Ricardo Alemán
Luego de que Enrique Peña Nieto reconoció que procreó dos hijos fuera de su primer matrimonio, las redes sociales se convirtieron en la versión moderna de la inquisición. Lo quemaron en leña verde.
Pero lo preocupante no fue la escalada en redes sociales –en donde la mayoría de los usuarios son analfabetas de las reglas básicas del periodismo–, sino que comunicadores entraron al juicio moral, ético, religioso y hasta político, de la vida privada de Peña Nieto.
Y todos –o casi todos–, esgrimieron el más barato de los argumentos para invadir su vida privada; que Peña Nieto es político y figura púbica y, por tanto, debe ser cuestionado de todo y por todo, incluso su privacidad.
Sin embargo, se equivocan todos los que suponen tener el derecho de escribir y difundir opiniones, criticas, comentarios, juicios de valor, ofensas y descalificaciones a Peña Nieto, por los hijos que procreó fuera del matrimonio. ¿Por qué se equivocan? Porque en los aspectos legal y ético, nadie tiene ese derecho, sin incurrir en un delito. ¿Por qué?
Porque, si bien la Constitución, en sus artículos 6º y 7º, garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información, también protege la vida privada, ya que establece que los límites a la libertad de expresión llegan a la frontera del ataque a la moral, a los derechos de terceros, el orden público y –en especial–, la violación a la Ley de Imprenta. ¿Y qué dice esa Ley de Imprenta?
Establece las causales del ataque a la vida privada. En su artículo I, fracciones 1 y 4, señala que son ataques a la vida privada de las personas, las manifestaciones o expresiones maliciosas hechas en cualquier forma, exponiendo a una persona al odio, desprecio o ridículo. ¿Y qué fue lo que provocó la difusión masiva, en redes sociales y a través de artículos de reputados colegas, sobre la vida privada de Peña Nieto, en cuanto a la procreación de hijos fuera de su matrimonio?
Pues precisamente eso; odio, deprecio y ridículo. Pero hay más. En el caso de Peña Nieto, la intromisión a su vida privada le causa un daño a su capital moral, imagen, honor, intimidad, reputación y la consideración en su ámbito familiar. Y todo ello afecta a terceros –a los votantes que creen en él–, y su proyecto político y de vida. En suma, el daño no sólo es grave, sino que existe sanción civil para quienes lo causaron.
Y si tienen dudas, va la opinión de un especialista del tema, el reconocido abogado en derecho de prensa, Salvador Ochoa Olvera: “La vida privada es aquella faceta de la vida que no es pública… y no porque un funcionario sea un personaje público, me es permitido invadir, transgredir o lesionar su vida privada, exponiéndolo al odio, desprecio o ridículo ante la sociedad”. Ese criterio ha sido ratificado por la Suprema Corte, en no pocos casos de jurisprudencia, algunos de ellos desde 1958.
Así, y contra la opinión ignorante de la ciudadanía en general, lo cierto es que la libertad de expresión, será objeto de sanción, cuando ataque la vida privada de las personas y lesionar su honor. Este es uno de los límites de los derechos de terceros, que no permiten impunidad para quien –supuestamente amparado en la libertad de expresión–, los daña.
Y en efecto, en Estados Unidos y Europa existe una corriente doctrinal que sostiene, que tratándose de hombres públicos –aquellos sobre quienes la opinión pública manifiesta un marcado interés por conocer acerca de su actividad y de sus actos–, el interés general está por encima de su derecho a la intimidad, a la vida privada y al honor. Pero resulta que en el derecho mexicano eso es inaceptable.
Y es que una cosa es la inviolable libertad de escribir y publicar; de opinar sobre cualquier materia –por cualquier medio tecnológico conocido o por conocer y mediante el cual se establezca comunicación entre dos o más personas–, y otra cosa muy diferente es la transgresión del derecho a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
No es lícito proferir expresiones maliciosas con la única intención de exponer a una persona al desprecio o al ridículo, y causarle un daño en su reputación o en la consideración que sobre ella se tiene en su ámbito social y familiar. ¿Por qué? Porque en la ley mexicana vigente, la vida privada, la moral y la paz pública, prevalecen sobre las libertades de expresión y de información.
Otros dirán que Peña Nieto sacó el tema. Sí, a pregunta expresa, en la que sólo dijo la verdad. Y, claro, otros bobos dirán que defendemos a Peña, cuando solo defendemos el derecho a la intimidad de todos, incluso de ellos. Al tiempo.
Luego de que Enrique Peña Nieto reconoció que procreó dos hijos fuera de su primer matrimonio, las redes sociales se convirtieron en la versión moderna de la inquisición. Lo quemaron en leña verde.
Pero lo preocupante no fue la escalada en redes sociales –en donde la mayoría de los usuarios son analfabetas de las reglas básicas del periodismo–, sino que comunicadores entraron al juicio moral, ético, religioso y hasta político, de la vida privada de Peña Nieto.
Y todos –o casi todos–, esgrimieron el más barato de los argumentos para invadir su vida privada; que Peña Nieto es político y figura púbica y, por tanto, debe ser cuestionado de todo y por todo, incluso su privacidad.
Sin embargo, se equivocan todos los que suponen tener el derecho de escribir y difundir opiniones, criticas, comentarios, juicios de valor, ofensas y descalificaciones a Peña Nieto, por los hijos que procreó fuera del matrimonio. ¿Por qué se equivocan? Porque en los aspectos legal y ético, nadie tiene ese derecho, sin incurrir en un delito. ¿Por qué?
Porque, si bien la Constitución, en sus artículos 6º y 7º, garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información, también protege la vida privada, ya que establece que los límites a la libertad de expresión llegan a la frontera del ataque a la moral, a los derechos de terceros, el orden público y –en especial–, la violación a la Ley de Imprenta. ¿Y qué dice esa Ley de Imprenta?
Establece las causales del ataque a la vida privada. En su artículo I, fracciones 1 y 4, señala que son ataques a la vida privada de las personas, las manifestaciones o expresiones maliciosas hechas en cualquier forma, exponiendo a una persona al odio, desprecio o ridículo. ¿Y qué fue lo que provocó la difusión masiva, en redes sociales y a través de artículos de reputados colegas, sobre la vida privada de Peña Nieto, en cuanto a la procreación de hijos fuera de su matrimonio?
Pues precisamente eso; odio, deprecio y ridículo. Pero hay más. En el caso de Peña Nieto, la intromisión a su vida privada le causa un daño a su capital moral, imagen, honor, intimidad, reputación y la consideración en su ámbito familiar. Y todo ello afecta a terceros –a los votantes que creen en él–, y su proyecto político y de vida. En suma, el daño no sólo es grave, sino que existe sanción civil para quienes lo causaron.
Y si tienen dudas, va la opinión de un especialista del tema, el reconocido abogado en derecho de prensa, Salvador Ochoa Olvera: “La vida privada es aquella faceta de la vida que no es pública… y no porque un funcionario sea un personaje público, me es permitido invadir, transgredir o lesionar su vida privada, exponiéndolo al odio, desprecio o ridículo ante la sociedad”. Ese criterio ha sido ratificado por la Suprema Corte, en no pocos casos de jurisprudencia, algunos de ellos desde 1958.
Así, y contra la opinión ignorante de la ciudadanía en general, lo cierto es que la libertad de expresión, será objeto de sanción, cuando ataque la vida privada de las personas y lesionar su honor. Este es uno de los límites de los derechos de terceros, que no permiten impunidad para quien –supuestamente amparado en la libertad de expresión–, los daña.
Y en efecto, en Estados Unidos y Europa existe una corriente doctrinal que sostiene, que tratándose de hombres públicos –aquellos sobre quienes la opinión pública manifiesta un marcado interés por conocer acerca de su actividad y de sus actos–, el interés general está por encima de su derecho a la intimidad, a la vida privada y al honor. Pero resulta que en el derecho mexicano eso es inaceptable.
Y es que una cosa es la inviolable libertad de escribir y publicar; de opinar sobre cualquier materia –por cualquier medio tecnológico conocido o por conocer y mediante el cual se establezca comunicación entre dos o más personas–, y otra cosa muy diferente es la transgresión del derecho a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
No es lícito proferir expresiones maliciosas con la única intención de exponer a una persona al desprecio o al ridículo, y causarle un daño en su reputación o en la consideración que sobre ella se tiene en su ámbito social y familiar. ¿Por qué? Porque en la ley mexicana vigente, la vida privada, la moral y la paz pública, prevalecen sobre las libertades de expresión y de información.
Otros dirán que Peña Nieto sacó el tema. Sí, a pregunta expresa, en la que sólo dijo la verdad. Y, claro, otros bobos dirán que defendemos a Peña, cuando solo defendemos el derecho a la intimidad de todos, incluso de ellos. Al tiempo.
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