Apro
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “no ha podido consolidar” todas las pruebas contra los inculpados por la muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, debido a que varias empresas de medios de comunicación “no han entregado” el material fotográfico y videos que solicitó la dependencia estatal.
Así lo reveló la agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común, Everarda Pineda Andraca, quien señaló que debido a ese faltante, la noche de ayer se determinó solicitar la ampliación del arraigo para los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadazas Salinas, en lugar de consignarlos ante un juez penal.
Al concluir la diligencia nocturna en el juzgado de primera instancia, Rey David Cortés aseguró que él y su compañero Ismael son “chivos expiatorios”, pues han sido acusados injustamente para “encubrir” a los policías federales, dijo.
El jefe policiaco aseguró que la maniobra de la PGJE para inculparlos por el asesinato de los dos normalistas, ocurrido en diciembre pasado, es orquestada por el actual director de Averiguaciones Previas de la dependencia, Marciano Nicolás Peñaloza Gama, a quien respalda Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.
Durante la diligencia, a los dos acusados se les informó que la PGJE había solicitado al juez en materia Penal, Leoncio Molina Mercado, la ampliación de su arraigo por 30 días más, a lo que el jefe policiaco respondió:
“Tenemos más de 29 días arraigados, ¿cuántos días más quieren? Sabemos que somos chivos expiatorios, pues ahora nos enteramos que la Procuraduría (estatal) espera que los medios les den material para inculparnos. Quieren que ustedes les hagan el trabajo que ellos no han podido”, expresó el comandante de la PM ante un grupo de reporteros.
Asimismo, recordó que las pruebas de rodizonato de sodio que les practicaron a los 12 uniformados que en un principio fueron arraigados “salieron negativas”.
Rey David Cortés Flores reconoció que él y su compañero Ismael Matadamas aparecen en varias fotografías portando rifles AR-15 y en posición de tiro frente al bloque de manifestantes durante el desalojo, pero argumentó que “nunca” realizó un disparo.
“Efectivamente estoy apuntando, pero ustedes vieron que en esa dirección no cae ningún muchacho. Soy esa persona apuntando, porque temía que uno de mis compañeros saliera herido, pero no disparé. Cuando salimos de la Procuraduría ya estaban los disparos”, puntualizó.
Según el policía ministerial, hay muchas evidencias para señalar que los responsables del crimen de los normalistas fueron agentes federales, “pero ellos tienen todo el apoyo del gobierno federal y nosotros no tenemos ninguna solidaridad del gobierno del estado, para nada”, reprochó.
Y remató:
“Somos inocentes, se nos está acusando injustamente para tapar la responsabilidad de otros. Le recordamos al gobierno del estado que estábamos en servicio el 12 de diciembre y no en una cantina. Nos han dejado solos, abandonados y como chivos expiatorios”.
A través de su abogado, Antonio Nogueda, los inculpados solicitaron al juez de primera instancia que revoque la ampliación del arraigo por otros 30 días, porque a su juicio es “inconstitucional”, y demandaron su liberación inmediata ante la falta de pruebas para incriminarlos.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “no ha podido consolidar” todas las pruebas contra los inculpados por la muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, debido a que varias empresas de medios de comunicación “no han entregado” el material fotográfico y videos que solicitó la dependencia estatal.
Así lo reveló la agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común, Everarda Pineda Andraca, quien señaló que debido a ese faltante, la noche de ayer se determinó solicitar la ampliación del arraigo para los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadazas Salinas, en lugar de consignarlos ante un juez penal.
Al concluir la diligencia nocturna en el juzgado de primera instancia, Rey David Cortés aseguró que él y su compañero Ismael son “chivos expiatorios”, pues han sido acusados injustamente para “encubrir” a los policías federales, dijo.
El jefe policiaco aseguró que la maniobra de la PGJE para inculparlos por el asesinato de los dos normalistas, ocurrido en diciembre pasado, es orquestada por el actual director de Averiguaciones Previas de la dependencia, Marciano Nicolás Peñaloza Gama, a quien respalda Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.
Durante la diligencia, a los dos acusados se les informó que la PGJE había solicitado al juez en materia Penal, Leoncio Molina Mercado, la ampliación de su arraigo por 30 días más, a lo que el jefe policiaco respondió:
“Tenemos más de 29 días arraigados, ¿cuántos días más quieren? Sabemos que somos chivos expiatorios, pues ahora nos enteramos que la Procuraduría (estatal) espera que los medios les den material para inculparnos. Quieren que ustedes les hagan el trabajo que ellos no han podido”, expresó el comandante de la PM ante un grupo de reporteros.
Asimismo, recordó que las pruebas de rodizonato de sodio que les practicaron a los 12 uniformados que en un principio fueron arraigados “salieron negativas”.
Rey David Cortés Flores reconoció que él y su compañero Ismael Matadamas aparecen en varias fotografías portando rifles AR-15 y en posición de tiro frente al bloque de manifestantes durante el desalojo, pero argumentó que “nunca” realizó un disparo.
“Efectivamente estoy apuntando, pero ustedes vieron que en esa dirección no cae ningún muchacho. Soy esa persona apuntando, porque temía que uno de mis compañeros saliera herido, pero no disparé. Cuando salimos de la Procuraduría ya estaban los disparos”, puntualizó.
Según el policía ministerial, hay muchas evidencias para señalar que los responsables del crimen de los normalistas fueron agentes federales, “pero ellos tienen todo el apoyo del gobierno federal y nosotros no tenemos ninguna solidaridad del gobierno del estado, para nada”, reprochó.
Y remató:
“Somos inocentes, se nos está acusando injustamente para tapar la responsabilidad de otros. Le recordamos al gobierno del estado que estábamos en servicio el 12 de diciembre y no en una cantina. Nos han dejado solos, abandonados y como chivos expiatorios”.
A través de su abogado, Antonio Nogueda, los inculpados solicitaron al juez de primera instancia que revoque la ampliación del arraigo por otros 30 días, porque a su juicio es “inconstitucional”, y demandaron su liberación inmediata ante la falta de pruebas para incriminarlos.
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