Raymundo Riva Palacio
Si un grupo cualquiera bloquea una carretera federal, roba combustible en una gasolinera que se encuentra a la orilla del camino para preparar cocteles Molotov, que por torpeza de uno de quienes los preparan provoca un incendio que amenaza con extenderse por la instalación y explotar, ¿tiene la policía el derecho de intervenir para abrir el paso en la carretera, controlar a los rijosos y apagar el fuego? Nadie con un mínimo criterio de lo que es el orden y la seguridad colectiva, podría regatear ese derecho a la autoridad.
Ahora, ante quienes bloquearon la carretera –tipificado como delito federal-, robaron el combustible –delito del fuero común-, prepararon explosivos –delito del fuero común- y prendieron involuntariamente fuego en la gasolinera –delito del fuero común-, ¿tiene la policía derecho a despejar la carretera a balazos, y matar incluso por la espalda a quien no representa una amenaza directa? Nadie, con un mínimo de criterio de lo que es el orden y la seguridad colectiva, puede otorgarle ese derecho a cualquier autoridad.
Los momentos reflejan los dos tiempos que llevaron a una tragedia social y política en Chilpancingo esta semana, donde el vandalismo de quienes llevaron a la autoridad al extremo para que aceptaran sus demandas –más allá de lo justas y legítimas que puedan ser-, confiados, a decir por las declaraciones que dieron tras el episodio del lunes, de que su acción no provocaría ese tipo de reacción, se toparon con el uso de la fuerza que rebasó lo legítimo y se impregnó de ilegitimidad.
La acción de la policía de Guerrero fue brutal, con un método que sólo puede compararse con la forma de reaccionar de las dictaduras o los estados policiales.
¿Tienen la culpa los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa de que les hayan matado al menos a dos compañeros? ¿Fue proporcional el costo a sus acciones? De ninguna manera. Delinquieron y debieron de haber sido detenidos y procesados para que enfrentaran a la ley por los delitos cometidos. Pero más que presos, hay muertos.
Tampoco se resolvió el problema de fondo, pero se exacerbó la conflictiva social y se polarizó la política. Los policías que dispararon a matar son culpables de sus actos, pero no menos son responsables sus jefes policiales y, en la línea de mando superior, hasta el gobernador Ángel Heladio Aguirre.
Aguirre no disparó ningún tiro, pero la falta de control sobre sus jefes de procuración y administración de justicia, y la falta o laxitud de los protocolos para situaciones de esta envergadura, lo colocan en la tesitura donde se le puede enjuiciar políticamente para que sea destituido. A diferencia de otros gobernantes cuya policía usó fuerza en exceso –que pagaron sus jefes-, en este hay muertos por la negligencia del gobernador y de su equipo que no contuvieron el problema político que les fue creciendo durante seis meses, y que no actuaron con el temple y decisión que exigía el momento. Lo hicieron cobardemente y tienen que pagar las consecuencias.
Estos son los momentos de crisis en donde los gobernantes demuestran de qué están hechos. Aguirre nos lo acaba de mostrar: es un incompetente por omisión y comisión, y un represor en los hechos. Los guerrerenses, que históricamente viven sentados en un polvorín, no merecen un líder de esta naturaleza. Los mexicanos en el resto del país, de trogloditas estamos cansados.
Si un grupo cualquiera bloquea una carretera federal, roba combustible en una gasolinera que se encuentra a la orilla del camino para preparar cocteles Molotov, que por torpeza de uno de quienes los preparan provoca un incendio que amenaza con extenderse por la instalación y explotar, ¿tiene la policía el derecho de intervenir para abrir el paso en la carretera, controlar a los rijosos y apagar el fuego? Nadie con un mínimo criterio de lo que es el orden y la seguridad colectiva, podría regatear ese derecho a la autoridad.
Ahora, ante quienes bloquearon la carretera –tipificado como delito federal-, robaron el combustible –delito del fuero común-, prepararon explosivos –delito del fuero común- y prendieron involuntariamente fuego en la gasolinera –delito del fuero común-, ¿tiene la policía derecho a despejar la carretera a balazos, y matar incluso por la espalda a quien no representa una amenaza directa? Nadie, con un mínimo de criterio de lo que es el orden y la seguridad colectiva, puede otorgarle ese derecho a cualquier autoridad.
Los momentos reflejan los dos tiempos que llevaron a una tragedia social y política en Chilpancingo esta semana, donde el vandalismo de quienes llevaron a la autoridad al extremo para que aceptaran sus demandas –más allá de lo justas y legítimas que puedan ser-, confiados, a decir por las declaraciones que dieron tras el episodio del lunes, de que su acción no provocaría ese tipo de reacción, se toparon con el uso de la fuerza que rebasó lo legítimo y se impregnó de ilegitimidad.
La acción de la policía de Guerrero fue brutal, con un método que sólo puede compararse con la forma de reaccionar de las dictaduras o los estados policiales.
¿Tienen la culpa los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa de que les hayan matado al menos a dos compañeros? ¿Fue proporcional el costo a sus acciones? De ninguna manera. Delinquieron y debieron de haber sido detenidos y procesados para que enfrentaran a la ley por los delitos cometidos. Pero más que presos, hay muertos.
Tampoco se resolvió el problema de fondo, pero se exacerbó la conflictiva social y se polarizó la política. Los policías que dispararon a matar son culpables de sus actos, pero no menos son responsables sus jefes policiales y, en la línea de mando superior, hasta el gobernador Ángel Heladio Aguirre.
Aguirre no disparó ningún tiro, pero la falta de control sobre sus jefes de procuración y administración de justicia, y la falta o laxitud de los protocolos para situaciones de esta envergadura, lo colocan en la tesitura donde se le puede enjuiciar políticamente para que sea destituido. A diferencia de otros gobernantes cuya policía usó fuerza en exceso –que pagaron sus jefes-, en este hay muertos por la negligencia del gobernador y de su equipo que no contuvieron el problema político que les fue creciendo durante seis meses, y que no actuaron con el temple y decisión que exigía el momento. Lo hicieron cobardemente y tienen que pagar las consecuencias.
Estos son los momentos de crisis en donde los gobernantes demuestran de qué están hechos. Aguirre nos lo acaba de mostrar: es un incompetente por omisión y comisión, y un represor en los hechos. Los guerrerenses, que históricamente viven sentados en un polvorín, no merecen un líder de esta naturaleza. Los mexicanos en el resto del país, de trogloditas estamos cansados.
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