Eduardo Ibarra Aguirre
Con la base de datos y la información dada a conocer por la Procuraduría General de la República, se establece que de enero a septiembre de 2011 un mexicano murió cada media hora, lo que equivale a 12 mil 903 homicidios dolosos en el país durante enero septiembre de 2011.
La dependencia del Ejecutivo federal es una de las favorecidas en los últimos cinco años con los notabilísimos aumentos presupuestales votados por el Congreso, como todo el gabinete de seguridad, en detrimento de la atención de algunos de los más agobiantes rezagos sociales que padece la nación.
De tal suerte que no se puede atribuir a la falta de recursos humanos, tecnológicos y menos aún económicos el notable retraso de la Procuraduría encabezada por Marisela Morales para informar oportuna y verazmente a la sociedad sobre los enormes costos humanos de la guerra (lucha) emprendida en forma autocrática –es decir: mandando al diablo las instituciones– por su colega y jefe Felipe Calderón.
Al dar a conocer la valiosa información incompleta, la PGR refirió que lo hace en “congruencia con la política de transparencia instrumentada por el gobierno federal respecto de la información derivada del análisis del fenómeno delictivo”. Menos mal, porque ¿en cuál mes de 2013 difundirán los actuales funcionarios los datos del último trimestre de 2012, si para entonces ocuparán un escaño en San Lázaro o en Reforma e Insurgentes para dotarse del indispensable fuero para sortear todo tipo de demandas y denuncias?
Con las cifras oficiales en mano, del año 2007 al 2008 la cantidad de homicidios presumiblemente relacionados con el crimen organizado aumentó 110 por ciento, al pasar de 2 mil 826 a 6 mil 837. En 2009 el crecimiento fue de 63 por ciento, al contabilizarse 9 mil 614 homicidios dolosos. Para 2010 se registró un aumento de 70 por ciento, con 15 mil 273 homicidios. Exponencial fue el crecimiento, pero no faltan los que concluyen frente al baño de sangre: “El señor presidente Calderón lo advirtió, lo previó”.
Previsiones cínicas aparte, Genero García Luna presenta la propia en Washington, como dictan las formas sexenales, a los directores de todas las agencias de seguridad pública e inteligencia, en base al documento Estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia en México: “Los casos de Nueva York, Chicago, Palermo y Medellín, demuestran que las estrategias integrales rinden frutos al séptimo u octavo año”. Lo postula allende el río Bravo, donde viven los principales consumidores de estupefacientes de la aldea, los vendedores de las armas que equipan a la quincena de consorcios criminales aztecas, donde se lava la mayor parte del dinero sucio y se definen las estrategias para los gobiernos de los países más subordinados que aliados a la Casa Blanca.
Y sin mayores rodeos le exigieron al policía número uno de México: “No vayan a apagar el motor (…) El avión va volando muy bien, pero si desisten en el esfuerzo o cambian de estrategia, se podría caer”. Y la caída implica que el próximo gobierno deje de hacerles el trabajo sucio que lacayunamente realiza Calderón Hinojosa al poner los muertos y la violencia del lado sur del Bravo, mientras del lado norte consumen narcóticos ilimitadamente, realizan ventas sin control de armas de alto poder y lavan dólares a la luz del día.
El ingeniero García les anunció las estadísticas de la PGR que, presumió, demuestran el descenso en el número de homicidios dolosos atribuidos a las actividades criminales, sobre todo si se omite el cuarto trimestre de 2011 y la incompleta cifra de 12 mil 903 no supere la de 2010, que fue de 15 mil 273 víctimas mortales.
Con la base de datos y la información dada a conocer por la Procuraduría General de la República, se establece que de enero a septiembre de 2011 un mexicano murió cada media hora, lo que equivale a 12 mil 903 homicidios dolosos en el país durante enero septiembre de 2011.
La dependencia del Ejecutivo federal es una de las favorecidas en los últimos cinco años con los notabilísimos aumentos presupuestales votados por el Congreso, como todo el gabinete de seguridad, en detrimento de la atención de algunos de los más agobiantes rezagos sociales que padece la nación.
De tal suerte que no se puede atribuir a la falta de recursos humanos, tecnológicos y menos aún económicos el notable retraso de la Procuraduría encabezada por Marisela Morales para informar oportuna y verazmente a la sociedad sobre los enormes costos humanos de la guerra (lucha) emprendida en forma autocrática –es decir: mandando al diablo las instituciones– por su colega y jefe Felipe Calderón.
Al dar a conocer la valiosa información incompleta, la PGR refirió que lo hace en “congruencia con la política de transparencia instrumentada por el gobierno federal respecto de la información derivada del análisis del fenómeno delictivo”. Menos mal, porque ¿en cuál mes de 2013 difundirán los actuales funcionarios los datos del último trimestre de 2012, si para entonces ocuparán un escaño en San Lázaro o en Reforma e Insurgentes para dotarse del indispensable fuero para sortear todo tipo de demandas y denuncias?
Con las cifras oficiales en mano, del año 2007 al 2008 la cantidad de homicidios presumiblemente relacionados con el crimen organizado aumentó 110 por ciento, al pasar de 2 mil 826 a 6 mil 837. En 2009 el crecimiento fue de 63 por ciento, al contabilizarse 9 mil 614 homicidios dolosos. Para 2010 se registró un aumento de 70 por ciento, con 15 mil 273 homicidios. Exponencial fue el crecimiento, pero no faltan los que concluyen frente al baño de sangre: “El señor presidente Calderón lo advirtió, lo previó”.
Previsiones cínicas aparte, Genero García Luna presenta la propia en Washington, como dictan las formas sexenales, a los directores de todas las agencias de seguridad pública e inteligencia, en base al documento Estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia en México: “Los casos de Nueva York, Chicago, Palermo y Medellín, demuestran que las estrategias integrales rinden frutos al séptimo u octavo año”. Lo postula allende el río Bravo, donde viven los principales consumidores de estupefacientes de la aldea, los vendedores de las armas que equipan a la quincena de consorcios criminales aztecas, donde se lava la mayor parte del dinero sucio y se definen las estrategias para los gobiernos de los países más subordinados que aliados a la Casa Blanca.
Y sin mayores rodeos le exigieron al policía número uno de México: “No vayan a apagar el motor (…) El avión va volando muy bien, pero si desisten en el esfuerzo o cambian de estrategia, se podría caer”. Y la caída implica que el próximo gobierno deje de hacerles el trabajo sucio que lacayunamente realiza Calderón Hinojosa al poner los muertos y la violencia del lado sur del Bravo, mientras del lado norte consumen narcóticos ilimitadamente, realizan ventas sin control de armas de alto poder y lavan dólares a la luz del día.
El ingeniero García les anunció las estadísticas de la PGR que, presumió, demuestran el descenso en el número de homicidios dolosos atribuidos a las actividades criminales, sobre todo si se omite el cuarto trimestre de 2011 y la incompleta cifra de 12 mil 903 no supere la de 2010, que fue de 15 mil 273 víctimas mortales.
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