Notimex
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un operativo en estaciones de servicio del país, en colaboración con dependencias federales, orientado a combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.
La paraestatal explicó que con estas acciones, coordinados por el Grupo Interinstitucional de Combate al Robo de Combustible, pretende evitar la distribución del combustible robado, además de validar la operación correcta de las estaciones franquiciatarias.
En esta supervisión, que durará los siguientes meses, contribuyen, como parte del comité, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El personal de Pemex Refinación hará la inspección para garantizar que la calidad de los combustibles que se venden al público cumplen con las especificaciones técnicas, apoyado en laboratorios móviles equipados con alta tecnología para detectar calidad y octanaje.
Los operativos iniciaron en Monterrey, a partir de una denuncia de Pemex ante la delegación de la PGR, por la que ya se inició la averiguación previa correspondiente, por delito equiparable al robo.
Resultado de estas verificaces, explicó Pemex, por primera vez se aplicará la reforma penal en delitos relacionados con el comercio ilícito de combustibles, por las que se fijan penas desde seis meses hasta dos años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quienes posean y resguarden de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos.
Si la cantidad va de 300 litros a menos de mil la pena de prisión oscila de dos a cuatro años y de 500 a mil días de multa; pero si excede los mil litros la pena varía de cuatro a 10 años y la multa de mil a 12,000 días.
Para quien modifique de manera dolosa instrumentos de medición para el suministro de hidrocarburos o sus derivados las sanciones van desde los tres hasta los 10 años de prisión.
De acuerdo con las reformas, para combatir la delincuencia, el Ministerio Público está facultado para vigilar el aseguramiento del hidrocarburo sustraído y su posterior entrega a la paraestatal.
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un operativo en estaciones de servicio del país, en colaboración con dependencias federales, orientado a combatir el mercado ilícito de hidrocarburos.
La paraestatal explicó que con estas acciones, coordinados por el Grupo Interinstitucional de Combate al Robo de Combustible, pretende evitar la distribución del combustible robado, además de validar la operación correcta de las estaciones franquiciatarias.
En esta supervisión, que durará los siguientes meses, contribuyen, como parte del comité, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El personal de Pemex Refinación hará la inspección para garantizar que la calidad de los combustibles que se venden al público cumplen con las especificaciones técnicas, apoyado en laboratorios móviles equipados con alta tecnología para detectar calidad y octanaje.
Los operativos iniciaron en Monterrey, a partir de una denuncia de Pemex ante la delegación de la PGR, por la que ya se inició la averiguación previa correspondiente, por delito equiparable al robo.
Resultado de estas verificaces, explicó Pemex, por primera vez se aplicará la reforma penal en delitos relacionados con el comercio ilícito de combustibles, por las que se fijan penas desde seis meses hasta dos años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quienes posean y resguarden de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos.
Si la cantidad va de 300 litros a menos de mil la pena de prisión oscila de dos a cuatro años y de 500 a mil días de multa; pero si excede los mil litros la pena varía de cuatro a 10 años y la multa de mil a 12,000 días.
Para quien modifique de manera dolosa instrumentos de medición para el suministro de hidrocarburos o sus derivados las sanciones van desde los tres hasta los 10 años de prisión.
De acuerdo con las reformas, para combatir la delincuencia, el Ministerio Público está facultado para vigilar el aseguramiento del hidrocarburo sustraído y su posterior entrega a la paraestatal.
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