Raymundo Riva Palacio
Ayotzinapa es una herida que se abre cada día. La forma como el gobierno de Ángel Eladio Aguirre resolvió a tiros un incidente con estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en diciembre, restauró las condiciones objetivas para que la guerrilla, como no había tenido desde la insurgencia en Oaxaca en 2006, vuelva a operar en la construcción de su objetivo final: un frente de masas.
En Oaxaca hace casi seis años como en Chilpancingo, el común denominador guerrillero es el Frente Armado Revolucionario del Pueblo (FARP), que aunque rompió con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), pertenece al paraguas guerrillero del corredor Oaxaca-Guerrero. En Oaxaca el pretexto para entrar fue un conflicto magisterial; en Chilpancingo se abrió la misma puerta cuando la policía de Guerrero asesinó a dos de los estudiantes que bloquearon la carretera federal e incendiaron una gasolinera –donde también murió un trabajador-.
Las FARP nacieron en los 60s en Guerrero como Frente Armado Revolucionario (FAR), y en la fusión del Procup de Oaxaca y el Partido de los Pobres de Guerrero que dieron origen al EPR en 1996, quedó como una de los grupos orgánicos de la guerrilla, hasta que este movimiento armado se dividió en seis organizaciones en 1999.
En los 10 últimos años ha tenido pocas acciones militares -algunas bombas caseras en sucursales bancarias, por ejemplo-, pero ha ido construyendo una base social y política para cambiar el método de la Guerra Popular Prolongada por la vía de las armas -que fue un fracaso para los grupos armados en México-, por la implantación en movimientos sociales y en comunidades para que, como sucedió en El Salvador con el FMLN, la base social y política que opera dentro de la legalidad den viabilidad a largo plazo y posibilidades de cambio radical por la vía de las instituciones.
En Oaxaca se involucraron con la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), donde realizaron prácticas reales de guerrilla urbana en colaboración con otros militantes del EPR incrustados en el magisterio, cuya negociación salarial fue el detonante de un movimiento popular insurgente que secuestró la capital oaxaqueña durante cinco meses. En Oaxaca coadyuvaron en la movilización de maestros y líderes sociales, y aprovecharon la simpatía de medios de comunicación con los opositores al gobierno de Ulises Ruiz para llegar casi al punto de derrocarlo.
En Ayotzinapa se empezaron a meter abiertamente en los últimos días. El jueves pasado las FARP emitieron un comunicado de respaldo a los estudiantes de la normal en el cual subrayan las contradicciones políticas en Guerrero. “El asesinato de dos estudiantes… es consecuencia de la lucha sorda, legal y encubierta desatada por los dos principales grupos de poder en su intento por seguir manteniendo las riendas del poder en el estado”.
El comunicado repite en otros cuatro párrafos -de un total de 12- la dialéctica de ese conflicto sin identificar al grupo en el poder enfrentado al gobernador Aguirre. Ese grupo, de acuerdo con información que circula en el PRI, es el que encabeza el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien fue destituido tras la matanza de Aguas Blancas en 1995, y cuyo relevo interino fue el propio Aguirre.
Las FARP ubican todo el conflicto de Ayotzinapa en el choque entre Figueroa y Aguirre, dejando de lado lo que está sucediendo en la normal y en Guerrero en este momento: están tomadas desde diciembre varias radiodifusoras por parte de los estudiantes, así como también en la Escuela Normal hay camiones secuestrados, víveres y pertrechos.
Aguirre está rebasado y en el centro no hay suficiente atención a lo que, en año electoral, como sucedió en Oaxaca con el magisterio y la APPO, pueda convertirse en un nuevo foco de violencia política y social, en condiciones muy diferentes a las de 2006, por las características del estado y por las condiciones actuales de la guerra contra el narcotráfico que hacen más volátil el escenario.
Ayotzinapa es una herida que se abre cada día. La forma como el gobierno de Ángel Eladio Aguirre resolvió a tiros un incidente con estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en diciembre, restauró las condiciones objetivas para que la guerrilla, como no había tenido desde la insurgencia en Oaxaca en 2006, vuelva a operar en la construcción de su objetivo final: un frente de masas.
En Oaxaca hace casi seis años como en Chilpancingo, el común denominador guerrillero es el Frente Armado Revolucionario del Pueblo (FARP), que aunque rompió con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), pertenece al paraguas guerrillero del corredor Oaxaca-Guerrero. En Oaxaca el pretexto para entrar fue un conflicto magisterial; en Chilpancingo se abrió la misma puerta cuando la policía de Guerrero asesinó a dos de los estudiantes que bloquearon la carretera federal e incendiaron una gasolinera –donde también murió un trabajador-.
Las FARP nacieron en los 60s en Guerrero como Frente Armado Revolucionario (FAR), y en la fusión del Procup de Oaxaca y el Partido de los Pobres de Guerrero que dieron origen al EPR en 1996, quedó como una de los grupos orgánicos de la guerrilla, hasta que este movimiento armado se dividió en seis organizaciones en 1999.
En los 10 últimos años ha tenido pocas acciones militares -algunas bombas caseras en sucursales bancarias, por ejemplo-, pero ha ido construyendo una base social y política para cambiar el método de la Guerra Popular Prolongada por la vía de las armas -que fue un fracaso para los grupos armados en México-, por la implantación en movimientos sociales y en comunidades para que, como sucedió en El Salvador con el FMLN, la base social y política que opera dentro de la legalidad den viabilidad a largo plazo y posibilidades de cambio radical por la vía de las instituciones.
En Oaxaca se involucraron con la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), donde realizaron prácticas reales de guerrilla urbana en colaboración con otros militantes del EPR incrustados en el magisterio, cuya negociación salarial fue el detonante de un movimiento popular insurgente que secuestró la capital oaxaqueña durante cinco meses. En Oaxaca coadyuvaron en la movilización de maestros y líderes sociales, y aprovecharon la simpatía de medios de comunicación con los opositores al gobierno de Ulises Ruiz para llegar casi al punto de derrocarlo.
En Ayotzinapa se empezaron a meter abiertamente en los últimos días. El jueves pasado las FARP emitieron un comunicado de respaldo a los estudiantes de la normal en el cual subrayan las contradicciones políticas en Guerrero. “El asesinato de dos estudiantes… es consecuencia de la lucha sorda, legal y encubierta desatada por los dos principales grupos de poder en su intento por seguir manteniendo las riendas del poder en el estado”.
El comunicado repite en otros cuatro párrafos -de un total de 12- la dialéctica de ese conflicto sin identificar al grupo en el poder enfrentado al gobernador Aguirre. Ese grupo, de acuerdo con información que circula en el PRI, es el que encabeza el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien fue destituido tras la matanza de Aguas Blancas en 1995, y cuyo relevo interino fue el propio Aguirre.
Las FARP ubican todo el conflicto de Ayotzinapa en el choque entre Figueroa y Aguirre, dejando de lado lo que está sucediendo en la normal y en Guerrero en este momento: están tomadas desde diciembre varias radiodifusoras por parte de los estudiantes, así como también en la Escuela Normal hay camiones secuestrados, víveres y pertrechos.
Aguirre está rebasado y en el centro no hay suficiente atención a lo que, en año electoral, como sucedió en Oaxaca con el magisterio y la APPO, pueda convertirse en un nuevo foco de violencia política y social, en condiciones muy diferentes a las de 2006, por las características del estado y por las condiciones actuales de la guerra contra el narcotráfico que hacen más volátil el escenario.
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