Carlos Ramírez / Indicador Político
El silencio del PRI ante la demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo por los crímenes de Acteal en diciembre de 1997 no exime al partido de su corresponsabilidad institucional en la represión. Al final, el juicio que se pretende realizar no es contra Zedillo sino contra el PRI.
La matanza de Acteal tuvo el escenario del alzamiento zapatista en contra del gobierno de Carlos Salinas, al que el EZLN caracterizó de ilegítimo y producto de un fraude electoral; inclusive, la renuncia de Salinas estuvo en la agenda de negociaciones de los zapatistas con el gobierno pero Manuel Camacho logró salvar a Salinas y excluir la exigencia de renuncia de los acuerdos de paz.
El contexto político de la matanza de Acteal alcanzó al PRI y a su precandidato único a la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto, porque el operador peñista en la Cámara de Diputados es Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación en diciembre de 1997 y sacrificado por Zedillo por la matanza de Acteal. Por tanto, el juicio contra Zedillo se va a convertir en un recordatorio del ejercicio del poder del PRI.
De hecho, de nueva cuenta el 1994 mexicano se reactiva con la exigencia de juicio contra Zedillo porque recuerda los expedientes abiertos: El asesinato de Colosio ahora que el sonorense es enarbolado por Peña Nieto, el alzamiento zapatista contra el absolutismo del PRI, el papel de Salinas en ese año y hoy como principal asesor político de Peña Nieto, la devaluación heredada por Salinas a Zedillo, el papel pasivo de Chuayffet como secretario de Gobernación en la crisis de Chiapas que condujo a la matanza de Acteal y la participación en 1996 de Pedro Joaquín Coldwell, actual presidente nacional del PRI, como jefe de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas.
La revisión de la crisis en Acteal debería llevar también a una revaluación del alzamiento zapatista en 1994, el colapso político de ese año y la estrategia de Salinas para sacar de la negociación de la paz la solicitud zapatista de renuncia presidencial. Acteal no puede entenderse sin el fracaso de la negociación de la paz realizada por Manuel Camacho y Marcelo Ebrard como asesor salinista en el tema de Chiapas.
Más que posicionamientos personales, la crisis en Chiapas fue del PRI, la existencia de grupos armados priístas se hizo con el aval del PRI y el afianzamiento del PRI en el gobierno estatal fue al final de cuentas el punto central de la disputa entre organizaciones indígenas enfrentadas. Si bien la matanza fue por el enfrentamiento entre dos grupos indígenas, los gobiernos de Salinas y de Zedillo avalaron la fragmentación de las organizaciones sociales para mantener el control del PRI.
La existencia de grupos armados priístas fue una salida avalada por el PRI para contener las posiciones territoriales del EZLN y para focalizar el conflicto no en las demandas del EZLN sino en enfrentamientos étnicos. Al replegar al Ejército y a las fuerzas oficiales de seguridad, los gobiernos de Salinas y Zedillo utilizaron a organizaciones priístas indígenas y les permitieron armarse.
La clave de la crisis de violencia en Chiapas después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y su aplicación incompleta se localiza en la existencia de grupos armados vinculados al PRI, mal llamados grupos paramilitares porque en realidad no cumplían ninguna función militar, sino que eran organizaciones armadas para la confrontación con los zapatistas. Cuando menos hubo, entre otros, tres grupos dominantes: Los Chinchulines, Máscara Roja y Paz y Justicia, todos ellos operando bajo la complacencia de los gobiernos priístas estatal y federal.
El contexto de la matanza de Acteal tuvo elementos mucho más complejos que sólo los problemas intercomunitarios e interreligiosos:
--El diseño de la estrategia para Chiapas por Adolfo Orive Alba, asesor salinista y luego, en 1997, asesor del secretario de Gobernación; hoy Orive es diputado local del PT pero en 1997 combatió al EZLN.
--La creación de un clima de violencia para propiciar la salida de Chiapas del Obispo Samuel Ruiz por su influencia en el EZLN.
--Maniobra de aceleración de contradicciones para la recuperación de los municipios autónomos zapatistas.
--Consolidación de una estructura de poder violenta al servicio del PRI con las guardias blancas, los grupos armados y los finqueros.
--Endurecimiento político del gobierno en su flanco chiapaneco después de la pérdida de la mayoría absoluta en el congreso federal y el control mayoritario por el Grupo de los Cuatro partidos de oposición; operada por Chuayffet, Zedillo avaló una maniobra para impedir la instalación del congreso por la mayoría opositora.
--Maniobras gubernamentales de Zedillo para revertir la parte de los Acuerdos de San Andrés que planteaban la existencia de naciones indígenas autónomas, con el argumento de la balcanización de la república.
--Creación de maniobras de radicalización del conflicto para obligar al subcomandante Marcos a salir al despoblado e intentar su aprehensión como en 1995.
Pero en el fondo, Acteal quedó localizado en el contexto de la defensa del territorio priísta por el surgimiento del EZLN y la guerrilla zapatista y la alianza de las estructuras priístas con los sectores conservadores y armados de finqueros que tenía el control territorial y político de la zona hasta la aparición de los zapatistas. De ahí que la demanda contra Zedillo por crímenes de lesa humanidad vaya a alcanzar al priísmo actual que se prepara para recuperar la presidencia de la república y se convierta en una ayuda de memoria de una de las muchas razones por las que el PRI perdió la presidencia de la república en el 2000.
El silencio del PRI ante la demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo por los crímenes de Acteal en diciembre de 1997 no exime al partido de su corresponsabilidad institucional en la represión. Al final, el juicio que se pretende realizar no es contra Zedillo sino contra el PRI.
La matanza de Acteal tuvo el escenario del alzamiento zapatista en contra del gobierno de Carlos Salinas, al que el EZLN caracterizó de ilegítimo y producto de un fraude electoral; inclusive, la renuncia de Salinas estuvo en la agenda de negociaciones de los zapatistas con el gobierno pero Manuel Camacho logró salvar a Salinas y excluir la exigencia de renuncia de los acuerdos de paz.
El contexto político de la matanza de Acteal alcanzó al PRI y a su precandidato único a la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto, porque el operador peñista en la Cámara de Diputados es Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación en diciembre de 1997 y sacrificado por Zedillo por la matanza de Acteal. Por tanto, el juicio contra Zedillo se va a convertir en un recordatorio del ejercicio del poder del PRI.
De hecho, de nueva cuenta el 1994 mexicano se reactiva con la exigencia de juicio contra Zedillo porque recuerda los expedientes abiertos: El asesinato de Colosio ahora que el sonorense es enarbolado por Peña Nieto, el alzamiento zapatista contra el absolutismo del PRI, el papel de Salinas en ese año y hoy como principal asesor político de Peña Nieto, la devaluación heredada por Salinas a Zedillo, el papel pasivo de Chuayffet como secretario de Gobernación en la crisis de Chiapas que condujo a la matanza de Acteal y la participación en 1996 de Pedro Joaquín Coldwell, actual presidente nacional del PRI, como jefe de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas.
La revisión de la crisis en Acteal debería llevar también a una revaluación del alzamiento zapatista en 1994, el colapso político de ese año y la estrategia de Salinas para sacar de la negociación de la paz la solicitud zapatista de renuncia presidencial. Acteal no puede entenderse sin el fracaso de la negociación de la paz realizada por Manuel Camacho y Marcelo Ebrard como asesor salinista en el tema de Chiapas.
Más que posicionamientos personales, la crisis en Chiapas fue del PRI, la existencia de grupos armados priístas se hizo con el aval del PRI y el afianzamiento del PRI en el gobierno estatal fue al final de cuentas el punto central de la disputa entre organizaciones indígenas enfrentadas. Si bien la matanza fue por el enfrentamiento entre dos grupos indígenas, los gobiernos de Salinas y de Zedillo avalaron la fragmentación de las organizaciones sociales para mantener el control del PRI.
La existencia de grupos armados priístas fue una salida avalada por el PRI para contener las posiciones territoriales del EZLN y para focalizar el conflicto no en las demandas del EZLN sino en enfrentamientos étnicos. Al replegar al Ejército y a las fuerzas oficiales de seguridad, los gobiernos de Salinas y Zedillo utilizaron a organizaciones priístas indígenas y les permitieron armarse.
La clave de la crisis de violencia en Chiapas después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y su aplicación incompleta se localiza en la existencia de grupos armados vinculados al PRI, mal llamados grupos paramilitares porque en realidad no cumplían ninguna función militar, sino que eran organizaciones armadas para la confrontación con los zapatistas. Cuando menos hubo, entre otros, tres grupos dominantes: Los Chinchulines, Máscara Roja y Paz y Justicia, todos ellos operando bajo la complacencia de los gobiernos priístas estatal y federal.
El contexto de la matanza de Acteal tuvo elementos mucho más complejos que sólo los problemas intercomunitarios e interreligiosos:
--El diseño de la estrategia para Chiapas por Adolfo Orive Alba, asesor salinista y luego, en 1997, asesor del secretario de Gobernación; hoy Orive es diputado local del PT pero en 1997 combatió al EZLN.
--La creación de un clima de violencia para propiciar la salida de Chiapas del Obispo Samuel Ruiz por su influencia en el EZLN.
--Maniobra de aceleración de contradicciones para la recuperación de los municipios autónomos zapatistas.
--Consolidación de una estructura de poder violenta al servicio del PRI con las guardias blancas, los grupos armados y los finqueros.
--Endurecimiento político del gobierno en su flanco chiapaneco después de la pérdida de la mayoría absoluta en el congreso federal y el control mayoritario por el Grupo de los Cuatro partidos de oposición; operada por Chuayffet, Zedillo avaló una maniobra para impedir la instalación del congreso por la mayoría opositora.
--Maniobras gubernamentales de Zedillo para revertir la parte de los Acuerdos de San Andrés que planteaban la existencia de naciones indígenas autónomas, con el argumento de la balcanización de la república.
--Creación de maniobras de radicalización del conflicto para obligar al subcomandante Marcos a salir al despoblado e intentar su aprehensión como en 1995.
Pero en el fondo, Acteal quedó localizado en el contexto de la defensa del territorio priísta por el surgimiento del EZLN y la guerrilla zapatista y la alianza de las estructuras priístas con los sectores conservadores y armados de finqueros que tenía el control territorial y político de la zona hasta la aparición de los zapatistas. De ahí que la demanda contra Zedillo por crímenes de lesa humanidad vaya a alcanzar al priísmo actual que se prepara para recuperar la presidencia de la república y se convierta en una ayuda de memoria de una de las muchas razones por las que el PRI perdió la presidencia de la república en el 2000.
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