Eduardo Ibarra Aguirre
Saturados como estamos de información y propaganda electorales que enhorabuena desplazaron del sitio privilegiado que durante cinco años ocupó la guerra contra el crimen organizado, no sorprende que la decisión presidencial de limitar la vomitiva publicidad televisiva, pero también la radiofónica e impresa sobre los “productos milagro”, pasara a las últimas páginas de las primeras secciones de los diarios y prácticamente fuera ignorada por el duopolio de la televisión, el gran beneficiario económico del sistemático engaño a sus audiencias.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (19-I-12), de la reforma al reglamento de regulación sanitaria de la publicidad correspondiente, a partir del 18 de febrero, la Secretaría de Salud ordenará a los medios la suspensión en 24 horas para que no puedan anunciar ni promover artículos que carezcan del “reconocimiento oficial”.
Felipe Calderón lo explicó de esta manera: El Estado debe tomar cartas en el asunto “y eso es lo que estoy haciendo, al someter a los productos milagro al imperio de la Secretaría de Salud, de la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios”.
Una medida tan elemental, reglamentaria, que no requiere pasar por el Congreso –para culparlo por la tardanza como es costumbre del titular del Ejecutivo federal–, tardó más de cinco años en emprenderse para acotar sólo a uno de los innumerables actores que promueven la impunidad que agobia a México y que, dicho sea de paso, constituye uno de los más graves problemas que obstruyen el desarrollo nacional y que, además, no lo contemplan en toda su magnitud las tan publicitadas como aplazadas reformas estructurales, promovidas obsesivamente por Calderón Hinojosa.
A pesar de la nítida conciencia presidencial de que “la sociedad es verdaderamente bombardeada con una gran cantidad de promocionales de toda clase de artículos presuntamente curativos”, y de que son “auténticos fraudes a la salud y los bolsillos de los mexicanos”, las multas aumentarán de 60 a 400 por ciento a los fabricantes y comercializadores de los “productos milagrosos”, que lo mismo transforman su cuerpo en atlético que su rostro en belleza cinematográfica. Muchas de las estrellas del canal del mismo nombre, como Adela Micha, son partícipes del engaño a los televidentes.
Mas el incremento porcentual no indica nada, y menos aún si las nuevas multas que aplicará la SS fueran simbólicas. Muchas prácticas productivas y comerciales irregulares o de plano ilícitas, se realizan a la luz del día y de manera reiterada porque las utilidades son abundantes y los castigos económicos simbólicos. Por ejemplo: ¿Quién supervisa los sorteos de casas y de millones de pesos que efectúa Televisa? Seguramente Gobernación, pero quién permite su publicidad engañabobos.
Es imposible omitir que las mismas autoridades federales establecieron, contraviniendo la ley, un paulatino retiro de los alimentos chatarra de las cooperativas escolares, cuando el país encabeza la lista de naciones con gravísimos problemas de obesidad infantil, bajo el argumento de no afectar la producción y el empleo, es decir los intereses de Bimbo, la muy exitosa trasnacional de los Servitje.
Con todo, la tardía decisión presidencial es plausible. Y todavía más porque responde, dijo, a los reclamos de la sociedad, la academia, el sector médico y la industria formal y regular.
El ensanchamiento del reclamo social resulta evidente y su atención no requiere de cambios legislativos y menos aún de reformas estructurales, tampoco de grandes inversiones, sino de una mayor identificación con las mayorías y menor apego a los intereses ordinarios de los poderes fácticos.
Saturados como estamos de información y propaganda electorales que enhorabuena desplazaron del sitio privilegiado que durante cinco años ocupó la guerra contra el crimen organizado, no sorprende que la decisión presidencial de limitar la vomitiva publicidad televisiva, pero también la radiofónica e impresa sobre los “productos milagro”, pasara a las últimas páginas de las primeras secciones de los diarios y prácticamente fuera ignorada por el duopolio de la televisión, el gran beneficiario económico del sistemático engaño a sus audiencias.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (19-I-12), de la reforma al reglamento de regulación sanitaria de la publicidad correspondiente, a partir del 18 de febrero, la Secretaría de Salud ordenará a los medios la suspensión en 24 horas para que no puedan anunciar ni promover artículos que carezcan del “reconocimiento oficial”.
Felipe Calderón lo explicó de esta manera: El Estado debe tomar cartas en el asunto “y eso es lo que estoy haciendo, al someter a los productos milagro al imperio de la Secretaría de Salud, de la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios”.
Una medida tan elemental, reglamentaria, que no requiere pasar por el Congreso –para culparlo por la tardanza como es costumbre del titular del Ejecutivo federal–, tardó más de cinco años en emprenderse para acotar sólo a uno de los innumerables actores que promueven la impunidad que agobia a México y que, dicho sea de paso, constituye uno de los más graves problemas que obstruyen el desarrollo nacional y que, además, no lo contemplan en toda su magnitud las tan publicitadas como aplazadas reformas estructurales, promovidas obsesivamente por Calderón Hinojosa.
A pesar de la nítida conciencia presidencial de que “la sociedad es verdaderamente bombardeada con una gran cantidad de promocionales de toda clase de artículos presuntamente curativos”, y de que son “auténticos fraudes a la salud y los bolsillos de los mexicanos”, las multas aumentarán de 60 a 400 por ciento a los fabricantes y comercializadores de los “productos milagrosos”, que lo mismo transforman su cuerpo en atlético que su rostro en belleza cinematográfica. Muchas de las estrellas del canal del mismo nombre, como Adela Micha, son partícipes del engaño a los televidentes.
Mas el incremento porcentual no indica nada, y menos aún si las nuevas multas que aplicará la SS fueran simbólicas. Muchas prácticas productivas y comerciales irregulares o de plano ilícitas, se realizan a la luz del día y de manera reiterada porque las utilidades son abundantes y los castigos económicos simbólicos. Por ejemplo: ¿Quién supervisa los sorteos de casas y de millones de pesos que efectúa Televisa? Seguramente Gobernación, pero quién permite su publicidad engañabobos.
Es imposible omitir que las mismas autoridades federales establecieron, contraviniendo la ley, un paulatino retiro de los alimentos chatarra de las cooperativas escolares, cuando el país encabeza la lista de naciones con gravísimos problemas de obesidad infantil, bajo el argumento de no afectar la producción y el empleo, es decir los intereses de Bimbo, la muy exitosa trasnacional de los Servitje.
Con todo, la tardía decisión presidencial es plausible. Y todavía más porque responde, dijo, a los reclamos de la sociedad, la academia, el sector médico y la industria formal y regular.
El ensanchamiento del reclamo social resulta evidente y su atención no requiere de cambios legislativos y menos aún de reformas estructurales, tampoco de grandes inversiones, sino de una mayor identificación con las mayorías y menor apego a los intereses ordinarios de los poderes fácticos.
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