PETE YOST / AP
Los demócratas que investigan la Operación Rápido y Furioso dijeron que luego de un año de trabajo no han encontrado evidencia de que el fallido operativo de tráfico de armas haya sido concebido o dirigido por altos funcionarios políticos del Departamento de Justicia.
La operación, según los demócratas, fue sólo una de cuatro que formaron parte de un esfuerzo equivocado de cinco años, durante los gobiernos de los presidentes George W. Bush y de Barack Obama, en la división de Phoenix de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). El objetivo era detectar actos de tráfico de armas en la frontera entre México y el suroeste del país.
"Rápido y Furioso fue la más reciente de una serie de operaciones fatalmente fallidas y dirigidas por los agentes del ATF en Phoenix y la oficina del fiscal federal en Arizona", decía el reporte de los demócratas que forman parte del Comité de Supervisión y Reformas Gubernamentales de la Cámara de Representantes.
Se espera que este reporte difiera notablemente con las conclusiones de los republicanos, quienes interrogarán al secretario de Justicia Eric Holder respecto de la Operación Rápido y Furioso en una audiencia prevista para el jueves ante el comité.
El martes, el presidente del comité, el representante republicano Darrell Issa, amenazó con buscar acusaciones de desacato a las Actas del Congreso en contra de Holder, con base en que el Departamento de Justicia no ha entregado todos los documentos solicitados por el comité. Issa le dio a Holder hasta el 9 de febrero para cumplir con la citación.
"Sus acciones nos llevan a concluir que el departamento está activamente involucrado en un encubrimiento", escribió Issa en una misiva a Holder. Hace más de tres meses, el panel presentó una citación de todos los documentos del Departamento de Justicia que tuvieran que ver con la Operación Rápido y Furioso desde el 4 de febrero de 2011.
Esa fue la fecha que el Departamento de Justicia, le dijo incorrectamente al Congreso que la ATF no había aprobado el permiso para vender las armas de asalto a un comprador menor. En esa fecha, el Departamento de Justicia le dijo al Congreso que hacía todo lo posible para interceptar las armas compradas ilegalmente.
Ese mismo día, Lanny Breuer, subsecretario de Justicia y director de la división criminal del departamento, sugirió permitir que algunos pequeños compradores ilícitos de armas en Estados Unidos las transportaran a través de la frontera hacia México, donde se les arrestaría. De acuerdo con un correo electrónico entregado el viernes por la noche al comité de Issa, Breuer hizo la sugerencia a funcionarios policiales mexicanos porque eso "podría enviar un mensaje enfático a los traficantes de armas".
México tiene leyes más estrictas sobre el control de armas, con penas de prisión más largas que las vigentes en Estados Unidos, donde los pequeños compradores que trabajan para los traficantes de armas importantes rara vez enfrentan una pena significativa en prisión.
En respuesta al reporte de los demócratas, el senador Chuck Grassley, el republicano de mayor rango en el comité judicial del Senado, dijo que la idea de que "funcionarios políticos de alto rango tuvieran las manos limpias en este escándalo de armas perdidas no pasa la prueba de la risa ... Ignoraron las señales de advertencia y no lograron detenerlo o encontrar a alguien responsable. Lanny Breuer (director de la división criminal del Departamento de Justicia) es un funcionario político de alto rango y admitió saber sobre el movimiento de las armas de fuego ya en abril de 2010".
Los demócratas que investigan la Operación Rápido y Furioso dijeron que luego de un año de trabajo no han encontrado evidencia de que el fallido operativo de tráfico de armas haya sido concebido o dirigido por altos funcionarios políticos del Departamento de Justicia.
La operación, según los demócratas, fue sólo una de cuatro que formaron parte de un esfuerzo equivocado de cinco años, durante los gobiernos de los presidentes George W. Bush y de Barack Obama, en la división de Phoenix de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). El objetivo era detectar actos de tráfico de armas en la frontera entre México y el suroeste del país.
"Rápido y Furioso fue la más reciente de una serie de operaciones fatalmente fallidas y dirigidas por los agentes del ATF en Phoenix y la oficina del fiscal federal en Arizona", decía el reporte de los demócratas que forman parte del Comité de Supervisión y Reformas Gubernamentales de la Cámara de Representantes.
Se espera que este reporte difiera notablemente con las conclusiones de los republicanos, quienes interrogarán al secretario de Justicia Eric Holder respecto de la Operación Rápido y Furioso en una audiencia prevista para el jueves ante el comité.
El martes, el presidente del comité, el representante republicano Darrell Issa, amenazó con buscar acusaciones de desacato a las Actas del Congreso en contra de Holder, con base en que el Departamento de Justicia no ha entregado todos los documentos solicitados por el comité. Issa le dio a Holder hasta el 9 de febrero para cumplir con la citación.
"Sus acciones nos llevan a concluir que el departamento está activamente involucrado en un encubrimiento", escribió Issa en una misiva a Holder. Hace más de tres meses, el panel presentó una citación de todos los documentos del Departamento de Justicia que tuvieran que ver con la Operación Rápido y Furioso desde el 4 de febrero de 2011.
Esa fue la fecha que el Departamento de Justicia, le dijo incorrectamente al Congreso que la ATF no había aprobado el permiso para vender las armas de asalto a un comprador menor. En esa fecha, el Departamento de Justicia le dijo al Congreso que hacía todo lo posible para interceptar las armas compradas ilegalmente.
Ese mismo día, Lanny Breuer, subsecretario de Justicia y director de la división criminal del departamento, sugirió permitir que algunos pequeños compradores ilícitos de armas en Estados Unidos las transportaran a través de la frontera hacia México, donde se les arrestaría. De acuerdo con un correo electrónico entregado el viernes por la noche al comité de Issa, Breuer hizo la sugerencia a funcionarios policiales mexicanos porque eso "podría enviar un mensaje enfático a los traficantes de armas".
México tiene leyes más estrictas sobre el control de armas, con penas de prisión más largas que las vigentes en Estados Unidos, donde los pequeños compradores que trabajan para los traficantes de armas importantes rara vez enfrentan una pena significativa en prisión.
En respuesta al reporte de los demócratas, el senador Chuck Grassley, el republicano de mayor rango en el comité judicial del Senado, dijo que la idea de que "funcionarios políticos de alto rango tuvieran las manos limpias en este escándalo de armas perdidas no pasa la prueba de la risa ... Ignoraron las señales de advertencia y no lograron detenerlo o encontrar a alguien responsable. Lanny Breuer (director de la división criminal del Departamento de Justicia) es un funcionario político de alto rango y admitió saber sobre el movimiento de las armas de fuego ya en abril de 2010".
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