los niveles locales) entre sí y con los particulares.
“Es una ley que certifica la firma digital y los servicios relacionados con la misma”, dijo, tras subrayar que favorecerá “la eficiencia administrativa, además de disminuir los espacios de corrupción y otorgar certidumbre, principalmente jurídica, a los documentos firmados electrónicamente que surgen de la interacción entre el gobierno federal y los ciudadanos”.
Señaló que en dichos procesos se cuenta con la participación y “mejora de la gestión” de los órganos internos de control (OIC) de las más de 270 dependencias del gobierno federal, mismos que tienen la encomienda de vigilar el buen y honesto desempeño de los servidores públicos y el correcto uso de los recursos del erario que son aportados por los ciudadanos con el pago de sus impuestos.
Ante el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y otros funcionarios congregados en la sede de Nacional Financiera, el nuevo titular de la SFP explicó que la firma digital es una herramienta que hace posible la realización de diversos trámites a cualquier hora y desde la comodidad del domicilio de cualquier persona vía Internet, así como de transacciones electrónicas bajo un ambiente seguro y confiable.
“Con el uso de la firma digital se garantiza la autenticidad de los datos y la validez jurídica de los mismos, puesto que la firma digital es equiparable a la firma autógrafa de la persona”.
De las ventajas en su uso, destacó que “permite mantener la integridad de datos y documentos al restringir cambios o modificaciones a los mensajes; y se asegura la confidencialidad al restringir el acceso o distribución no autorizada de mensajes, datos y documentos electrónicos”.
De los trámites ciudadanos, Morgan dijo que si ya se habían convertido en un “dolor de cabeza” por la falsificación de documentos, pues “hay documentos falsos que en ocasiones se ven mejor que los originales”. Con la nueva ley y la firma digital, agregó, “se mejora la gestión pública y sin duda se fortalece el combate a la corrupción, lo cual constituye una de las líneas que ha marcado la estrategia de seguridad nacional emprendida” en la gestión de Felipe Calderón”.
Otras bondades de la ley, según Morgan, son la “efectividad” en los trámites que los ciudadanos realizan con el gobierno, así como la reducción de costos de operación y de administración de las instituciones gubernamentales.
Como ejemplo, habló de los ahorros obtenidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al generalizarse la firma digital entre empresarios y prestadores de servicios que concursan por las licitaciones gubernamentales,
“Nada más por haber aplicado algunas de estas novedades, básicamente en la idea que trae la nueva Ley de Adquisiciones, de licitaciones en reversa, se hablaba de que se habían ahorrado más de 40 mil millones de pesos, ya se llegó a hablar de 46 mil millones”.
De lo que se hizo con esos miles de millones, dijo: “...Pues no están en ningún lado: se utilizaron para un mejor servicio en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social”.
A la fecha, las licitaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, subastas y otras transacciones financieras que el gobierno federal realiza con empresarios del país y del extranjero, ya se hacen vía electrónica desde octubre de 2010.
Estas transacciones son de trascendencia por ser el gobierno federal el principal comprador del país con sumas que ascienden a 1.1 billones de pesos que equivalen al 8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Elizabeth Velasco Contreras
El secretario de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan, afirmó que con la puesta en vigor de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada se regulará ahora el uso de la firma digital y de los medios electrónicos en los actos jurídicos, en el área de las comunicaciones, en procedimientos administrativos, en trámites y prestación de servicios que realicen los servidores públicos (de los gobiernos federal y de los niveles locales) entre sí y con los particulares.
“Es una ley que certifica la firma digital y los servicios relacionados con la misma”, dijo, tras subrayar que favorecerá “la eficiencia administrativa, además de disminuir los espacios de corrupción y otorgar certidumbre, principalmente jurídica, a los documentos firmados electrónicamente que surgen de la interacción entre el gobierno federal y los ciudadanos”.
Señaló que en dichos procesos se cuenta con la participación y “mejora de la gestión” de los órganos internos de control (OIC) de las más de 270 dependencias del gobierno federal, mismos que tienen la encomienda de vigilar el buen y honesto desempeño de los servidores públicos y el correcto uso de los recursos del erario que son aportados por los ciudadanos con el pago de sus impuestos.
Ante el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y otros funcionarios congregados en la sede de Nacional Financiera, el nuevo titular de la SFP explicó que la firma digital es una herramienta que hace posible la realización de diversos trámites a cualquier hora y desde la comodidad del domicilio de cualquier persona vía Internet, así como de transacciones electrónicas bajo un ambiente seguro y confiable.
“Con el uso de la firma digital se garantiza la autenticidad de los datos y la validez jurídica de los mismos, puesto que la firma digital es equiparable a la firma autógrafa de la persona”.
De las ventajas en su uso, destacó que “permite mantener la integridad de datos y documentos al restringir cambios o modificaciones a los mensajes; y se asegura la confidencialidad al restringir el acceso o distribución no autorizada de mensajes, datos y documentos electrónicos”.
De los trámites ciudadanos, Morgan dijo que si ya se habían convertido en un “dolor de cabeza” por la falsificación de documentos, pues “hay documentos falsos que en ocasiones se ven mejor que los originales”. Con la nueva ley y la firma digital, agregó, “se mejora la gestión pública y sin duda se fortalece el combate a la corrupción, lo cual constituye una de las líneas que ha marcado la estrategia de seguridad nacional emprendida” en la gestión de Felipe Calderón”.
Otras bondades de la ley, según Morgan, son la “efectividad” en los trámites que los ciudadanos realizan con el gobierno, así como la reducción de costos de operación y de administración de las instituciones gubernamentales.
Como ejemplo, habló de los ahorros obtenidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al generalizarse la firma digital entre empresarios y prestadores de servicios que concursan por las licitaciones gubernamentales,
“Nada más por haber aplicado algunas de estas novedades, básicamente en la idea que trae la nueva Ley de Adquisiciones, de licitaciones en reversa, se hablaba de que se habían ahorrado más de 40 mil millones de pesos, ya se llegó a hablar de 46 mil millones”.
De lo que se hizo con esos miles de millones, dijo: “...Pues no están en ningún lado: se utilizaron para un mejor servicio en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social”.
A la fecha, las licitaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, subastas y otras transacciones financieras que el gobierno federal realiza con empresarios del país y del extranjero, ya se hacen vía electrónica desde octubre de 2010.
Estas transacciones son de trascendencia por ser el gobierno federal el principal comprador del país con sumas que ascienden a 1.1 billones de pesos que equivalen al 8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
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